La mejor guerra es la que no se libra: legalicemos las drogas

 

La torpeza se caracteriza por repetir siempre los errores. En la guerra contra las drogas se demuestra con creces este aserto.

 

Guerra contra las drogas. Imagen tomada de https://bit.ly/3buBAsI

 

La torpeza se caracteriza por repetir siempre los errores. En la guerra contra las drogas se demuestra con creces este aserto. Una guerra perdida y costosa en vidas y en recursos. Una guerra que solo favorece intereses muy bien identificados: la industria armamentista mundial; la industria de derivados químicos mundial; la corrupción de los políticos y las FFAA en los países productores de drogas y compradores de armas, y unos pocos oligopolios de narcotraficantes y algunos ejércitos defensores de estos.

 

Con la lucha frontal contra el uso de las drogas, los costos operativos en armas, policías, cárceles, muertes por las drogas y por las guerras entre traficantes y daños al medio ambiente son superiores a unos beneficios que no aparecen porque ningún adicción o enfermedad puede atacarse con represión. Una política de salud pública contra el consumo de drogas eliminaría los mayores costos de dicha guerra, tendría beneficios en la salud de los enfermos, podría atacar la violencia producida por el narcotráfico y atacaría la corrupción en la justicia y en la política.

 

El mundo conoce a profundidad que la legalización del uso de las drogas, como en el caso del alcohol, elimina la violencia y la corrupción asociadas a la prohibición. Solo los intereses económicos y la torpeza o complicidad de las autoridades y los políticos beneficiados, impide la política de liberación y tratamiento por el sistema de salud pública. Salud, porque las adicciones deben considerarse como lo que son: enfermedades. Los impuestos recaudados por la liberación del consumo pueden financiar los costos de los tratamientos médicos.

 

La represión contra las adicciones privadas, esto es, que no afectan a terceros, solo conduce a mercados negros, corrupción y violencia. Los conservadores con esa concepción de la moral como pureza se niegan a comprender los costos de la persecución a las dosis personales de las drogas. Y de ahí parte el gran problema de los conservadores y los autoritarios: que quieren controlar la vida de los ciudadanos. Todos aquellos que, como el partido de gobierno o los gobiernos estadounidenses, creen en el endurecimiento del castigo legal como mecanismo para reducir el delito, carecen del conocimiento de las investigaciones que demuestran que lo importante son tres cosas: que la ley sí sea disuasiva; que sea pronta, y que la impunidad sea mínima.

 

Muestra de la derrota

 

Como constatan los informes sucesivos de Naciones Unidas, cuya última versión fue publicada en junio del 2020, el consumo de drogas mantiene un crecimiento sostenido. Los datos proporcionados por otros organismos oficiales internacionales también están de acuerdo en que la producción de marihuana legal e ilegal ha aumentado notablemente. Esto mismo ha ocurrido con la producción de hoja de coca y cocaína.

 

La represión que se ha mantenido en los últimos años, entonces, es inoperante. Esto ocurre porque a mayor represión, mayor riesgo en la producción y la distribución y, por ende, mayores réditos y mayor producción (con la violencia que acarrea esto). No obstante, en Colombia se ha dado y se quiere mantener una guerra a rajatabla, impuesta por Estados Unidos. Absurdo. Igualmente, los países productores y los de tránsito, que ya se ven afectados por la guerra contra las drogas, son también consumidores, como lo demuestran los casos de Afganistán, Tailandia, Pakistán, Vietnam y Colombia, México y numerosos países africanos. El daño es doble.

 

Solución

 

El problema de la coca en Colombia no se arregla con represión. Si no se soluciona la forma de vida de los campesinos que cultivan la hoja de coca, no se gana ninguna guerra. Los que pregonan la fumigación, incluido al partido de gobierno, no solo no han entendido o no han querido entender el problema, sino que no lo quieren solucionar. Si no se ataca la producción de hoja de coca y marihuana por medio de la liberación del consumo y control de la producción por parte del Estado, poner fin a este sinsentido solo es posible con una reforma agraria integral que haga que la producción de productos de origen campesino les produzca cuanto menos una supervivencia digna, sin tener, entonces, que recurrir a la siembra de coca.

 

La sustitución de cultivos por parte de los campesinos se tiene que tratar con cooperativas, eliminación de intermediarios, inversión en vías, buenos canales de comercialización, estrategias exitosas de exportación, crédito adecuado, estrategias tecnológicas. Atacar la producción de la hoja de coca, el consumo de cocaína y la producción y consumo de marihuana de esta forma, sería fundamental para acabar la guerra contra las drogas y, a la vez, apretar a los actores armados que siguen haciendo un invaluable daño al país.

 

El problema de la producción de hoja coca y marihuana radica en la falta de visión política, en la carencia de soberanía nacional ante los Estados Unidos y en la doble moral de los políticos y las visiones retardatarias que tienen del mundo. Estos dos productos son susceptibles de agroindustrializar como se ha visto con la marihuana en California y Canadá. Este estado y este país obtienen grandes beneficios con la industrialización del cannabis. Por su parte, sucede lo mismo con la industrialización de la hoja de coca en Bolivia y con la marihuana para uso medicinal y el uso de la hoja de coca para los restaurantes gourmet y algunos comestibles y bebibles en el departamento del Cauca en Colombia.  Lo que nos falta es visión con miras amplias.

Autor entrada: Ramiro Restrepo

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