La pandemia y la excesiva regulación: las causas de esta crisis

 

Por lo pronto, vemos que el Estado solo está agudizando la crisis de desempleo que produjo la pandemia. Si buscamos cambiar esto, las deficiencias de los servicios que este presta deben pasar a revisión.

 

Desempleo. Imagen tomada de https://bit.ly/31Klvuy

 

La pandemia que estamos afrontando ha conducido a los países a una súbita crisis económica, cuyo principal síntoma es el aumento considerable del desempleo. Este es el caso de Colombia donde a junio de este año, el porcentaje de personas desempleadas subió a 19,8 %, lo que significó 10,4 puntos porcentuales más frente al mismo mes del año inmediatamente anterior, según cifras del DANE[1].

 

La pérdida de empleo ha ocurrido por las sucesivas cuarentenas decretadas por el gobierno nacional. Esta decisión requiere que sea discutida, ya que los contagios por COVID-19 no afectaron a todas las regiones al mismo tiempo. En cambio, sí se afectó a las pymes y el comercio (y el sector de las profesiones liberales). Para ver esto, basta echar un vistazo a la ampliación del plazo para la renovación de la matrícula mercantil. Las cifras que muestra Confecámaras ratifican que el 90% de las empresas en nuestro país son microempresas[2], las cuales asumen enormes riesgos y costos al momento de contratar personal.

 

Dicho esto —las consecuencias que ha tenido la pandemia—, planteemos el problema del que proviene esto. El mercado laboral en Colombia está regulado por leyes que son excesivas para los empresarios e inútiles para los trabajadores. Algunas razones son los altos costos de una condena en la jurisdicción laboral o que los juzgados laborales, como en casi todas las jurisdicciones, viven congestionados. Lo anterior ha hecho que el Consejo Superior de la Judicatura traslade de un municipio a otro los juzgados de descongestión para suavizar, pero no solucionar, esta situación.

 

Una muestra de esto es el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece un día de salario como penalidad por cada día de salario atrasado. Esto en la práctica significa que sin importar que el empleador cuente o no con el trabajador debe pagar cada día de retraso mientras no cancele los salarios adeudados, como si el trabajador aún siguiera vinculado a la empresa.

 

Podríamos pensar que esto es justo. Pero, en medio de esta crisis, el trabajador no cuenta con una herramienta efectiva al momento de reclamar el pago de su salario, pues el aparato estatal no permite que ese cobro se haga efectivo en el menor tiempo posible. Encontramos que antes tendría que haber pasado por un proceso laboral ante un juez, lo que ya significa demoras dado que el empleador debe hacer fila y esperar que el despacho judicial resuelva otra cantidad de procesos similares que ha aumentado, acumulando aún más el trabajo en los juzgados.

 

Otra alternativa con que cuentan los trabajadores son las inspecciones de trabajo. En estas los ciudadanos se pueden dirigir para tratar de conciliar los conflictos ante el Ministerio del Trabajo, pero dichas inspecciones carecen de competencia para resolver controversias y declarar derechos.

 

Por otra parte, lo que el país ha presenciado en esta pandemia y crisis económica, es que los funcionarios estatales han sido los últimos en reanudar sus labores presenciales. La mayoría de ciudadanos, por el contrario, han tenido que salir a convivir con el virus, a riesgo de perder sus trabajos o tener que cerrar sus negocios —¿No nos demuestra esto que las leyes y los decretos se hacen para que los políticos y funcionarios defiendan sus derechos, pero no los de los ciudadanos?

 

Así, se evidencia lo que se ha venido diciendo: los empleadores han tenido que despedir trabajadores, a pesar del riesgo de una condena; los trabajadores no han tenido las herramientas suficientes para reclamar el pago de sus salarios atrasados; la Rama Judicial estuvo sin funcionar cerca de dos meses, y las inspecciones de trabajo continúan sin brindar servicio presencial. Todo esto significa que un proceso laboral no protege al trabajador ni ante el despido ni en su condición de cesante —en medio de una crisis que se extiende una y otra vez debido a la decisión del gobierno nacional y con la incertidumbre de no saber cuándo termina, ¿quién contrataría nuevos trabajadores?

 

Estos eran algunos casos. Sin embargo, faltan otros. Colombia debe darse la oportunidad de poner sobre la agenda política la discusión sobre el salario mínimo, el trabajo por horas, y algunas reformas al Código Sustantivo del Trabajo y de Procedimiento Laboral. El propósito sería que estas nos llevaran a unas relaciones laborales donde el empleador no arriesgue tanto a la hora de contratar, pero que también se vea obligado de manera expedita mediante la ejecución del contrato a cancelar los salarios atrasados sin dilaciones prolongadas y excesivas.

 

El Estado debe facilitar las formas de solucionar los conflictos laborales entre las personas, porque el contrato de trabajo debe ajustarse a las necesidades de cada empleador y trabajador. Por lo pronto, vemos que el Estado solo está agudizando la crisis de desempleo que produjo la pandemia. Si buscamos cambiar esto, las deficiencias de los servicios que este presta deben pasar a revisión.

Referencias

 

[1] Ver dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo.

[2] Ver http://www.confecamaras.org.co/noticias/756-1-802-906-renovaciones-se-registraron-al-cierre-de-la-temporada-de-actualizacion-de-los-registros-en-las-camaras-de-comercio

Autor entrada: Juan Herrera

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Juan Herrera, quien vive en Tuluá, es abogado de la Universidad Central del Valle del Cauca (Uceva).