El ser colombiano

Con un cambio en la moral y, por ende, en los incentivos, podremos erradicar la corrupción que aqueja a nuestro país.

 

Corrupción. Imagen tomada de https://bit.ly/3gJtqhE

 

Derivamos nuestro sentido de ser de la herencia de lo hispánico: obedecer, pero no cumplir. Nos volvimos una sociedad irrespetuosa de lo social.

No nos importa saber, sino creer. Somos una sociedad producto del catolicismo hispánico: moralistas hipócritas.

El catolicismo franquista nos condujo al periodo de La Violencia, a saber, el enfrentamiento entre liberales y conservadores.

No necesitamos dictaduras militares para acabar con los que disintieron del Frente Nacional. Por el contrario, creamos autodefensas para hacer la limpieza que en Latinoamérica hicieron los militares.

Los corruptos, los capos y los grandes timadores adquieren el estatus de héroes.

No se cree en la ciencia, sino en la lectura del chocolate, en las cenizas del cigarrillo, en las lecturas de naipes y tarots, en espiritistas, en yerbateros, en rezanderos, en los dietistas, en los homeópatas.

La corrupción tiene profundas raíces sociales que están incorporadas de una forma bien estructurada en el imaginario colectivo: la inexistencia de una ética sobre el respeto del bien común, del manejo de los recursos públicos, que hace que el ejercicio clientelista de la política sea una forma corrupta y despreciable de acceso a la riqueza.

La mayoría de la población colombiana está centrada en un nivel egocéntrico de la moral.  Empecemos por considerar  el origen de nuestra estructura social. Esta proviene de la conquista española, la cual entronizaba una jerarquía fundamentada en la procedencia de sangre española. La Independencia, auspiciada por los criollos blancos, no puso fin a las prácticas sociales de exclusión o discriminación por razones de sangre.  Esto dio lugar a la persistencia de sistemas de relaciones de dependencia personal, lo que, por la separación social, ha impedido el desarrollo de una moral colectiva genuina. Las relaciones de solidaridad, si se han mantenido, se han ejercido dentro de redes familiares y de clientelas.

Dicha jerarquía implica un sentido de privilegio o de no estar sometido a reglas o límites. Por eso se han acuñado  refranes como “las leyes son para los de ruana”, “el vivo vive del bobo”, “usted no sabe quién soy yo”. “Bobo” es quien respeta las normas y, como es de esperar a partir de esta distorsión de lo que es justo, aplaudido es quien hace las trampas.

La conformación física del país (compuesta por regiones separadas, heterogéneas y con precarias vías de comunicación entre sus partes) también ha dado lugar a una nación fragmentada, una nación de regiones, con una baja articulación entre sí.

Ligado a esto aparece la ausencia del Estado, que, ante sus debilidades, no garantiza el imperio de la ley y la responsabilidad política de los elegidos (especialmente, en la periferia). Tal como lo han mostrado, entre otros, los trabajos de Fernán González Alejandro Reyes y Francisco Gutiérrez, lo que ha existido históricamente es un acuerdo entre las élites nacionales, regionales y locales: las primeras conceden a las segundas un amplio grado de autonomía a cambio de su respaldo.

Enhorabuena, los grandes cambios sociales del último siglo han incidido sobre los patrones de la moralidad y, en algunos contextos o sentidos, han ayudado a crear nuevas solidaridades unificadoras o integradoras. Por ejemplo, la concentración demográfica en centros urbanos, la industrialización, el cambio tecnológico, la generalización de la educación y el desarrollo de los medios de comunicación (hasta llegar al internet). A esto se suman la expansión demográfica y una población de mayoría joven.

Ahora bien, con el aumento cuantitativo y cualitativo de la educación aparece una opinión pública crecientemente crítica, cuya presencia e impacto se muestra en la cada vez mayor censura popular, no solamente a la corrupción y criminalidad, sino al irrespeto de los derechos fundamentales, tanto humanos como animales.

No obstante, por desgracia, la mayoría de colombianos se basa todavía en relaciones de dependencia personal, en condiciones no muy alejadas de la subsistencia y con solidaridades ancladas primariamente en redes familiares extendidas, lo cual inhibe el desarrollo de una moral universal. Para contrarrestar esto, solamente el crecimiento de una clase media próspera, segura e independiente puede llevar a fortalecer la capacidad moral.

A la violencia política y al largo conflicto armado hay que añadirle las profundas raíces conservadoras. A causa de esto, las élites colombianas han demostrado una gran habilidad de negociación entre ellas mismas para mantenerse en el poder, que llega a su punto crítico en la creación del Frente Nacional, una alianza entre los dos partidos hegemónicos de la época.

Fue gracias a este pacto que los partidos Liberal y Conservador se alternaron en el poder entre 1958 y 1974 y dieron inicio a una etapa bipartidista que no se rompería hasta el siglo siguiente. Entre ambos construyeron el anclaje de la corrupción, que permanece hasta nuestros días.

Todo esto nos ha llevado a tener un país con alta concentración de la riqueza y poder que se usa para frustrar cualquier proyecto  reformista serio. El país se ha fragmentado en dos: una Colombia  patriarcal, machista, conservadora, con valores cristianos y que no quiere cambiar su zona de confort  y otra revolucionaria de los derechos: sexuales, económicos, ecológicos,  laborales, a la educación, a la salud, de respeto a las minorías, etc.

A pesar de esta Colombia que quiere iniciar un camino diferente, permanecemos con miedo al triunfo. Nos gusta infringir los códigos de conducta y, por lo mismo, cuando se hace esto lo consideramos actos de ingenio paisa o malicia indígena dignos de ser propagados. Pero esto solo nos lleva a una sociedad construida sobre el fraude, el atajo a la ley y la viveza que confía poco en sí misma, en su devenir, en sus posibilidades, y construye su evolución, no en el desarrollo de unos procesos correctos, sino en los golpes de astucia, de suerte o de fuerza.

Cuando se presentan reacciones ante el ingenio paisa se mueven casi todas hacia el “qué pensarán de nosotros”, “qué vergüenza como nos ve el mundo” y del “no todos somos así”. Una sociedad que se preocupa tanto por el qué dirán siempre dejará en manos ajenas la construcción de su propia identidad, de sus valoraciones y prioridades de paz.

Lo que nos debería preocupar es cómo nos vemos a nosotros introspectivamente, cómo hacemos visibles el dolor, el hambre, la violencia, las víctimas, que lastimosamente solo lo son si tienen la posibilidad de ser instrumentalizadas por los políticos.

Por otra parte, encontramos que  el clientelismo y la corrupción se han apropiado de los bienes públicos. El Estado ha sido capturado y está atado de pies y manos para erradicar la miseria y la pobreza e impulsar un desarrollo económico y social.

El Estado, como ya dijimos, políticamente débil y sin presencia institucional en la mayoría del territorio nacional, no se contrarresta con buena voluntad de quienes sobreviven al caos generalizado o al deseo de enriquecimiento ilícito, que es estimulado por la falta de oportunidades para acceder a los beneficios del crecimiento de la economía.

Es el momento de comenzar, entonces, a promover normas obligatorias que induzcan una educación pública generalizada, tanto formal como informal. Tal vez, entre tantas opciones, sea un buen comienzo combatir las corruptelas que se han generalizado.

Expresiones como “Le doy en la cara marica”, “Es un buen muerto”, “No estaban recogiendo café”, “Falsos positivos”, “polémicos empresarios”, “Es inocente, porque no se ha robado un peso”, “dudosa reputación” son formas de enmascarar practicas condenables y, además, son pan de cada día en el debate público en Colombia.

El lenguaje es quizás una de las prácticas que mejor logran construir relaciones de poder en la sociedad. A través de él damos sentido a los objetos y a los sujetos, a las acciones y a las prácticas y quienes logran consolidar un relato dominante logran legitimar su visión de mundo y la forma como actúan en la interrelación social, en el ejercicio de la política y en relación con lo público. A partir de esto, a través de un cambio del lenguaje podríamos empezar a mejorar nuestras relaciones con los otros.

También parece ser un rasgo característico de nuestra identidad el hecho de normalizar prácticas que en otras sociedades son vistas como condenables e inaceptables. Hemos dado pasos importantes para desprendernos de algunas ideas que estaban muy arraigadas, pero todavía hay mucho por avanzar, como en cuanto a la inferioridad femenina, el trabajo infantil, la pereza como elemento condenatorio de la pobreza y muchas más. Sin embargo, hay dos escenarios donde ha sido imposible transformar prácticas que atadas al lenguaje y al discurso han sido imposible de desterrar, porque se han convertido en la retórica justificativa de las acciones de quienes han estado, están y seguramente seguirán estando en el poder en Colombia. Estos son la generación de violencia como forma de relación social y la narrativa del desprecio por los recursos públicos (“no son de nadie”, es la consigna). Así, la corrupción como un comportamiento, trasciende lo político, y se instala como una práctica generalizada.

Si buscamos desterrar la practicas violentas y corruptas de nuestro quehacer debemos dejar de enmascarar las acciones de los involucrados. Esto también requiere un giro discursivo de la institucionalidad política, jurídica y mediática. Un empresario que aprovecha su posición y su economía para obtener un contrato y desfalcar al estado no es un “polémico empresario”: es un corrupto. Un político que no gobierna para bien de los ciudadanos y toma decisiones para favorecer sus intereses particulares, no es un “perseguido político”: también es un corrupto. Los asesinatos sistemáticos de líderes sociales no son simples “líos de faldas” y los asesinatos de campesinos y otras gentes desheredadas no son simples “falsos positivos”.

Debemos ser conscientes de la importancia del lenguaje en la definición de los asuntos y debates públicos: ahí es donde la verdad se hace indispensable. Si, en aras de lograr la reconciliación, vamos hacia una justicia transicional, la verdad, la definición clara y sin rodeos de las prácticas, acciones y comportamientos que nos llevaron a vivir en medio de la guerra y a tolerar la corrupción como algo normal que debíamos mantener en sus justas proporciones, es necesaria.

Además de ser necesaria, no es casualidad. Por ejemplo, el protagonismo de un sicario como Popeye en una marcha anticorrupción presidida por políticos del Centro Democrático es como una escena de tragicomedia, pero nos muestra el último tentáculo de las élites  sempiternas (ampliadas con delincuentes de cuello oscuro) para seguir  reinando: apropiarse de lo público y enriquecerse con la guerra, el narcotráfico, el paramilitarismo y mantener el control sobre la tierra. Lo nuevo es la ampliación de la corrupción por la vía del narcotráfico que posibilita canales de ascenso a sectores de marginados y excluidos en un país que moderniza su economía, pero preserva relaciones sociales atrasadas.

Sostiene Eduardo Lindarte en Razón Pública que la raíz de la corrupción descansa en la jerarquía de castas y su exclusión racial y social que nos viene de la Colonia, como hemos sostenido. En vez de una moral colectiva, solidaria, imperan entre nosotros las relaciones de dependencia personal, con sus corolarios de elitismo y sentido de privilegio que les da a los estamentos superiores licencia para burlar la ley.

La corrupción no es sólo un problema de manzanas podridas. Se trata de la moral en que nos basamos y del sistema político clientelista que se construyen desde esto, en el que impera la compra de votos y los apoyos electorales por contratos. Los incentivos, en vez de castigar, premian los delitos, promueven a los oportunistas y hunden a inocentes y probos. La justicia misma se corrompe y es ineficiente. Los corruptos saben que aún si son descubiertas sus fechorías no serán castigados o pagan con ínfimas partidas sus descomunales desfalcos al erario. Hay grandes incentivos económicos y pocas talanqueras éticas para delinquir. Con un cambio en la moral y, por ende, en los incentivos, podremos erradicar la corrupción que aqueja a nuestro país.

Autor entrada: Ramiro Restrepo

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