El crecimiento económico contra la agricultura

 

 

El impulso del sector agrario a través del Estado no puede ser considerado como base del desarrollo de ningún país en la actualidad.

 

Imagen tomada de https://bit.ly/2Swn7D2

 

Recientemente participé en la primera sesión de la Escuela de Estudios Agrarios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, con la expectativa de escuchar una visión alternativa ante las repetidas afirmaciones sobre la importancia de la seguridad alimentaria, la necesidad de una reforma agraria, el potencial desaprovechado de la agricultura colombiana por solo cultivar en 5 de las 26 millones de hectáreas cultivables del país, entre otros slogans. Lastimosamente a pesar de que era en la Facultad de Ciencias Económicas, la charla no fue más que una repetición del mismo discurso: buenismo y sitios comunes. Por lo que decepcionado, en este artículo me voy a dedicar a intentar demostrar el desastre económico que sería “aprovechar” las 26 millones de hectáreas con potencial de siembra. De ser así el resto del discurso se caería por inercia.

 

La agricultura tiene un problema irresoluble (al menos hasta el momento): la Ley de Engel. Hablar de leyes en una ciencia social como la economía es algo pretencioso, pero en este caso existe un fuerte respaldo empírico. La Ley de Engel señala que la elasticidad ingreso de la demanda de los artículos de primera necesidad es menor que 1, es decir, inelástica. Esto significa que conforme aumenta el ingreso de la población, el aumento del consumo de alimentos por parte de esa población es proporcionalmente menor. Si una persona antes ganaba $1 millón y gastaba $200.000 en alimentos, en caso que pase a ganar $2 millones pasa a gastar menos de $400.000 en alimentación. El resultado es que conforme la población se enriquece, el sector de los alimentos y por lo tanto la agricultura se hacen relativamente menos importantes.

 

Las “malas” noticias empiezan para la agricultura si se considera que la renta per cápita mundial no ha parado de crecer y que la pobreza no ha dejado de descender en los últimos 200 años, intensificándose este proceso en lo que va del siglo XXI (a pesar del catastrofismo imperante). En Colombia, en 1973 la pobreza medida por NBI (necesidades básicas insatisfechas)  era del 70%, reduciéndose hasta el 28% para el 2005, periodo en el que el PIB per cápita se incrementó de 2.876 a 5.392 dólares, llegando a los 7.698 para el 2018. En el país, la productividad ha aumentado y la pobreza ha disminuido, sin que la desigualdad haya cambiado, manteniéndose el índice Gini por encima de 0.5

 

Si la renta ha aumentado y la pobreza ha disminuido, la importancia relativa de la agricultura tiene que descender por la Ley de Engel, como efectivamente ha sucedido. En 1970, en Colombia el 25% del PIB correspondía a la agricultura, pasando a representar tan solo el 6% para el 2018. En la Unión Europea, la agricultura actualmente tan solo produce el 1,44% del PIB, en EEUU el 0,9% y en Suiza el 0,7%. Países africanos muy pobres como Etiopia, Kenia, Sierra Leona, Niger y Sudán, tienen una participación del PIB en la agricultura por encima del 30%. La Tabla 1 construida con datos del Banco Mundial es una fuerte confirmación de la Ley de Engel. La época en el que la agricultura era importante es una reliquia del pasado, como cuando en el siglo XIX durante los periodos de cosechas en EEUU se generaba una fuerte tensión de liquidez en el sistema bancario de ese país y de Inglaterra

 

 

La Ley de Engel es hija de la inelasticidad precio de la demanda de los alimentos, lo que significa que conforme disminuye el precio de la comida su consumo aumenta, pero en menor proporción que la bajada de los precios. Si el precio de los tomates se reduce a la mitad, se consumirán más tomates pero menos que el doble. Los economistas saben que a medida que aumenta la oferta en una industria con inelasticidad precio de la demanda, los ingresos totales de esa industria decrecen, como se observa en la Figura 1. El aumento de la productividad por acumulación de capital es la fuente del aumento de la riqueza de las naciones, aunque en el sector agrícola esto tiene el efecto adverso de incrementar los rendimientos por área de los cultivos, presionando a la baja los ingresos de los agricultores. Una política pública dirigida a acrecentar de manera generalizada las hectáreas cultivadas y/o el output de los productos agrícolas, terminaría reduciendo la rentabilidad de los productores.

 

 

Se podría pensar que una solución al problema anterior es intentar aminorar los costos en mayor proporción a la caída de los precios. La capitalización del campo por medio del aumento de los sistemas de riego, la ampliación del uso de maquinaria, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información geográfica, entre otros, serían formas de reducir los costos por tonelada producida. El problema en este caso sería que el reemplazo del trabajo por capital generaría el abandono del campo, una consecuencia no deseada de cualquier política pública agraria. De hecho, esto ha sido lo que ha sucedido en Europa y EEUU.

 

En EEUU a partir del New Deal, el Estado no ha parado de intervenir en la agricultura, dando como resultado un éxodo masivo del campo. El problema económico de la agricultura es la caída de los precios, a lo que el Estado de Estados Unidos ha respondido con transferencias directas, subvenciones a la exportación, reducciones de impuestos, disminuciones artificiales de las tasas de interés del crédito agrícola, subsidios para adquisición de seguros de cosechas y aumentos continuos de gasto en investigación y extensión agrícola. El resultado es que los precios han caído con mayor intensidad porque el efecto directo e indirecto de todas estas políticas públicas ha sido el incremento de la producción y la productividad agrícola, generando el abandono del campo. Para 1900 la población rural en EEUU era de 29 millones que correspondía al 39% de los habitantes de ese país, reduciéndose para el año 2000 a tan solo 5 millones, el 1,5% de la población de ese entonces.    

 

Aunque sea increíble, para paliar este problema EEUU intentó incrementar los precios de los alimentos con controles a la producción, contingentes de comercialización, aranceles a la importación, restricciones al uso del suelo y “precios objetivos”. En EEUU existió el “Banco de Suelo”, un programa que le pagaba a los agricultores por dejar tierra cultivable sin producción, cuyo efecto indirecto fue el aumento del rendimiento por área de los cultivos. Por extraño que parezca, el hipertecnificado y solitario campo estadounidense es una muestra del fracaso de las políticas agrarias en ese país, al menos desde las motivaciones por las que estas fueron creadas. Las políticas sobre la agricultura de EEUU en el siglo XX podrían confundirse fácilmente con las de la URSS.  

 

En Europa con la Política Agraria Común, la historia es más o menos la misma que en EEUU. En los países desarrollados occidentales la regla ha sido el cheque en blanco firmado por el Estado para compensar la diferencia que paulatinamente se ha ido haciendo más grande entre rentas rurales y urbanas. No obstante, el gasto público en agricultura se hace cada vez menos relevante en el total de las cuentas públicas por la pérdida de importancia del campo, a pesar de que las transferencias por productor que han aumentado. El Departamento de Agricultura de EEUU gastó 136.714 millones de dólares en el 2018, lo que corresponde a poco más del 40% del PIB de Colombia, pero que únicamente es el 3,3% del gasto público y el 0,7% del PIB de Estados Unidos. El crecimiento económico que aplaca a la agricultura permite al mismo tiempo que el despilfarro público sobre este sector sea relativamente mínimo.  

 

En Colombia el conflicto armado y la falta de recursos han evitado la imitación de varios de los errores agrarios de Europa y EEUU. Los programas acá han sido mucho más austeros, como por ejemplo las “devaluaciones competitivas” que se hacían antes del 91 para beneficiar a los cafeteros, los típicos aranceles a la importación, los limitados subsidios al crédito agropecuario y los fondos deficitarios de estabilización de precios de productos agrícolas. Sin embargo, el resultado sigue siendo el mismo, la agricultura en Colombia se hace cada vez menos relevante y más dependiente de la protección estatal

 

La idea antieconómica de una reforma agraria que “aprovechara el potencial agrícola de Colombia” generaría un hueco fiscal que dependiendo de su magnitud podría ser sumamente peligroso para la tasa de inflación. Además, el resultado sería un aumento de la oferta de productos agrícolas que intensificaría la reducción paulatina de los ingresos del sector como consecuencia de la ya mencionada inelasticidad precio de la demanda de los alimentos, causando un éxodo masivo del campo por la disminución de la rentabilidad agrícola. La única forma de incrementar la población rural en el largo plazo es haciendo que los rendimientos de los cultivos decaigan y/o que la población en general se haga más pobre.    

 

Estas afirmaciones que parecen tan “neoliberales” también se deducen de la información que brinda Thomas Piketty en su libro El Capital en el Siglo XXI, en el que se muestra la transformación de la riqueza por sectores desde hace más de 3 siglos en Francia e Inglaterra (Figura 2). En el año 1700, en ambos países el valor de las tierras agrícolas (el área inferior más oscura) correspondía a casi dos terceras partes del capital total, derrumbándose hasta menos del 2% en la actualidad. La caída de la rentabilidad relativa de la agricultura frente a los demás sectores económicos es la responsable de este cambio en la composición de la riqueza. 

 

 

Por más antipático que se escuche, los datos y la teoría económica reflejan que debido al crecimiento y el aumento de la riqueza a nivel mundial, la agricultura en agregado se ha vuelto y se volverá menos importante con el pasar de los años. El impulso del sector agrario a través del Estado no puede ser considerado como base del desarrollo de ningún país en la actualidad.

Autor entrada: Sergio Orjuela

Sergio Orjuela es ingeniero agrónomo, estudiante de la maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.