¿Es el salario mínimo una distorsión del mercado?

En conclusión, es menester la eliminación del salario mínimo en Colombia. Adicional a su eliminación se proponen unas alternativas que permitan solventar su ausencia en aras de aumentar los salarios.

 

Imagen tomada de 360 Radio Colombia https://bit.ly/2QXqzG8

 

Salario mínimo como distorsión del mercado: aspectos generales en el caso de la informalidad y el desempleo en Colombia y sus complicaciones en el derecho laboral

 

El presente artículo tiene como objetivo esbozar las problemáticas en torno a la discusión del salario mínimo en Colombia. Gran parte de los estudios realizados, critican el uso del salario mínimo como distorsionante de las dinámicas de libre mercado y como factor del desempleo e incentivos de la informalidad en el país. Es por esta razón, que el artículo pretende hacer un recuento de las discusiones, para reflejar sus efectos negativos en el derecho laboral.

 

El salario mínimo y regulación

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al salario mínimo como “la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un período determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual.” [1]Además, la organización también resalta que la finalidad de este se encuentra en la protección al trabajador, frente a las posibles injusticias en relaciones laborales.

Tal y como ha establecido la Organización Internacional del Trabajo la existencia de una remuneración salarial mínima busca ayudar a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución de los frutos del progreso, el esfuerzo del trabajo y que se pague un salario mínimo vital a todos quienes tengan empleo y necesiten esta clase de protección.  Agregado a las garantías que busca ofrecer la institución del salario mínimo en Colombia, este puede servir para dirigir políticas destinadas a combatir la desigualdad, la pobreza y las disparidades existentes entre géneros.

Por otro lado, la Organización también recalca que los sistemas de salarios mínimos no deberían ser considerados o utilizados de forma aislada, sino que deberían diseñarse de tal forma que actúen como complemento y refuerzo de otras políticas sociales y de empleo[2]. De igual forma, el Convenio número 95 sobre la protección del salario de 1949 reza en su primer articulo que:

A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.

La Constitución política de Colombia consagra en su preámbulo los fines que debe perseguir el Estado. Dentro de estos fines y valores, se encuentra el fortalecimiento de la unidad de la Nación asegurando a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Dentro de este marco de ideas presentado por la Constitución, el trabajo y el salario juega un rol importante en la agenda política, económica y jurídica del país, que permite dilucidar por qué el salario mínimo y sus consecuencias en la vida diaria de los trabajadores cobra tanta importancia.

Igualmente, el articulo 53 de la Constitución consagra los principios fundamentales a los cuales está sometido cualquier estatuto que regule el trabajo en Colombia. Dentro de estos principios, se encuentran aquellos que buscan la Igualdad de oportunidades para los trabajadores; la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; la estabilidad en el empleo y, por último, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Además, este articulo consagra que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

En esta misma línea, se encuentra el Código Sustantivo del Trabajo. Dentro del código se encuentran normas que garantizan la protección al trabajo, las obligaciones y los deberes en cabeza tanto del empleador como del empleado. El articulo 1° de este estatuto establece su objetivo “La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”. Por otro lado, hay otros artículos en donde el código consagra sus máximas y principios, en donde se puede encontrar artículos como el 7° (consagrando la obligatoriedad del trabajo)[3]; el articulo 9° ( referente a la protección del trabajo)[4]; el artículo 10° ( referente a la igualdad de trabajadores y trabajadoras)[5]; el artículo 11° ( referente al derecho al trabajo)[6]; así como también se encuentran artículos como el 12° y el 13° ( referente a la libre asociación y a la huelga, así como los mínimos y garantías)[7].

Cada año en Colombia, se reabre el debate sobre el incremento del salario mínimo. En este debate álgido se reúnen 3 agentes encargados de discutir la problemática a fin de llegar a un acuerdo institucional que beneficie a las partes involucradas. Estas partes están compuestas por los líderes de sindicatos de trabajadores, representantes de los gremios de la producción y el gobierno. De hecho, estos “se sientan a negociar un incremento cuyos efectos en materia de empleo, pobreza y bienestar son una incógnita para todos ellos” (Arango, Herrera, & Posada, 2008, pág. 207). Además, todas las partes en juego realizan peticiones generosas para el aumento del salario mínimo sin calcular los costos y efectos sociales de las demandas pedidas.

Tal y como ha sido analizado “Es posible que para reducir la pobreza el mecanismo óptimo no sea, como plantean los representantes de los trabajadores, aumentar el salario mínimo al doble de lo que proponen los empresarios o el gobierno en cada apertura de las rondas de negociación anual” (Arango, Herrera, & Posada, 2008, pág. 208). Así, los autores plantean que “es posible que el salario mínimo no sea el mecanismo adecuado para aumentar el bienestar de la población; pero es posible que la solución tampoco sea recurrir a la eliminación del salario mínimo sino, más bien, buscar otras alternativas utilizadas en otros países” (Arango, Herrera, & Posada, 2008, pág. 208).

Una de las conclusiones a las cuales llega los autores (Arango, Herrera, & Posada, 2008) respecto a los efectos del salario mínimo en Colombia, es que los resultados han sido mixtos. Por lo tanto, es menester realizar estudios que permitan dar valores determinantes sobre los efectos del salario mínimo en Colombia respecto al “mayor nivel educativo alcanzado por la población, la irrupción de la mujer en el mercado laboral, los altos niveles de informalidad de la economía, la poca y lenta reacción de los salarios del mercado ante situaciones de desempleo” (Arango, Herrera, & Posada, 2008, pág. 208).

El presente artículo busca esbozar las consecuencias que tiene la existencia de un salario mínimo desde diferentes puntos de vista en el análisis económico. De esta forma, se puede analizar las consecuencias que esto trae en el cumplimiento de los principios y fines del derecho laboral en Colombia. Posterior a esto, se analiza las problemáticas que trae esto para las personas desempleadas y en la informalidad, para el acceso a los derechos traídos en el Código Sustantivo del Trabajo.

 

Los efectos de distorsión en el mercado de libre competencia

 

A lo largo de la literatura económica, hay cuatro modelos económicos que abordan los efectos del salario mínimo sobre el empleo: el modelo competitivo de oferta y demanda, el modelo de monopsonio, el de salarios de eficiencia, y el de búsqueda[8]. Para ejemplificar de forma didáctica las consecuencias del salario mínimo, se toman en cuenta el modelo de oferta y demanda en competencia perfecta.

El modelo de oferta y demanda muestra un mercado laboral en competencia perfecta donde la demanda y la oferta de trabajo se equilibran. El resultado en ese punto de equilibrio es un salario pagado por las empresas y percibido por los trabajadores, en el que la cantidad de personas que desean trabajar y la cantidad de plazas laborales ofrecidas son iguales. Al introducir el salario mínimo por encima del precio de mercado la cantidad de oferta de trabajo aumenta, mientras que las plazas de trabajo disminuyen, creando un exceso de oferta laboral[9]. La consecuencia de esta introducción del salario es el aumento del desempleo.

Se puede explicar como sigue: partiendo de que el producto marginal del trabajo sea decreciente (esto es, que por cada nuevo trabajador la cantidad producida sea inferior a la del trabajador anterior), cuando éste es igual al salario se define la demanda de trabajo. Asimismo, partiendo de que un aumento del salario aumenta la cantidad de trabajo ofrecida, la disyuntiva entre trabajo y ocio define la oferta de trabajo. Ya con esto, el impacto del salario mínimo sobre el empleo depende si se establece por debajo o por encima del precio de mercado (precio en el que se iguala la oferta y demanda). Si el salario mínimo se establece por debajo del precio de mercado hay mayor demanda que oferta de trabajo. No obstante, los salarios, porque a ese precio la gente no está dispuesta a trabajar, aumentan para que se iguale oferta y demanda. Si el salario mínimo se establece por encima del precio de mercado hay menor demanda que oferta de trabajo, la demanda disminuye y la oferta aumenta. Así pues, si aumenta el salario y supera el precio de mercado, aumenta el desempleo, pues la demanda será menor a la oferta.

Por otro lado, (M. & Bonilla A.) encuentran qué se puede esperar si el incremento del salario mínimo es muy alto para algunos empleadores. Estos, al ver incrementados sus costos, pueden que “i) incrementen sus precios en la misma magnitud del incremento de sus costos; ii) no incrementen el salario de todos sus trabajadores; ii) ajusten sus costos a través de una reducción en la nómina” (M. & Bonilla A., pág. 88). De igual forma, los autores aseguran que las reglas de protección laboral hacen los despidos muy costosos para los empleadores. De esta forma, “el contratar a un trabajador se convierte en una decisión irreversible y las firmas se anticipan a los costos de una eventual crisis contratando una menor cantidad de gente. De esta manera la demanda de trabajo se ve debilitada” (M. & Bonilla A., pág. 91).

Sumado a lo anterior, (M. & Bonilla A.) tratan el tema sobre los impuestos a la nómina. El autor arguye que estos tienen una alta influencia dentro de la oferta y la demanda en diversas formas. Sin importar cómo esté distribuida la carga impositiva entre empleado y empleador, los costos laborales y el ingreso serán determinantes para la estrategia de cada agente.

“Por ejemplo, una mayor contribución a la seguridad social por parte de los empleadores desestimula la demanda de trabajo, y una mayor contribución por parte de los trabajadores disminuye los incentivos a trabajar dada la reducción en el ingreso neto percibido. Los impuestos a la nómina, que elevan los costos laborales, son uno de los más fuertes determinantes que caracterizan un mercado laboral poco flexible y, por ello, van en contra de la generación de empleo y de su conservación.”

Por otro lado, (Mejía, 2018) advierte sobre las consecuencias de aumentar el salario mínimo sin que este represente la productividad del trabajo. Sin seguir este criterio, se desincentiva la contratación, produciendo desempleo o informalidad, de acuerdo al análisis costo-beneficio de los trabajadores.  Tal y como refleja el analista “Los incrementos del salario mínimo en el país normalmente han reflejado los criterios requeridos de inflación y aumentos en productividad laboral (Ley 278 de 1996, artículo 8), acogiendo una sentencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-815/99)” (Mejía, 2018).  Por regla general, el aumento del salario mínimo debe ser superior a la inflación observada en el año inmediatamente anterior, de tal forma que la capacidad adquisitiva del salario no se deteriore año tras año (esto es, que se mantenga el salario real), y perjudique así la calidad de vida de las personas que dependen de este.

“De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el salario mínimo en Colombia representa cerca del 86% del salario mediano y 57% del salario promedio de las personas ocupadas en el país” (Mejía, 2018). Estas cifran sugieren que muchos trabajadores colombianos son remunerados con menos del mínimo legalmente establecido en el país. De hecho, esta cifra es considerablemente más alta que todos los países de la OCDE. La literatura económica ha tratado el hecho de que salarios superiores al mínimo que tienden al salario mediano terminan excluyendo a las personas que no reflejan esa productividad o están poco capacitados.

Por otro lado, la alta informalidad en el trabajo ha sido una de las problemáticas que ha afectado a Colombia a lo largo de los años. La generación de empleo informal es aquella fracción de la población ocupada que no cumple, en general, con las formalidades establecidas en la ley. Según cifras del (DANE, 2019) para el trimestre móvil de noviembre de 2018, “La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,4%; además, para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,7%”.

Una de las consecuencias inmediatas planteadas por (Arango & Flórez, 2017) sugiere que cuando el salario mínimo sumado a los costos no salariales efectivos en Colombia –en los que se incluirían cesantías, primas, entre otros- excede la productividad del trabajador, este será primero despedido y, una vez desempleado, tendrá incentivos para trabajar dentro del sector informal. Adicionalmente, el autor analizando otros estudios sobre los efectos del salario mínimo y otras rigideces a lo largo del ciclo, como las leyes laborales, encontró que aumentos del mínimo y otros costos no salariales aumentan la probabilidad de transitar hacia la informalidad.

Desde otro punto de vista, (Mondragón, Peña, & Wills, 2012, pág. 647) muestran cómo la introducción de un salario mínimo en el sector formal por encima del precio de equilibrio disminuye la demanda laboral y aumenta la oferta laboral. De esta manera, las empresas solo estarán dispuestas a contratar cierta cantidad de trabajo formal. En consecuencia, el trabajo formal cae, pues se contrata a menos personas al nuevo precio, y aumenta la cantidad de trabajadores que quisieran trabajar en el sector formal, pero que no puede conseguir un trabajo en dicho sector[10].

Adicionalmente, uno de los análisis hechos por (Dinero, 2019) advierte de otro problema con la formalidad dado que pocos trabajadores logran mantenerse empleados. Tal y como ha señalado el artículo, “Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, casi la mitad de la fuerza laboral solo dura vinculada a un trabajo formal entre 7 y 11 meses al año y estar entrando y saliendo de esa condición, hace que cuando a las personas les ofrezcan emplearse de nuevo lo piensen dos veces” (Dinero, 2019). Esto se debe, a que las personas temen que puedan perder los beneficios adquiridos durante su empleo como el régimen subsidiado de salud.

Como se ha podido observar, el salario mínimo, a pesar de traer buenas intenciones para la mejorar de la calidad de vida de las personas, trae consigo efectos no contemplados y contravía de sus objetivos.  Estos efectos, deben ser observados con mayor escrutinio y detenimiento por las partes que negocian año a año sobre el aumento del salario mínimo en Colombia; esto en aras de determinar si realmente este ayuda a solventar los problemas de desigualdad, o, por el contrario, sea mejor eliminarlo. Habiendo observado las consecuencias que trae el salario mínimo y su aumento, pasamos a revisar las consecuencias que este puede traer al derecho laboral y sus garantías.

 

Afectaciones al derecho laboral

 

Dado el salario mínimo como distorsión al precio de equilibrio del mercado laboral, ha sido posible vislumbrar sus consecuencias sobre el desempleo y la informalidad. Igualmente, como se explica a continuación, los efectos causados por el salario mínimo repercuten en el derecho laboral cuando este no puede cubrir a los trabajadores en sus garantías y derechos.

Como se explica al principio del artículo, existen diversos principios dentro del derecho laboral, que buscan garantizar el derecho al trabajo, su acceso, y las protecciones que de este se derivan por medio del contrato laboral. Adicionalmente, “Los trabajadores informales tienen baja productividad y, por ende, bajas remuneraciones; son, asimismo, más vulnerables a condiciones adversas y sus situaciones de trabajo son insatisfactorias” (Arango & Flórez, 2017, pág. 1). Por lo tanto, una alta prevalencia de trabajo informal constituye un síntoma del mal funcionamiento del mercado laboral y económico al cual puede estar contribuyendo el salario mínimo.

De hecho, para la OIT la informalidad se encuentra altamente asociada con las malas condiciones laborales y el aumento de la pobreza; el no pago de salarios; la obligación de hacer turnos extraordinarios; despidos sin aviso ni compensación; condiciones de trabajo inseguras; ausencia de beneficio de pensiones, y reposo en caso de enfermedad y ausencia en seguros de salud.

Además de la poca estabilidad laboral, la informalidad repercute en “el crecimiento económico, las escalas de producción de las firmas, retrasa la absorción y creación de nuevas tecnologías, erosiona la base impositiva y limita las políticas redistributivas a la vez que afecta el sistema de seguridad social” (Arango & Flórez, 2017, pág. 1). En últimas, estas afectaciones que produce el salario mínimo repercuten también en el sistema laboral. Esto causa preocupación, dado que en la constitución política se encuentra como obligación del Estado garantizar el trabajo y su debida protección. En este sentido, las repercusiones de la introducción en un salario mínimo también pueden verse reflejadas en las garantías ofrecidas por el derecho laboral.

 

Soluciones

 

Surge, ahora, la inquietud: ¿cómo mejorar los salarios?, o ¿cómo mejorar la calidad de vida de las personas si no es estableciendo o aumentando el salario mínimo? A lo largo del artículo, se ha examinado cómo el salario mínimo constituye una distorsión al mercado, y que, por lo tanto, la solución a los problemas y afectaciones que este produce dentro del derecho laboral debe conducir a su destierro. No obstante, si es necesario eliminarlo, es indispensable realizar los ajustes necesarios para que las personas puedan, una vez eliminado el salario mínimo, aumentar sus ingresos y no verse afectados por este hecho.

En este orden de ideas, se plantea y sustenta cómo a través del fortalecimiento del capital humano, la producción y la innovación tecnológica es posible realizar un aumento en los salarios de las personas. Por tanto, se mejora la calidad de vida de los colombianos y se incrementa la productividad del país, produciendo efectos que benefician a todos los sectores de la economía.

Si el salario es el producto marginal del trabajo, para aumentar los ingresos hay que aumentar el producto marginal del trabajo. La producción se hace en función del trabajo, del capital y de la tecnología existente. Si el trabajo está dado hay que aumentar el capital y/o la tecnología existente para que aumente el producto marginal del trabajo. El capital son los medios de producción y la tecnología es el aumento de la producción con los mismos factores productivos. Para Schumpeter (1997): “producir significa combinar materiales y fuerzas que se hallan a nuestro alcance. Producir otras cosas, o las mismas por métodos distintos, significa combinar en forma diferente dichos materiales y fuerzas. Es un cambio espontáneo y discontinuo”.

Por lo tanto, cualquier aumento de estas dos variables va a chocar positivamente el producto marginal del trabajo. Para aumentarlas, las empresas y/o el gobierno necesitan aumentar su inversión en capital o investigación y desarrollo (I+D). Por lo que, como propuesta, se pueden crear incentivos (exenciones de impuestos ante inversión en capital y/o I+D) para que las empresas aumenten su inversión; o el gobierno puede aumentar el recaudo manteniendo la precaución de no distorsionar el comportamiento de los agentes económicos (impuestos indirectos a productos con demanda inelástica, aumento de la deuda, entre otros), aumentar el gasto en capital y/o I+D, o, también mediante incentivos, atraer fondos de capital riesgo (como han hecho los gobiernos de EEUU e Israel). Las opciones anteriormente presentadas, necesitan la cooperación de los agentes económicos para que no haya descoordinación entre las diferentes estrategias.

Por último, continuando en la línea de Schumpeter, de acuerdo con Theodore Schultz, pionero en las investigaciones sobre el capital humano, “al invertir en sí mismos (en educación, es decir, en adquirir conocimientos), los seres humanos aumentan el campo de sus posibilidades” (los paréntesis son propios). El punto del autor reviste de importancia ya que muestra que la educación[11] también puede aumentar la productividad del trabajo y, por ende, el crecimiento económico. De esta manera, para aumentar el producto del trabajo, el gobierno puede aumentar su inversión en educación para que los salarios de las personas aumenten y, así, disminuir la pobreza[12]. Igualmente, Jacob Mincer considera que la experiencia es otra forma de aumentar el capital humano. Esta otra estrategia requiere también la coordinación de los agentes económicos, pues la inversión en educación debe ir encaminada a las demandas del mercado laboral.

En conclusión, para evitar una distorsión al mercado es menester la eliminación del salario mínimo en Colombia. Tal y como se ha planteado a lo largo del artículo, este trae consecuencias negativas como la informalidad y el desempleo, repercutiendo en la calidad de vida de los colombianos. Por lo tanto, adicional a su eliminación se proponen unas alternativas que permitan solventar la ausencia de un salario mínimo, generando de forma positiva un incremento en el capital físico y humano y en la innovación tecnológica en aras de aumentar los salarios.

 

Anexos

 

Fuente: (Arango, Herrera, & Posada, El Salario mínimo : aspectos generales sobre los casos de Colombia y otros paises, 2008)
Fuente: (Mondragón, Peña, & Wills, 2012) en Rigideces laborales y salarios en los sectores formal e informal . En B. d. República, El mercado de trabajo en Colombia hechos, tendencia e instituciones (págs. 631-673)

[1] Para más información, consultar la Organización Internacional del trabajo Guía sobre políticas en materia de salario mínimo.

[2] Para más información, consultar la Organización Internacional del trabajo Guía sobre políticas en materia de salario mínimo.

[3] ARTICULO 7o. OBLIGATORIEDAD DEL TRABAJO. El trabajo es socialmente obligatorio.

[4] ARTICULO 9o. PROTECCION AL TRABAJO. El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones

[5]. ARTICULO 10. IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS. Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, en consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción por razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o sexo salvo las excepciones establecidas por la ley.

[6] ARTICULO 11. DERECHO AL TRABAJO. Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la Ley.

[7] ARTICULO 12. DERECHOS DE ASOCIACION Y HUELGA. El Estado colombiano garantiza los derechos de asociación y huelga, en los términos prescritos por la Constitución Nacional y las leyes. Y el ARTICULO 13. MINIMO DE DERECHOS Y GARANTIAS. Las disposiciones de este Código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo.

[8] Esto lo tratan con profundidad los autores (Arango, Herrera, & Posada, 2008) en El salario mínimo: aspectos generales sobre los casos de Colombia y otros países.

[9] Ver Anexos, gráfica número 1

[10] Ver Anexos, gráfica 15.10

[11] Gary Becker es quien considera a la educación como el principal fabricante de capital humano.

[12] Gary Becker considera la inversión en capital humano como la solución a la pobreza.

 

Referencias

 

Arango, L. E., & Flórez, L. A. (2017). Borradores de Economía. Informalidad laboral y elementos para un salario mínimo diferencial por regiones en Colombia, 1-39.

Arango, L. E., Herrera, P., & Posada, C. E. (2008). El Salario mínimo : aspectos generales sobre los casos de Colombia y otros paises. Ensayos sobre política económica , 204-263.

DANE. (13 de 3 de 2019). Boletín técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Bogotá D.C, Colombia.

Dinero, R. (13 de 3 de 2019). El salario mínimo no atra a los informales . Dinero.

M., J. N., & Bonilla A., J. D. (s.f.). ¿quiénes se perjudican con el salario mínimo en Colombia? 88-110.

Mejía, L. F. (12 de 12 de 2018). Salario mínimo y formalización laboral. La República.

Mondragón, C., Peña, X., & Wills, D. (2012). Rigideces laborales y salarios en los sectores formal e informal . En B. d. República, El mercado de trabajo en Colombia hechos, tendencia e instituciones (págs. 631-673). Bogotá: Banco de la República .

Schumpeter, J. (1997). Teoría del desenvolvimiento económico. México: Fondo de Cultura Económica.

Trabajo, O. I. (s.f.). Guía sobre políticas en materia de salario mínimo. Obtenido de Organización Internacional del trabajo : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—travail/documents/genericdocument/wcms_542003.pdf

Autor entrada: Cheryl Pinzón Botero

Cheryl Pinzón Botero es estudiante de Derecho y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana.