Ley de… ¿Financiamiento?

El gobierno debe destapar sus cartas para este 2019 y decir exactamente cómo pretende reducir el gasto público, pues es la única vía para cumplir la regla fiscal y no perder la credibilidad ante los mercados internacionales.

(Imagen tomada de Semana https://bit.ly/2v6GzhZ)

La Ley de financiamiento (o Ley 1943 de 2018) fue el foco del debate en la parte final del año, sobretodo por la polémica propuesta de ampliar el IVA a todos los productos de forma indiscriminada y con una tarifa única del 18%. Si bien sigo considerando que era una propuesta sensata de parte del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al común de las personas le pareció un engendro que debía evitarse a cualquier costo. El problema fue que el remedio parece resultar peor que la enfermedad, pero nadie está dispuesto a decirlo.

 

En primer lugar, en la exposición de motivos del proyecto de Ley original manifestaba un faltante de 14 billones de pesos respecto al presupuesto aprobado para el 2019. No obstante, la ponencia aprobada el 21 de diciembre solo llega a cerca de 7 Billones. Lo interesante es observar cuáles son los faltantes de presupuesto que justificaba el propio gobierno en su exposición de motivos. En solo funcionamiento, había un faltante de 2.9 billones en Salud, 0.8 billones en hacienda y 0.3 billones para diversas entidades. Mientras en inversión el faltante más grande estaba en educación, minas, hacienda, inclusión social y transporte, que suman más de 7.4 billones de pesos.

 

Solo los rubros mencionados ya tienen gastos que difícilmente pueden ser evadidos por el gobierno. Por ejemplo, dentro de funcionamiento, los 2.9 billones de pesos en salud están causados por recobros del sistema y la actualización del valor de la UPC, es decir, los gastos derivados de nuestro desbordado y todo generoso sistema de salud. Que ni siquiera tiene coberturas, como cualquier seguro en el mundo, sino que tiene exclusiones. Montos de esa magnitud hacen urgente el llamado del gobierno para su “ley de punto final” entre las cuentas de los prestadores del sistema. Asimismo, dentro de inversión hay 1.1 billón de pesos que corresponde a Familias en Acción, un gasto garantizado como política de Estado y que su eliminación llevaría automáticamente a la pobreza a un numero nada despreciable de colombianos.

 

También hay un faltante de 2 billones en educación para alimentación escolar, créditos de educación superior e infraestructura educativa. Gastos que evidentemente no incorporaban las demandas de los estudiantes, que (lejos) deben superar esa cifra. Por si fuera poco, hay otros 2 billones para los subsidios de servicios públicos, que no pueden ser disminuidos de un solo golpe. Solo estos gastos en mención, ya superan los 8 billones de pesos. Entonces ¿el gobierno como piensa cubrir estos faltantes si solo logró aprobar 7 billones?

 

Algunos manifestarán que el gobierno usará el 8.5% de las acciones de Ecopetrol que aún puede vender. Medida que, aunque podría cerrar las cuentas, es una solución transitoria que solo puede usarse una vez —para el 2020 tendríamos un déficit presupuestal incluso mayor. Por esto, el gobierno debe destapar sus cartas para este 2019 y decir exactamente cómo pretende reducir el gasto público, pues es la única vía para cumplir la regla fiscal y no perder la credibilidad ante los mercados internacionales. De lo contrario, la Ley de financiamiento dejará de recibir ese nombre y se empezará a llamar ley de desfinanciamiento, pues, aunque incluye reducciones de impuestos favorables, estas no son sostenibles en el tiempo a menos que vayan acompañadas de una reducción seria del gasto.

 

En segundo lugar, dejando de lado las necesidades de gasto que tiene el gobierno, lo cierto es que esta Ley de financiamiento no va a cumplir sus ya reducidas metas de recaudo. La razón principal, es que normalmente no lo hacen, el recaudo en Colombia históricamente no ha superado el 15% del PIB. Como ejemplo tenemos la reforma tributaria del 2016, la cual pretendía recaudar cerca de 9,6 billones adicionales para el año 2018, lo que representaría cerca del 15.8% del PIB[1]. Sin embargo, la DIAN reveló el resultado de recaudo neto del 2018, informó que el monto alcanzado fue del 13.5%. Es decir, 2.3% debajo de la proyección del propio gobierno. Esa cifra representa cerca de 23 billones de pesos para 2019. Casi 3 veces lo que pretende recuadrar el nuevo gobierno con la Ley de financiamiento.

 

Por si esto no fuera suficiente, la Ley de financiamiento aprobada tiene componentes que no cumplirán sus metas de recaudo. Se aprobó una sobretasa al sector financiero del 4% en 2019 y del 3% en 2020 y 2021, la cual contó con el protagonismo del senador Barguil como impulsor, y la aprobación unánime de todo el congreso. Flaco favor le hacen al país los congresistas creyendo que atacan a un sector poderoso, cuando en realidad de la fortaleza del sector financiero depende la fortaleza de todos otros los sectores, pues un peso que se quita a los bancos significa mayores tasas de interés para familias, empresas y personas. Lo que terminará frenando el crecimiento del país en un contexto mundial de subida de tasas.

 

Otra meta fantasiosa de recaudo es el IVA para las bebidas azucaradas y la cerveza, más allá de defender o atacar el consumo de estas bebidas, lo cierto es que empresas como Coca-Cola Femsa ya anunciaron la reducción de sus planes de inversión a causa de esta medida. Lo que significa menor crecimiento para quienes dependen de este sector, mientras aumenta el costo de vida para quienes solo (sin arriesgar su salud) pueden tomar estas bebidas al encontrarse en zonas sin acueductos o agua potable. Pablo Lavado, economista peruano, afirma que una reducción del 10% en el precio de las bebidas azucaradas disminuye en un 22% los casos de diarrea. Ahora bien, un aumento del 19% en el precio, ya podremos imaginarnos qué efectos tendrá.

 

Lo anterior sin incluir el impuesto al patrimonio, que además de ser inmoral es completamente desproporcionado, pues solo es un impuesto al ahorro y la inversión de las personas. Es como si el Estado premiara quienes no acumulan capital y castigara a los que desean procurarse un respaldo económico. Otro impuesto nefasto es el impuesto al consumo del 2% en las viviendas arriba de los 900 millones, que solo pretende castigar grandes transacciones, como sucede con los nuevos tramos de renta que van casi al 40% para quienes ganen arriba de 100 millones. Si bien todos los anteriores ejemplos suenan bien porque castigan a los de mayores ingresos, omiten el rol que tienen, que es precisamente generar inversión y ahorro. Elementos castigados a lo largo de toda la reforma e impulsados por una visión equivocada e ingenua del sistema tributario.

 

Lo mas grave de pensar que se va a recaudar más con esta reforma solo porque castiga a los mas altos ingresos, pasa por alto el hecho que fácilmente las personas de altos ingresos pueden abandonar su residencia fiscal en Colombia e irse a sitios mucho mas atractivos y nada lejanos, como Perú o Panamá. El error de creer que los ricos van a pagar sus impuestos es que ellos pueden irse y usted no, cuando venga el próximo desfase de recaudo y sea necesario subir el IVA al 19% para todo, debemos recordar que es culpa de un gobierno que no fue capaz de dar un debate necesario e inevitable.

 

Adenda: El carácter débil que mostro el gobierno para esta Ley de financiamiento no puede repetirse para el resto de las reformas, preocupa tener una Ministra del Trabajo que para los temas laborales y pensionales pida tiempo porque “es un tema muy complejo”.

[1] https://www.larepublica.co/especiales/contexto-de-la-ley-de-financiamiento/tributaria-de-2016-recaudo-menos-de-lo-que-buscaba-la-ley-de-financiamiento-2804088

Autor entrada: Mateo Martínez

Mateo Martínez
Mateo Martínez es abogado de la Universidad de Los Andes, estudiante de Maestría en Tributación. Liberal radicalmente moderado. @jmateo_martinez