Fútbol y administración de escenarios deportivos

 

Que el Estado administre directamente los estadios de fútbol del país no solo genera situaciones de corrupción como la descrita, sino que también genera consecuencias adversas para el negocio.

 

(Imagen tomada de https://bit.ly/2JFlBgY)

 

El fútbol es un deporte que no solo genera un sinfín de pasiones en sus seguidores, sino que también es una industria que genera miles de millones de pesos en el país y, con ello, empleos. En la actualidad, gracias a la Ley 1445 de 2011 o Ley del Fútbol, los clubes pudieron transformarse de corporaciones a sociedades anónimas con todos los beneficios que ello representa: transparencia, mejor gobierno corporativo e incentivos para la inversión de capital, entre otros. Según la Superintendencia de Sociedades (Superintendencia de Sociedades, 2018), los 36 clubes de fútbol colombiano presentaron ingresos por actividades ordinarias de $647.995 millones durante el 2017, una cifra nada despreciable. Al respecto, es importante resaltar que los clubes tienen sus ingresos diversificados en: venta y préstamo de jugadores, taquilla y derechos de televisión y otras fuentes de ingresos como las escuelas de fútbol y la participación en eventos internacionales.  Pero es claro que todavía hace falta mucho más para que no solo sea un negocio lucrativo, sino que también ello redunde en beneficios para los aficionados y para la sociedad en general.

 

Una problemática que se presenta en el mundo del fútbol nacional es precisamente el de la administración de los escenarios deportivos, los estadios. En general, todos los estadios del país han sido y son administrados directamente por el Estado, salvo el estadio del Deportivo Cali, el Palmaseca. Y es tan palpable la problemática frente a este aspecto en específico, con todo lo nocivo que de por sí ya es que el Estado sea el encargado de administrar algo. Basta con recordar los XX Juegos Deportivos Nacionales y los IV Paranacionales que se desarrollaron a finales del 2015 en los departamentos de Ibagué y Chocó. Para poder realizar aquellos juegos nacionales, Coldeportes invirtió alrededor de $260.000 mil millones con la finalidad de que se destinaran para la construcción y adecuación de los escenarios deportivos que se necesitaban. De todo ese dinero erogado por el Estado para esas obras, la Contraloría General de la República encontró que cerca de 66.000 millones de pesos se perdieron en corrupción y el resultado, fueron obras inconclusas.

 

Que el Estado administre directamente los estadios de fútbol del país no solo genera situaciones de corrupción como la descrita, sino que también genera consecuencias adversas para el negocio. Un ejemplo de ello es la insatisfacción de los aficionados, que como usuarios que pagan para asistir a este tipo de eventos, se deben someter a unos servicios de pésima calidad, como el acceso y uso de baños, la limitada oferta de parqueaderos o la posibilidad de compra de alimentos sin mayor variedad que la que disponga quien administra.

 

Sabiendo esto, el presidente de la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor) Jorge Perdomo, el pasado 31 de mayo en el Foro: La Empresa del Fútbol 2, sostuvo que para que el fútbol colombiano sea más sostenible debe concesionarse la administración de los estadios a empresas privadas que conozcan de este modelo de negocio que siempre ha sido y, muy probablemente, seguirá siendo exitoso y rentable. Esta idea, que no tiene nada de descabellada y sí todas las probabilidades de ser exitosa, no solo en términos económicos para los clubes de fútbol sino también para los aficionados y para el mismo Estado, debería estar en la agenda, por lo menos, de Coldeportes. Y es que los beneficios para los aficionados serían evidentes en la mejora del servicio que se presta directamente en el escenario deportivo: parqueaderos, baños, silletería, área de comidas, etc; para el Estado el beneficio es mayor, puede liberar una gran parte de dinero que gasta precisamente en la administración de estos espacios, pudiendo dedicarse a sus fines específicamente y no a realizar un trabajo que nada tiene que ver con su propia naturaleza. Además de cerrar una fuente que ha sido utilizada por mucho tiempo como generadora de recursos para la corrupción.

 

Con todo, la propuesta que se hace desde la Dimayor, debe tener una acogida inmediata por parte del Estado, pues es él mismo el que se ufana de luchar contra la corrupción que él mismo provoca, mediante la expedición de normas y programas de toda índole. No en vano, Colombia acaba de ingresar a la OCDE, esto puede ser de un incalculable beneficio, precisamente en que el país mejore las prácticas de buen gobierno y, con una concesión de los escenarios deportivos a privados, sería una excelente ocasión para lograr esas mejoras y por fin dejar hacer a los particulares lo que mejor saben hacer y al Estado lo que debe hacer.

 

Referencias

 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, (2018). Comportamiento financiero de los clubes de fútbol en 2017.

Autor entrada: Jeisson Romero Infante

Jeisson Romero Infante
Jeisson Romero Infante es Abogado, Magíster en Derecho, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y emprendedor.