Eficiencia económica y garantía de derechos, dos visiones por reconciliar

 

Existen vías alternas a estos choques y las posturas pueden ser conciliables si se aplican instrumentos de política idóneos.

 

(Imagen tomada de https://bit.ly/2LTFVbc)

 

El derecho y la economía comparten en su objeto de estudio una finalidad social, por un lado, el derecho busca regular las conductas humanas y por otro, la economía busca comprender las relaciones que se desprenden de las sociedades y la utilización de los recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre sus individuos, sin embargo, ambas disciplinas trabajan siempre desligadas entre sí y entre los abogados y economistas no se ha generado una conciencia de complementariedad de saberes, a pesar de que existan conceptos económicos interiorizados en el derecho como los incentivos, la competencia y la teoría de juegos y nociones jurídicas que configuran instituciones dentro de la economía como la misma propiedad privada, los contratos y la libertad de empresa.

 

Escribo este artículo porque me parece necesario reflexionar sobre las posiciones que reflejan la polarización actual del país y porque creo que existen alternativas que pueden conciliar las propuestas que abogan por la consolidación de un modelo de mercado abierto sin intervención del Estado en la economía y el intervencionismo estatal para garantizar derechos universales.

 

Es cierto que ambas disciplinas riñen en distintos aspectos y pueden ser excluyentes cuando se busca solucionar situaciones socialmente problemáticas, es frecuentemente encontrar colisiones entre la eficiencia económica y la redistribución del ingreso como mecanismo para garantizar derechos fundamentales a sectores sociales en situación de vulnerabilidad; entre la flexibilidad laboral como herramienta eficaz para aumentar el empleo y las garantías laborales de los trabajadores; o entre la garantía de derechos con carácter universal y los incentivos perversos introducidos en algunos sectores sociales que serán menos productivos. Sin embargo, existen vías alternas a estos choques y las posturas pueden ser conciliables si se aplican instrumentos de política idóneos.

 

El desconocimiento económico más problemático –o el que a mí más me preocupa– es la falta de comprensión de las finanzas públicas, la población promedio tiene una visión que exige la garantía de derechos, lo que en muchas ocasiones implica la necesaria intervención del Estado, pero muchas veces se olvida que los Estados son una construcción social y que como tal, se soportan de las contribuciones del conjunto social. Existe además una noción del Estado como un barril sin fondo, con recursos infinitos que puede y que debe sostener un gasto publico desbordado atendiendo a todas las demandas sociales que se prometen en época electoral.

 

En esta discusión, es útil citar un principio general del derecho que en latín se resume así: Ad impossibilia nemo tenetur y que en español significa “nadie está obligado a lo imposible”, este principio aplica también para el Estado, ya que, existen demandas sociales que por su magnitud no pueden ser realizadas de inmediato y que si irresponsablemente se realizaran provocarían una crisis fiscal de gran magnitud. Frente a esto existen avances en el derecho comparado como las desarrolladas por el Tribunal federal alemán, este organismo ha venido desarrollando el concepto de la reserva de lo posible (Vorbehalt des Möglichen), que consiste básicamente en un límite al gasto del Estado que sea viable con la sostenibilidad fiscal del mismo, esta reserva se dirige a mantener en equilibrio la sostenibilidad fiscal e implica que “el legislador, en ejercicio de sus atribuciones, también debe observar otros intereses de la comunidad. Y que, de acuerdo con la propia Constitución, sería imprescindible preservar el equilibrio económico global, es decir, no se deberían instituir gastos y gravar exageradamente a la sociedad.” (Perlingeiro, 2014, P. 187), esta reserva mantiene una cierta racionalidad frente al nivel de gasto del Estado, y parte de la premisa de que “una pretensión subjetiva e ilimitada a cargo de la comunidad es incompatible con los principios del Estado social” (Gaier, 2011).

 

El desarrollo de un gran número de derechos bajo el principio de universalidad implica a su vez ineficiencia y regresividad del gasto público y más cuando hablamos de economías en vía de desarrollo como la colombiana, la anhelada educación gratuita universal implica que los recursos públicos se destinen no solo a quienes más los necesitan (como constitucionalmente debería ser), sino también a los grupos de la población con más altos ingresos, lo mismo pasa cuando se subsidian sectores como las pensiones, los servicios públicos y algunos créditos como vivienda.

 

La lucha por los derechos debe tener claro que cuando se formulan políticas públicas para solucionar problemas sociales, pueden ser aplicados instrumentos para mejorar la eficiencia del gasto y esto puede ir en desmedro de la universalidad, ya que, cuando se habla de recursos escasos, se producirán mayores efectos e impactos si se destinan los recursos públicos a los grupos de la población con más necesidades básicas insatisfechas y no cuando se direccionan al total de la población.

 

Las relaciones de la economía y el derecho estarán siempre determinadas por el conflicto entre justicia y eficiencia, algunos defenderán la eficiencia en la economía y verán problemas en la redistribución del ingreso, esta situación fue expuesta por Arthur Okun, en los siguientes términos: “al dar pasos para redistribuir el ingreso de los ricos a los pobres, los gobiernos pueden dañar la eficiencia económica y reducir el monto del ingreso nacional disponible para la redistribución” (Samuelson, 2010, p. 337) y en la otra orilla estarán quienes defienden el concepto de justicia e igualdad material, propenderán por la garantía de un mayor número de derechos, especialmente derechos económicos, sociales y culturales, para todo lo cual será necesaria la redistribución del ingreso.

 

Las posturas políticas que dividen el país, desde una parte argumentan la necesidad de un mercado sin intervención y una política fiscal casi nula que solo se encargue de suplir aquellas fallas del mercado como las asimetrías de la información y las externalidades negativas, y por la otra se verá al Estado como un agente determinante en el desarrollo y un actor indispensable en la lucha para mejorar la situación de grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Lo cierto es que un país polarizado necesita de posturas que concilien ambos extremos, posturas que sean consecuentes con el sistema de mercado y la globalización y que a su vez puedan mejorar los indicadores sociales, para esto deben implementarse políticas públicas con un enfoque distinto, construidas desde abajo hacia arriba (enfoque bottom up) que posibiliten la participación de actores, que además sean eficientes en la optimización de recursos y que sean evaluadas constantemente, para de esta forma tener mejores efectos, mejorando los índices de bienestar sin comprometer las finanzas del Estado.

 

Referencias

 

Gaier, R. (2011). Prestações positivas contra o Estado e a cláusula da reserva do possível. II Seminário Internacional Brasil-Alemania (Florianópolis/SC). Centro de Estudios Judiciales (cej) del Consejo de la Justicia Federal (cjf), Brasília: Serie Cuadernos cej, 27. Recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=E3zeSegI83c, http://www.youtube.com/watch?v=_Dm5xNsvinI&feature=relmfu y http:// www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/gd/documentos/seriecadernoscej27brasil-alemanha.pdf

Perlingeiro, Ricardo. ¿La reserva de lo posible se constituye en un límite a la intervención jurisdiccional en las políticas públicas sociales?, Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 16, núm. 2, julio-diciembre, 2014, pp. 181-212 Universidad del Rosario Bogotá, Colombia

Samuelson, Paul. Economía con aplicaciones a Latinoamérica. 19 edición. Mcgraw-hill interamericana editores. 2010. P. 336

Autor entrada: Fernando Guio

Fernando Guio
Fernando Guio es estudiante de décimo semestre de Derecho en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, becario de investigación en dicha universidad, estudiante de séptimo semestre de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública, auxiliar de investigación en la linea de investigación sobre economía de lo púlico.