Sobre la inevitabilidad de una dictadura bajo el gobierno de Petro: Segunda Parte

 

(Imagen tomada de Playboy Colombia https://bit.ly/2ImHa0S)

 

“El control de la producción de riqueza

es el control de la vida humana misma.”

Hillaire Belloc

 

Hace unas semanas con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, se publicó el primero de tres artículos que tienen como objetivo demostrar por qué la eventual presidencia de Gustavo Petro derivaría necesariamente en una Colombia totalitaria. Después de los resultados de la primera vuelta, resulta útil y necesaria la continuación de estos escritos, pues no es responsable dejar de comentar sobre las falacias y mentiras que el candidato y sus seguidores propagan sin ton ni son. Para los seguidores de Petro, el fracaso sistemático del socialismo no se debe a que haya errores dentro de su doctrina, sino a las personas que han intentado aplicar políticas socialistas, supuestamente porque no han hecho lo suficiente en nombre de sus ideas o porque en algún momento se han desviado de sus objetivos para así entrar en el camino autoritario; siempre el fracaso de las personas, nunca de las ideas. Empero, no podrían estar más equivocados, ya que el fracaso del socialismo no se debe a las personas que lo aplican, sino al socialismo por sí mismo: los supuestos del socialismo sólo se pueden alcanzar si los peores llegan al poder (cuestión que se examinará en el próximo artículo) y están dispuestos a socavar sistemáticamente toda libertad individual con tal de alcanzar sus fines. Gustavo Petro no es la excepción.

 

La clave primordial para entender por qué la aplicación de políticas socialistas deriva inevitablemente en un sistema dictatorial se encuentra al examinar la intervención estatal en la economía, pues toda intervención económica tiene una profunda naturaleza autoritaria. Dado que las decisiones económicas son aquellas que permiten ordenar las preferencias, prioridades y medios de un individuo para alcanzar sus metas, estar sometido al control económico significa tener que declarar sus objetivos particulares individuales, no obstante, al declararlos, la aprobación de tales fines está sujeta a la aquiescencia de una autoridad central, por lo que en realidad el individuo estaría intervenido en todas sus libertades. Así, pues, el Estado está en capacidad de decidir qué fines podrá satisfacer el individuo y cuáles no, está en control de los medios para satisfacer todos los fines individuales. Como se señaló en el primer artículo de esta serie, las propuestas económicas de Petro requieren, necesariamente, de las mencionadas autoridades centrales, pues es imposible que los fines que Petro quiere alcanzar por medio de su programa económico sean resultado de una coordinación espontánea y voluntaria entre los agentes económicos, siendo necesaria la intervención desmedida del Estado en las decisiones económicas, intervención que sólo puede terminar en la absoluta coerción de la libertad individual.

 

Ahora bien, la primera parte de esta serie de textos examinó las propuestas económicas que no transgreden, al menos en primera instancia, las libertades individuales. El propósito de esta segunda parte consiste en señalar y examinar aquellas propuestas económicas que directamente atentan contra la libertad individual o que establecen un medio para atentar contra ésta, pues, como bien señala Friedrich von Hayek en su famoso libro “Camino de Servidumbre”, la libertad económica puede existir en un sistema que coarte la libertad individual, pero la libertad individual no puede existir, de ninguna manera, en un sistema que no permita y socave sistemáticamente la libertad económica, así que si Petro sí ejecuta sus propuestas como lo promete, no le quedará más remedio que establecer un sistema dictatorial en Colombia.

 

Liquidación de las EPS

 

La primera propuesta que merece ser analizada es una propuesta que pasa desapercibida pues el problema es tan delicado en Colombia, que cualquier alternativa, sin importar qué tan mala sea, se vuelve automáticamente una solución absolutamente plausible. Es innegable que el sistema de salud colombiano tiene grandes deficiencias y su funcionamiento se podría optimizar considerablemente, sin embargo, el quid de la cuestión no es hacer una propuesta normativa sobre cómo debería funcionar el sistema de salud colombiano, sino, más bien, sobre cómo no debería funcionar. Frente a este problema, el candidato Petro ha declarado abiertamente que su objetivo es liquidar las EPS para establecer un monopolio estatal sobre la salud, lo que sólo puede derivar en un sistema extremadamente burocrático y caótico (todavía más burocrático y caótico de lo que ya es) en el que lo último en que se pensaría es en el bienestar y la vida del paciente, dado que los prestadores de salud perderían los más mínimos incentivos económicos para prestar un servicio medianamente eficiente, y así volverse auténticos burócratas cuyo rendimiento es completamente irrelevante para su empleador, en este caso, el Estado.

 

Es tétrico, incluso macabro, pensar que si Petro logra su objetivo, un burócrata tendrá el poder de decidir sobre la salud y la vida de los demás, un burócrata, que no está sujeto al más mínimo estímulo para hacer su trabajo adecuadamente y cuyos errores poco importan, podrá jugar a Dios con los pacientes. De esta manera, Petro estaría estableciendo, por medio de la restricción de la competencia y de la estatización de la salud, un mecanismo que le permitirá decidir sobre la vida de las personas (en el sentido más literal de la expresión).

 

Eliminación de las AFP

 

Siguiendo la misma lógica de la propuesta anterior, Petro ha manifestado claramente que una de sus aspiraciones es ver a todos los colombianos afiliados a Colpensiones y ver la desaparición de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Al igual que en el punto anterior, se podría escribir un artículo entero sobre cómo mejorar la cobertura y el funcionamiento del sistema pensional sin tener que disponer de un Estado gigantesco y paternalista,  pero, nuevamente, el punto del análisis yace en explicar por qué esta propuesta derivaría en el establecimiento de mecanismos autoritarios.

 

Al comienzo del artículo, se afirmó que el control económico es el control estatal de los medios que los individuos poseen para alcanzar sus fines y que tales fines tienen que ser aprobados por la entidad que ejerza el control económico. La validez de esta tesis se aprecia perfectamente en el caso de las pensiones, pues los ahorros pensionales existen para satisfacer los más personales fines y planes a largo plazo, por lo que establecer a Colpensiones como única autoridad legítima para autorizar cómo los individuos quieren ahorrar, gastar y planear su vida, no es más que un burdo control de la más elemental libertad para elegir, además de una intromisión estatal en los fines y metas más personales.

 

Asimismo, establecer un sistema pensional cuyo único régimen sea el régimen solidario de prima media, sería (contrario a lo que el Profesor Thomas Piketty considera sobre las propuestas de Petro) completamente injusto e inequitativo. En este régimen, las pensiones se pagan por medio de contribuciones de quienes aún trabajan, en otras palabras, los más jóvenes financian a los pensionados. El problema reside en que si la edad de pensión se reduce y el valor monetario de las pensiones aumenta (como Petro lo propone), la población cualificada para recibir una pensión aumentaría de golpe y a una velocidad apresurada, la proporción entre cuántos asalariados pagan la pensión de una sola persona se reduciría sistemáticamente, lo que significa que si hoy, por ejemplo, 5 asalariados mantienen con sus contribuciones a un pensionado, después de la reforma sería perfectamente plausible que 2 personas mantuvieran a una sola, por no decir que, adicionalmente, el valor monetario de sus contribuciones sería mucho mayor. Esto, además de arbitrario, resulta absolutamente injusto para con los asalariados, pues el asalariado no podría decidir cuánto ahorrar, consumir o destinar a su retiro, sino que estaría obligado a descontar una parte de su salario y cederla necesariamente a Colpensiones, contrario al sistema actual, en el que trabajador decide libremente el régimen, bien sea privado o público, al que destinará una fracción de su salario.

 

Por último, cabría preguntarse qué pasaría con el dinero ya invertido en fondos privados. Frente a esta cuestión, Petro sólo podría embargar esos recursos y remitirlos directamente a Colpensiones, de esta manera quienes han ahorrado juiciosamente en los fondos privados empezarán a financiar y a trabajar para quienes se pensionen antes que ellos, sin tener la más mínima garantía de que cuando lleguen a una edad pensionable recibirán el mismo dinero que habrían recibido de haber continuado invirtiendo en un fondo privado.

 

Compra de tierras improductivas

 

En el artículo pasado se mencionó tangencialmente la propuesta de comprar tierras improductivas por medio de bonos de deuda pública, donde se mencionaron las consecuencias económicas negativas de emitir bonos de deuda pública indiscriminadamente, empero, esta propuesta tiene implicaciones mucho más profundas que sólo la inducción de inflación y el aumento exponencial de la deuda.

 

En primer lugar, esta propuesta se vuelve a topar con el problema de la disponibilidad de información en las valoraciones y las transacciones económicas, pues determinar cuál es un terreno productivo y cuál no, es una labor imposible, porque para determinar la productividad de un terreno agrícola se podrían utilizar decenas, hasta centenares de criterios distintos y todos partirían de supuestos absolutamente arbitrarios; sería intentar determinar el valor productivo de un terreno de manera objetiva, sin embargo, el valor de un bien económico no es objetivo, es subjetivo (axioma del que Petro debería estar consciente por su condición de economista). Así, pues, cuando Petro intente realizar sus eufemísticas “compras al precio justo”, se topará con dos inconvenientes: el primero es que el único precio justo es el precio de mercado, precio mucho más alto que el que el Estado estaría dispuesto a pagar, y segundo, que tales compras nunca serán resultado de la benevolencia, el altruismo y el actuar voluntario y espontáneo de los terratenientes. Ergo, si el gobierno Petro quiere cumplir su promesa, no tendrá otra alternativa que crear otra autoridad central que determine los precios de esas tierras arbitrariamente y obligue a los terratenientes a aceptar la oferta.

 

En el artículo anterior se señaló cómo el mecanismo de compra por medio de bonos de deuda pública sería el equivalente a aumentar el agregado monetario indiscriminadamente (prácticamente, imprimir dinero sin criterio). Este mecanismo trae consigo dos consecuencias para el tenedor del bono, por un lado, el aumento del agregado monetario en las proporciones que Petro necesita alcanzar para comprar los terrenos, generaría un aumento rápido y acelerado de la inflación, lo que equivaldría a una devaluación acelerada del peso y, por lo tanto, del valor pecuniario del bono emitido para la compra del terreno. Por otro lado, como el valor de los títulos de deuda pública también está sometido a la evaluación de los mercados financieros, un inversor no invertiría su dinero en un bono de deuda pública en la mitad de una devaluación acelerada y desmedida del peso, así que la baja demanda de los mercados financieros por los bonos ayudaría a que el valor del título cayera aún más.

 

De esta manera se puede concluir que lo que Petro estaría realizando por medio de este mecanismo no es más que una expropiación, pero con un nombre quizás más diplomático. El dueño del “terreno improductivo” está obligado a “vender” (más bien entregar) su terreno y a cambio, aceptar una compensación cuyo valor monetario sólo se puede convertir en efectivo mínimo un año después de su emisión (y con un rendimiento mínimo, los bonos de referencia suelen ser aquellos con vencimiento en 5 ó 10 años). Revisando nuevamente las consecuencias económicas y financieras de la emisión indiscriminada, se puede concluir que la compensación que los terratenientes recibirían, perdería la mayor parte de su valor para cuando puedan convertir el valor del bono a efectivo.

 

“Ventas voluntarias al precio justo”

 

Finalmente, vale la pena resaltar que hace unas semanas, en un evento de campaña en el Valle del Cauca, Petro expresó que sería muy bueno que Ardila Lülle vendiera voluntariamente Incauca al Estado por “un precio justo” para demostrarle al Sr. Ardila Lülle cómo se lograría el desarrollo del Valle. Lo cierto es que, como se mencionó, el único precio justo que existe es el del mercado, por lo que si Petro quiere comprar a un precio justo, el único mecanismo que tendría sería aplicar el criterio de la productividad de las tierras para expropiar a las compañías. La cuestión reside en que éstas sí son tierras productivas, así que si Petro quiere conseguir una excusa para aplicar sus criterios de productividad, tendrá que hacer uso de los altos impuestos progresivos que tanto anhela en aplicar, para forzar a las compañías que desea obtener a dejar de ser productivas para aplicar su arbitrario mecanismo de compra “voluntaria”.

 

Entonces, pues, habiendo ya analizado el funcionamiento de las propuestas y su inevitable desenlace, sólo resta advertirle al inocente votante, al que considera que el socialismo fracasa por quienes lo implementan y no por la naturaleza de las doctrinas socialistas, que por más que Petro “firme en mármol” que no cometerá ningún exceso autoritario y desde hace dos semanas intente cambiar el tono de su discurso por uno supuestamente menos anticapitalista, sus acciones son las que ejecutaría cualquier político necesitado de apoyo electoral para una segunda vuelta. El cambio de actitud de Petro en los últimos días sólo obedece a una vacía propaganda, no a un cambio de ideas y, como se mostró a lo largo de este artículo, aunque Petro quiera mostrarse como un gobernante altruista y con vocación comunitaria, la implementación de sus propuestas sólo es viable si él es lo suficientemente inescrupuloso para abandonar toda moral convencional e imponer sus ideas por medios antidemocráticos, autoritarios y coercitivos de la libertad individual.

 

Referencias

 

Arango, T. (8 de Marzo de 2018). Diario La República. Obtenido de https://www.larepublica.co/especiales/propuestas-gustavo-petro/las-10-propuestas-del-plan-economico-que-propone-gustavo-petro-2607996

Hayek, F. v. (1944). Camino de Servidumbre. Madrid: Alianza Editorial.

Petro Presidente. (2018). Obtenido de https://petro.com.co/programa-economia/

Portafolio. (19 de Abril de 2018). Obtenido de http://www.portafolio.co/economia/las-propuestas-economicas-de-gustavo-petro-516359

 

Autor entrada: Pedro Rangel

Pedro Rangel
Pedro Rangel es estudiante de Economía en la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, Alemania.