Sobre la inevitabilidad de una dictadura bajo el gobierno de Petro: Primera Parte

 

Es posible que el término más conflictivo y ambiguo en el campo político colombiano actual sea el de “lo social”, un término que se quiere vender como “benevolencia, compasión o ayuda al prójimo”, empero, este concepto está profundamente ligado al estatismo y el uso de la autoridad estatal.

 

 

A la hora de examinar la historia de las ideas políticas, es difícil encontrarse con una idea tan pendenciera, peligrosa y maligna como lo es la del socialismo. A lo largo del siglo XX, las ideas socialistas terminarían por ser una justificación para llevar a cabo los genocidios motivados por causas políticas más grandes de la historia; Latinoamérica y Colombia no estuvieron exentos del terrorismo motivado por la defensa de estas ideas y, lastimosamente, hasta el día de hoy, Colombia se enfrenta a la amenaza de la dictadura socialista. Las ideas que Petro se ha empeñado en defender no han pasado desapercibidas en los electores colombianos, por el contrario, es cada vez más claro que Petro va a estar disputando la segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales y, aunque eventualmente no gane, no deja de ser preocupante que las ideas autoritarias, colectivistas y genocidas del socialismo, encuentren un nicho tan amplio en una nación que, mal que bien, ha defendido las libertades civiles y económicas a lo largo de su historia.

 

El presente escrito es el primer artículo de una serie de textos que serán publicados antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y que tendrán como objetivo demostrar que Petro ha seguido el mismo camino que todo dictador socialista exitoso y por tanto, en caso de ganar la presidencia, no tendrá más remedio (aunque se presente como un corderito democrático inofensivo) que aplicar las fórmulas de los más grandes genocidas del siglo pasado; pues, como bien señalaban Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, todo socialista es un dictador disfrazado cuyos objetivos programáticos solo pueden ser ejecutados por medio de un único camino: el de la servidumbre. Aquel camino consiste en sacrificar el gobierno democrático por el autoritario y, a su vez, la única manera de establecer medidas autoritarias exitosamente consiste en abandonar toda moral convencional y establecer una moral colectiva que sirva de medio para justificar y legitimar todo fin que el dictador se proponga alcanzar.

 

Esta primera parte tiene como propósito analizar las propuestas económicas de Petro que,  prima facie, no socavan las libertades individuales pero requieren de un gran poder coercitivo estatal y sirven de plataforma para el establecimiento sistemático de una dictadura. Todas las propuestas económicas de Petro presuponen la existencia de una autoridad central que planifique la economía y asuma un rol que solo sería exitoso si la autoridad planificadora ostentara todo el conocimiento disponible sobre las decisiones económicas individuales, sometiendo así al individuo a la arbitrariedad del planificador e implementando de esa manera el primer antecedente  para el socavamiento sistemático de las demás libertades individuales y estableciendo una plataforma perfecta para la Gleichschaltung del autoritarismo socialista en Colombia.

 

Eliminación de exenciones tributarias: profunda ignorancia económica

 

Las propuestas económicas de Petro, además de sentar los antecedentes prístinos para erigir una dictadura, denotan una gran ignorancia económica. La primera propuesta a analizar es la propuesta de eliminar exenciones tributarias inútiles. La idea de fondo de esta propuesta consiste en aumentar la carga tributaria de alguna u otra manera, sin embargo, la tarea de decidir en qué consiste una exención inútil o no, va a ser realizada por un burócrata de alguna autoridad central que, con un poder absoluto y arbitrario, podrá imponer impuestos caprichosamente a quién él quiera. En este punto ya se encuentran dos problemas de fondo: el primero, que una autoridad planificadora decida sobre la economía y los mecanismos de mercado y segundo, que los afectados por la eliminación de exenciones tributarias no serían el pequeño empresario o el simple asalariado, sino el enemigo común que Petro denomina “la oligarquía”, es decir, los empresarios.

 

Así pues, Petro peca de la misma manera que los economistas que se han dedicado a investigar un volumen óptimo de tributación bajo la premisa de que las subidas de impuestos no tendrían efecto sobre la competitividad y la capacidad productiva y que, por el contrario, ayudarían a aumentar el recaudo, que a su vez ayudaría a realizar más proyectos “sociales” por vía estatal. El error de pensamiento en esta idea yace en que el sujeto económico promedio siempre tomará una subida de impuestos como un suceso negativo, jamás como uno positivo. Petro y muchos economistas del gasto público desmedido asumen que la existencia de un impuesto es comparable a la existencia de bienes de subsistencia, que siempre serán comprados si su precio sube considerablemente (demanda inelástica). Empero, los impuestos no son un bien, no existe tal cosa como “la demanda para pagar impuestos”, son más bien un “mal”, de hecho, se podría definir a los impuestos como una barrera de entrada, como un derecho o licencia que el empresario tiene que comprar al Estado para poder negociar formalmente. Naturalmente, entre más alta sea la barrera que permita producir de manera legal, menor será el incentivo para formar empresas o para que las empresas ya existentes aumenten su producción, fomentando así la desaparición de puestos de empleo formales.

 

Predial para grandes terrenos

 

La siguiente propuesta que merece ser observada, es el impuesto predial para predios con más de 1000 hectáreas fértiles que Petro quiere imponer. Esta propuesta, como todas las demás, muestra la ignorancia económica de Petro, o más bien, sus verdaderas intenciones como Presidente. Si se tiene en cuenta que los grandes predios suelen ser aquellos con un alto nivel productivo e industrializado (cuando menos, los que mayor posibilidad tienen de expandir su producción), resulta sorprendentemente estúpido querer penalizar a aquellos terrenos que ya producen o que podrían aumentar potencialmente su producción.

 

Si el objetivo de Petro fuera realmente ayudar al pequeño campesino, a hacer más justa su vida, a procurar su progreso y a permitirle una oportunidad de trabajo formal, debería más bien buscar un ambiente económico para que los dueños de los grandes predios puedan contratar mano de obra fácilmente y con salarios competitivos, es decir, eliminar las rigideces del mercado laboral colombiano que es especialmente esclerótico. Sin embargo, una alta carga tributaria haría muy caro contratar una unidad de fuerza laboral adicional, incluso, haría muy caro mantener una gran parte de la fuerza de trabajo ya contratada, ergo, el empresario se vería en la obligación, al igual que en el primer ejemplo, de despedir trabajadores y limitar severamente su potencial productivo.

 

Ahora bien, ¿cuál es realmente el objetivo de Petro con estas propuestas fiscales? Se podría decir que Petro es un ignorante en materia económica, pues, lo es, pero al mismo tiempo es evidente que Petro entiende que para alcanzar sus metas en el poder, no tiene otro remedio que aumentar el poder coercitivo del Estado a como dé lugar. En el siguiente artículo se revisará más a fondo el objetivo último que Petro quiere alcanzar mediante estas ideas, por ahora basta con decir que estas propuestas están cobijadas bajo la principal propuesta de “comprar las tierras improductivas al precio justo”, en otras palabras expropiarlas.

 

El banco “social” para los campesinos

 

Es posible que el término más conflictivo y ambiguo en el campo político colombiano actual sea el de “lo social”, un término que se quiere vender como “benevolencia, compasión o ayuda al prójimo”, empero, este concepto está profundamente ligado al estatismo y el uso de la autoridad estatal. En ese orden de ideas, el benevolente y altruista Petro propone la creación de un banco público con objetivos sociales para que el pequeño campesino tenga acceso al crédito con “intereses justos”. No obstante, esta propuesta resulta especialmente problemática por la gravedad de las consecuencias económicas que generaría, pues al perseguir “el bien común”, el mencionado banco no aplicaría ningún criterio económico para su funcionamiento.

 

La raíz de los problemas que generaría este banco se encuentra en su objetivo “social”, pues estaría  obligado a otorgar créditos prácticamente a cualquier individuo que lo solicite, aunque es realmente obvio que son más bien pocos los que pueden demostrar solvencia, por ejemplo, para un crédito inmobiliario. Sin embargo, dado el propósito “social” del banco, el criterio de la solvencia es absolutamente irrelevante; básicamente el banco daría crédito a quien sea (equivaldrían a los famosos créditos subprime que terminaron detonando la burbuja del 2008), lo que, al ser un ente público, equivale a imprimir dinero de la manera más indiscriminada posible. Esto genera una serie de consecuencias económicas muy peligrosas: por un lado, el Estado sería el acreedor de una gran parte de los ciudadanos más vulnerables. Si, por lo general, un banco privado ya es bastante poderoso a la hora de cobrar sus créditos (incluso teniendo en cuenta que la gran mayoría de bancos privados actualmente sí aplican criterios económicas al otorgamiento de crédito y son contadas las ocasiones en las que tiene que embargar), resulta incluso miedoso imaginar lo que haría un burócrata a quien el rendimiento positivo del banco le dé absolutamente igual y no sólo tenga un poder económico que le respalde, sino que tenga el respaldo de todo el poder estatal para legitimar cualquier arbitrariedad en contra de los deudores.

 

Por otro lado, el banco, nuevamente, por su objetivo social, puede ser indiferente entre si el deudor paga o no sus cuotas. De ser así, el banco estaría, en el sentido más literal de la expresión, regalando dinero a diestra  y siniestra. No es necesario ir muy lejos para ver las consecuencias de imprimir dinero indiscriminadamente: Venezuela ha llegado a una inflación del 18.000% (según las mediciones del Profesor Steve Hanke) a base de la impresión masiva de dinero y del control de precios y salarios por decreto. En este momento es imposible predecir cuánto podría alcanzar la inflación, pero lo que es seguro es que habría una subida considerable. Vale la pena resaltar que la inflación se concentraría especialmente en bienes de consumo (especialmente en los bienes básicos producidos en las regiones agrícolas) y en las regiones donde el banco opere, es decir, las regiones rurales. Así, lo único que este banco lograría es ir progresivamente devaluando el dinero, como una manera de impuesto silencioso que especialmente afectaría a los más pobres, perjudicando así a quienes se había propuesto ayudar en primer lugar: a los campesinos más vulnerables.

 

Todas estas propuestas servirían como medio para destruir la iniciativa privada, se podrían ver a la economía colombiana como un edificio endeble y a estas propuestas como varias toneladas de dinamita que harían implosionar la economía colombiana, una implosión provocada y gestada por el gobierno petrista. Esta implosión serviría a su vez como motivo o excusa para establecer al Estado como único salvador de la economía, asimismo, se podría asumir que si la propaganda de Petro fue lo suficientemente efectiva para llegar a la presidencia, será lo suficientemente efectiva para establecer la figura del enemigo común pudiendo entonces volcar la culpa de la debacle económica a los grandes banqueros, la oligarquía, los malignos empresarios, Estados Unidos, el capitalismo o cualquier enemigo imaginario que Petro guste inventar para justificar la crisis que él mismo, conscientemente, gestó. Entonces, pues, Colombia se encontraría en una circunstancia en  que el Estado podrá hacer uso de todo el poder que le plazca y erigir el colectivismo y el autoritarismo desde adentro y con la complicidad y aprobación de la mayoría del pueblo.

Autor entrada: Pedro Rangel

Pedro Rangel
Pedro Rangel es estudiante de Economía en la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, Alemania.