La soberbia de los tecnócratas del gasto público

 

Dudemos de aquellos que pretenden monopolizar la benevolencia amparado en la técnica.

 

(Imagen tomada de Dinero https://bit.ly/2wCBTBc)

 

A muchos profesionales en las ciencias sociales les hace falta humildad. Con esto me refiero a los economistas, abogados y administradores públicos que son expertos en el manejo de las políticas públicas redistributivas, las cuales en buena medida son las causantes de los problemas de pobreza y malos manejos que afectan la economía. Son estos expertos en políticas redistributivas a quienes llamamos “tecnócratas”.

 

Para este grupo de tecnócratas el Estado debe tener un papel activo de intervención en los problemas sociales. La intervención del Estado está justificada en todos aquellos asuntos que correspondan a los niveles mínimos de bienestar para que una persona pueda vivir dignamente. Pretenden elevar los niveles de vida, tanto material como espiritual, de las personas más desfavorecidas, y por ende, esta intervención resulta justificada por su bondad con los pobres.

 

En ese orden de ideas, son ellos, los tecnócratas, quienes están llamados a proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las clases trabajadoras- educación, salud gratuita, prestaciones sociales, etc-; de aquella clase media asfixiada por los “capitalistas opresores” que no les pagan lo que se merecen.

 

Los tecnócratas sostienen que las nuevas formas de administración pública permiten enfrentar los problemas de desigualdad. Esto es debido a que la administración de lo que ellos llaman “asuntos públicos”, sostienen ellos, deben ser abordados de una manera especial y son ellos quienes entienden de mejor forma.

 

Así pues, el Estado benevolente, guiado por los expertos en la materia, debe encargarse de procurar el enriquecimiento popular para reducir la brecha de la desigualdad – mala por sí misma- amparado en criterios de igualdad material.  Lo “novedoso” viene con la trampa populista, pues para lograr la meta última es necesaria la igualación de patrimonios, haciéndose necesario un régimen tributario progresivo que garantice una redistribución de las rentas. Esto sumado con una administración adecuada y protocolos que permitan que funcione esto de manera eficiente y eficaz.  

 

Pero en últimas, el método es la igualación de rentas, solo que ahora sí, según ellos, lo van a realizar de manera eficiente y efectiva por estar enfocadas en las nuevas formas de la administración pública. Sin embargo, la dialéctica capciosa es evidente, porque bien sabemos que todos deseamos y aspiramos que las personas más necesitadas sean felices y no padezcan de necesidad alguna, así que bien debemos sospechar de aquellos que pretenden monopolizar la benevolencia.  Y heme aquí encontrando, una argucia mediante la cual se sostiene que la manera de generar un enriquecimiento popular es mediante una imposición tributaria progresiva, presentándose no sólo como medio, sino un fin en sí incuestionable.

 

Sustentando adicionalmente en el ropaje de la técnica y el conocimiento especializado propio de los nuevos discursos dentro de la administración pública que permiten justificar el actuar de este modo del Estado.

 

De lo que los tecnócratas en su soberbia no se percatan es que toda planificación central, por más que respete la “técnica” no tiene en cuenta el hecho de que la información económica y política en la sociedad está dispersa, y ningún ente central va a disponer, por mejores sistemas de información que posea, de los datos adecuados para tomar las mejores decisiones en la administración con el objeto de adelantar una agenda distributiva de la riqueza.

 

Si este tipo de medidas son implementadas seguramente las consecuencias sociales no se harán esperar. Con todo el dinero siendo expoliado a los privados, la mayor parte de las rentas que se hubieran dedicado a inversiones rentables- impulsando la baja de los precios de los bienes y servicios de primera necesidad, la ampliación de la oferta de trabajo y la subida de salarios- se verán malgastadas.

 

Por su parte, el Estado las destinará a gastos de consumo- salud y educación gratuita- o a rendimientos deficitarios -créditos a personas sin capacidad de pago, con la intención de “democratizar el crédito”- y terminará por dilapidar las rentas por la falta de incentivos a los tecnócratas para la administración adecuada de los recursos.

 

Sobre este punto, advertimos que las nuevas formas de organización dentro del Estado que pretenden parecerse a las estructuras organizativas del sector privado nunca van a poder a ofrecer los incentivos privados. Para entender esto refiérase al hecho de que el privado está realizando negocios con su propio dinero y no con dinero ajeno; de tal manera que, si llega a tomar una mala decisión, deberá asumir las consecuencias de la misma con su propio patrimonio. En cambio, en el sector estatal este incentivo no funciona igual porque el dinero es público y el riesgo de fracaso está amparado por el mismo Estado. De esta manera, es posible entender que las razones que subyacen a la efectividad y eficiencia del sector privado, que superan las del Estado están basadas en un asunto de motivaciones.

 

En ese orden de ideas, si los recursos se van a administrar mal- por no tener los incentivos para la actuación -, sin temor a duda, se debe afirmar que confiscando la riqueza no se acabará la pobreza, ni tampoco se dignificará la vida de los más necesitados. Los más beneficiados son aquellos “tecnócratas” que por fenómenos de corrupción utilizan al Estado para acumular fortuna.

 

La expropiación de la riqueza a los ciudadanos más ricos genera más pobreza y empeorará las condiciones de todos a largo plazo. Debe recordarse que este tipo de medidas directas o indirectas destruyen el empleo de miles de personas, y mas temprano que tarde, ya no abra ricos que expropiar. Y si nos encontramos en una sociedad pobre y mísera evidentemente los tecnócratas no tendrán el dinero para soportar los gastos desmesurados para mantener la educación y la salud gratuita.

 

Así pues, no podemos permitir que la apología sofisticada al “bien común”, sea una justificación de la violencia contra los más necesitados. La lógica no puede ser que la clase rica sea menos rica para conseguir una mejor calidad de vida a las personas más necesitadas; si eso es lo que se busca, no queda más que reconocer que el objetivo de fondo no es bondadoso con los más necesitados, sino resentido con los que han logrado alcanzar una mejor calidad de vida para sí y para los suyos.

 

Recordemos, una sociedad que castiga el éxito emprendedor; está condenada a la mísera pobreza.

Autor entrada: Juan P. Acosta

Abogado y Comunicador. Austrian School. Minarquista.