Duque continuará la fallida guerra contra las drogas

Colombia no puede seguir abanderando una guerra perdida, es momento de probar nuevas alternativas.

 

(Imagen tomada de Semana https://bit.ly/2Gejjn6)

 

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de la Revista John Galt.

 

El candidato del Centro Democrático, Iván Duque, presentó en los debates presidenciales dos propuestas referentes al tema de drogas. La primera, consiste en establecer la obligatoriedad de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. La segunda, busca prohibir el consumo y porte de la dosis mínima. No desea penalizarla sino, según su propuesta, aplicar sanciones administrativas a las personas que porten drogas ilícitas.

 

El discurso manejado por el candidato Duque frente a la erradicación obligatoria tiene varias falencias. Por una parte, concentrarse en el número de hectáreas cultivadas no brinda información suficiente sobre la cantidad de coca que se produce: Se ha demostrado que en tiempos de mayor destrucción de cultivos, -como a principios de la década del 2000-, cada hectárea se hace más productiva, por consiguiente, la disminución real de coca no es tan significativa. Por otra parte, al decir que “estamos inundados de coca” nos induce a pensar que es una situación generalizada en el país, sin embargo, en la mayoría de los departamentos los cultivos se han mantenido constantes o han disminuido; han aumentado principalmente en Putumayo, Nariño, Guaviare y la región del Catatumbo, zonas que tienen presencia de grupos armados al margen de la ley.

 

Ahora bien, esta medida resulta totalmente ineficiente en la lucha contra las drogas. Varios estudios en 2006 demostraron que, el costo de erradicar una hectárea de coca con aspersión aérea es mucho mayor que el valor de mercado de la hoja de coca que se produce en esa hectárea; con otras formas de erradicación es incluso más caro. Además, la producción de la hoja de coca obtiene menos del 10% de los ingresos del negocio de la cocaína, mientras que la distribución se lleva aproximadamente el 70%, por lo cual, si se quiere afectar la cadena de valor se debe atacar las redes de distribución. Existe otro problema con esta medida y es el efecto globo, el cual explica que la erradicación de cultivos ilícitos en una región especifica genera el surgimiento de estos en otra parte, puede ser en otro departamento o país, por lo cual la oferta mundial de cocaína se mantiene relativamente constante. Lo anterior pasó en Colombia en la primera década del siglo XXI: Con la llegada del Plan Colombia se disminuyó el total de cultivos en el país, pero se aumentaron en Perú y Bolivia, por lo tanto, no se resolvió el problema.

 

La evidencia empírica demuestra que la erradicación forzosa no ha servido en ningún país del mundo, mientras tanto la sustitución voluntaria funcionó solamente en Tailandia, donde con un proyecto de desarrollo a gran escala se logró la sustitución en diez años. Sin embargo, esto funcionó solo a nivel local, pues los cultivos se trasladaron a Afganistán por el ya mencionado efecto globo.

 

Por el momento, se desconoce si Iván Duque tiene un plan de desarrollo concreto para las zonas en que piensa aplicar su política y en cuánto tiempo planea acabar con los cultivos. Es necesario resaltar que este es el principal ingreso de muchas familias y comunidades en Colombia, por ello se necesita una política pública integral al momento de eliminar la coca de estas zonas.

 

La segunda propuesta es mucho más problemática. El candidato Iván Duque quiere retroceder al tipo de leyes aplicadas hace más de 30 años, específicamente a la Ley 30 de 1986, que consagraba penas de arresto y multa respecto del porte y consumo personal de estupefacientes. La Sentencia C-221 de 1994 declaró inexequibles estas sanciones, porque iban en contra del articulo 16 de la Constitución de 1991, el cual garantiza el libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás. Por lo anterior, su propuesta es inconstitucional.

 

Igual que con la anterior propuesta, el discurso del candidato tiene ciertas falencias. En primer lugar, afirmar que al permitir el porte de la dosis personal fortalece el microtráfico carece de un análisis serio de este fenómeno. Si bien hay académicos que señalan correlación entre ambos, otros sostienen que la evidencia disponible dista mucho de ser definitiva, por el contrario, meramente indirecta y sugestiva. Además, esta afirmación ignora otras posibles causas que pueden ser más relevantes en el análisis, como son: El aumento del consumo en Colombia, las nuevas formas de distribución apoyadas en las tecnologías de la información y la llegada a las ciudades de bandas criminales.

 

En segundo lugar, pensar que esta propuesta reducirá el microtráfico o afectará las bandas criminales es bastante ingenuo. Un estudio desarrollado por Uprimny, Chaparro y Cruz (2016) muestra que, de los 23.764 internos por delitos de drogas, por lo menos 78% lo están exclusivamente por delitos contra la salud pública, sin concurso con otra clase de delitos. Y, a partir de la premisa de que las personas judicializadas por algún delito de drogas, en la medida en que tengan una participación importante en una organización criminal deben también ser procesadas por concierto para delinquir, se concluye que estas condenas no afectan significativamente a las redes criminales. Una sanción administrativa tendrá un impacto incluso menor sobre las organizaciones criminales.

 

En tercer lugar, Duque resalta que el consumo de drogas ha aumentado, lo cual es cierto. Sin embargo, el candidato sugiere que esta medida busca proteger a familias vulnerables. Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, de las personas condenadas por delitos de drogas entre 2011 y 2014, el 30.71% de las condenas fueron por el verbo rector “llevar consigo” exclusivamente, es decir, por porte simple de drogas sin que se probara que las sustancias se estaban comercializando, transportando, almacenando o portando para otros fines distintos al uso. En algunos casos, incluso, se condenó a persona con posesión de cantidades inferiores o ligeramente superiores a la dosis personal. Lo anterior, aunado a que la mayoría de los presos condenados por estos delitos enfrentan situaciones de altísima vulnerabilidad (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2016), indica que los más afectados por las medidas punitivas son la población que él busca proteger.

 

La experiencia internacional ha probado que las medidas punitivas, como las planteadas por Iván Duque no son efectivas para reducir el consumo. Los mejores resultados se han dado con políticas de reducción de daño. Por ejemplo, muchos expertos destacan el trabajo llevado a cabo por Échele Cabeza, una iniciativa que da la opción a los consumidores de analizar el contenido de las drogas que piensan consumir para asegurarse que son de buena calidad, lo cual reduce el riesgo de ingerir sustancias que pongan en riesgo la salud del consumidor. Sin embargo, al prohibir el consumo y el porte de drogas se pone en riesgo la continuidad de servicios de este tipo.

 

Teniendo en cuenta que el consumo de sustancias psicoactivas es una realidad, proyectos como el mencionado son los que deberían estar proponiendo nuestros candidatos. En vez de retroceder a la prohibición debemos seguir avanzando hacia la legalización de la droga. Colombia no puede seguir abanderando una guerra perdida, es momento de probar nuevas alternativas.

 

Bibliografía

 

Camacho, A., Gaviria, A., Rodríguez, C. (2016). Drug consumption in Colombia. Documentos CEDE, 2016-36.

Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga (CESED). (2018) Boletín de consumo No. 7. Recuperado de: https://economia.uniandes.edu.co/images/archivos/pdfs/CESED/Boletin7CESED.pdf

Gutierrez, I., Tobón, S. (2017). El Gasto Fiscal de la Guerra contra los Portadores y Traficantes de Drogas Ilícitas: Una Aproximación para Colombia. Documentos CEDE, 2017-08.

Iregui-Parra, P. Palacios-Sanabria, M., Torres-Villarreal, M., Moreno, S. Triana-Ancinez, B. (2017) El Consumo de Drogas en Colombia: Una Reflexión desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Documentos CEDE, 2017-10.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia. (2017). III Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población universitaria de Colombia, 2016. Bogotá

Uprimny, R., Chaparro, S., Cruz, Luis. (2017). Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia. Documentos Dejusticia, 37.

Zuleta, H., Raisbeck, D. (2017). La guerra contra las drogas y el posconflicto.Ponencia presentada en Conferencia regional de Estudiantes por la Libertad Colombia, Bogotá, Colombia.

 

Autor entrada: Diego Pérez

Diego Pérez es estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Interesado en temas de economía internacional y seguridad.