Gasto, inflexibilidad y Constitución

El próximo cuatrienio en manos de alguien que expanda aún mas el gasto publico nos llevaría al suicidio tributario y al estancamiento económico.

 

(Imagen tomada de Semana https://bit.ly/2HudUFZ)

 

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Los impuestos han sido el tema por excelencia en la presente campaña presidencial, algunos candidatos insisten que la presión fiscal colombiana es insoportable, otros relatan que las finanzas publicas se deben manejar con equilibrio y los últimos manifiestan que hay que subirle impuestos a los ricos para “democratizar” la tierra, los saberes, el crédito, etc. Sin embargo, poco se habla del gasto publico y quienes hacen una leve referencia al mismo lo tocan de forma tenue, a pesar de que este debería ser el verdadero enfoque de la campaña.

 

El gasto publico en Colombia tiene varias particularidades. Según el informe de la comisión de expertos que diseñaron la reforma tributaria estructural, el puntaje Gini (indicador que mide la desigualdad) no baja cuando se le agrega gasto al Estado, sino que por el contrario aumenta. Es decir, el gasto publico en Colombia no es progresivo, sino que es regresivo. Lo que se complementa con lo dicho por la Comisión del Gasto, en relación con el gasto en pensiones, cercano a los $50 billones al año, que se concentra en su gran mayoría en mantener pensiones exorbitantes de altos funcionarios del Estado y regímenes especiales, que no pagan impuestos, mientras la gran mayoría de beneficiados apenas reciben pensiones entre 1 y 2 salarios mínimos. Esto es, usamos el gasto público en pensiones para darle mucho subsidio al rico y muy poco al pobre.

 

El gasto publico también es muy inflexible, pues casi el 75% está comprometido antes de que cualquier presidente pueda distribuirlo. Esta ha sido la principal característica que ha obligado a hacer reformas tributarias cada vez que las cuentas no cierran en el Ministerio de Hacienda y que nos ha llevado a duplicar el tamaño del sector público desde 1991. Hecho que coincide con la expedición de la Carta Política vigente y que es la principal causante de la inflexibilidad del gasto, puesto que el acuerdo social en esa constituyente impuso una serie de fórmulas para aumentar el gasto en educación, salud e incentivar descentralización. Esto, claro, sería brillante de no ser porque estamos en el puesto 57 de 72 países en todas las áreas de las pruebas PISA, tenemos un sistema de salud que jurisprudencialmente protege más que en los países nórdicos y mantenemos unas brechas regionales excesivas.

 

Lo anterior a pesar del aumento exorbitante del gasto, financiado por sucesivas reformas tributarias y, además, por una bonanza petrolera que no volveremos a ver en décadas. Y si se sustituyen las energías fósiles por renovables, podríamos decir que vivimos el ultimo súper ciclo de los recursos minero-energéticos de la historia. Es decir, el aumento del sector público fue financiado por fuentes no sostenibles en el tiempo, mientras que tenemos una Constitución diseñada al expansionismo infinito. Esta contradicción nos lleva al podio de las mayores tasas de tributación corporativa llegando al 70%, mientras que en países de la región esa misma tasa no supera el 50%. Sin mencionar que la presión fiscal es de casi el 30% del PIB, casi 10 puntos arriba del promedio regional. Lo que muestra un espacio para disminuir el tamaño del sector público en relación con nuestro nivel de riqueza.

 

Ahora bien, en distintos medios de comunicación expertos han resaltado la imposibilidad de bajar impuestos, han cerrado filas en que “todo el que lo proponga es un irresponsable”. Esta posición está arraigada en la inflexibilidad del gasto y en que cualquier cambio de esa inflexibilidad implicaría un consenso político muy alto, pues serían necesarias reformas constitucionales, que incluso, pueden no ser validadas constitucionalmente. En otras palabras, cambiar la estructura del gasto implica prácticamente cambiar la constitución, pues es difícil que la Corte Constitucional permita un cambio respecto a las formulas del gasto público, como eliminar regímenes especiales, acabar entidades que ejercen las mismas funciones o, incluso, avanzar sobre derechos adquiridos que comprometen gran parte del gasto público.

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que las fuentes de financiación han sido transitorias, cabe preguntarse si existen factores de producción que puedan mantener el crecimiento y sustituir la riqueza aportada por el petróleo. Este interrogante no parece tener una resolución satisfactoria, puesto que los niveles de productividad están estancados desde los años 70, mientras que en términos de libertad económica avanzamos de forma muy timorata, lo que lleva a que otros países que han tomado de forma decidida la realización de reformas para aumentar el crecimiento, ya nos hayan superado ampliamente en términos de riqueza.

 

No hay que irse muy lejos a fin de ver cómo Chile está un paso de ser un país desarrollado, mientras Perú ha superado la caída de los precios del petróleo prácticamente sin ajuste y hoy ya nos supera en términos de riqueza per cápita. Ambos países adoptaron de forma decidida la apertura comercial, la eliminación de la burocracia y el manejo sostenible del Estado. No obstante, mientras estos países han avanzado en términos de riqueza abriéndose al mundo, nosotros damos por sentado que tenemos muchos tratados de libre comercio y que debemos subsidiar a los cafeteros cada vez que el precio internacional cae. Dicho esto, la clase política no debería estar pensando en cómo financiar el gasto, sino por el contrario, cómo reducirlo para acercarnos a nuestros vecinos exitosos.

 

Por lo tanto, en la contienda presidencial deberíamos estar debatiendo cómo acabar las inflexibilidades del gasto, para mejorarlo y disminuir la presión fiscal existente. Los debates no deberían centrarse en “dónde invertir más” o “de dónde sacar más recursos”, pues lo cierto es que la calidad del gasto no es la mejor y el tamaño del sector público ya es demasiado alto. En otras palabras, se debería hablar más de gestión de los recursos existentes y de reformas verdaderas que incentiven la producción de riqueza, porque con un código de trabajo de los años 50, una burocracia que dificulta la operación empresarial, una complejidad tributaria que solo crea informalidad y un Estado sin fortaleza institucional para hacer cumplir las leyes hace ver oscuro el panorama hacia el futuro. Antes de pensar en entrar a la OCDE, el país debería pensar en cómo tener al menos, los mismos niveles de riqueza de Chile o México, ya que de nada nos sirve estar en un club de buenas prácticas cuando nuestro nivel de riqueza no es ni la mitad del promedio de dicho club.

 

El próximo 27 de mayo debemos escoger la dirección del país en el próximo cuatrienio. Esperemos que el próximo presidente tome, de forma decidida, las reformas constitucionales que hacen falta para imponer la disciplina fiscal que hoy tanta falta hace y al mismo tiempo, para mejorar la gestión estatal. De lo contrario, el próximo cuatrienio en manos de alguien que expanda aún mas el gasto publico nos llevaría al suicidio tributario y al estancamiento económico. Esa película ya pasó en América Latina con Perón en 1946 y sus replicadores, empezando con Chávez en 1998, donde en todos los casos sin excepción, lo único que se hicieron fue estancar el crecimiento, aumentar el tamaño del Estado y multiplicar el número de pobres.

Autor entrada: Mateo Martínez

Mateo Martínez
Mateo Martinez es estudiante de séptimo semestre de Derecho en la Universidad de los Andes y Senior´s founder de la Sociedad de Debate Uniandina. Fue el primer campeón del Torneo de Debate Uniandino. Ha participado como voluntario del programa Congreso Visible. Sus áreas de interés son el Derecho Publico, Fiscal y Patrimonial. @jmateo_martinez