Reforma a la Justicia, una necesidad urgente

 

Ante un rezago como el que presenta la justicia en Colombia, las respuestas saltan a la vista: Las TIC y la Inteligencia Artificial aplicada al Derecho.

 

(Imagen tomada de mediatelecom https://bit.ly/2H2j4LJ)

 

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El adecuado funcionamiento de las instituciones judiciales del país, así como el acceso a las mismas, es uno de los elementos o indicadores clave para medir su desempeño económico. De ahí la importancia de un apropiado y eficaz acceso y respuesta de estas instituciones para generar confianza, no solo de los ciudadanos en general sino de inversionistas, sean estos nacionales o foráneos. Por otro lado, se requiere que el Estado en desarrollo de su función legislativa, respete el principio de la seguridad jurídica con el fin de que los operadores jurídicos (jueces), en su labor de interpretación y aplicación de la ley a casos concretos sea inequívoca.

 

Lamentablemente, en un Estado como el colombiano caracterizado a lo largo de su historia de ser una enorme maquinaria burocrática, no responde a las necesidades del día a día de los ciudadanos. Basta ver, por ejemplo, la manera en que la Administración de Justicia opera para darnos cuenta la poca o nula credibilidad que ofrece el sistema judicial colombiano. Una justicia que más parece del siglo XIX, en donde todavía se le rinde culto al papel y a los interminables trámites, hace que no se vea con buenos ojos la resolución de cualquier conflicto antes estas instancias. Aun hoy, vemos despachos judiciales trabajando sin un computador o sin acceso a la Internet que genera, entre otras cosas, procesos interminables o aumento de trabajo y tiempo en desplazamiento simplemente para revisar los estados de los mismos.

 

Es cierto que, dentro del sistema jurídico colombiano contamos con algunas normas mediante las cuales el Estado ha pretendido sin mayor éxito la implementación de nuevas tecnologías, al respecto podemos mencionar la Ley 270 de 1996 que en el artículo 95 establece en líneas generales una política para implementar la tecnología en la justicia, la Ley 527 de 1999 de Comercio Electrónico o la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso que introdujo avances en cuanto a notificaciones a través de medios electrónicos o el Expediente Electrónico, avances que poco o nada se han hecho tangibles. Ante un rezago como el que presenta la justicia en Colombia, las respuestas saltan a la vista: Las TIC y la Inteligencia Artificial aplicada al Derecho. (Samacá González, 2016)

 

Frente a la implementación de diferentes tecnologías, se debe partir principalmente de dos supuestos: (i) la tecnología para mejorar el acceso y el servicio de justicia a los ciudadanos y (ii) la tecnología para mejorar la eficiencia de la Administración de Justicia. Que es básicamente lo que nos afecta a todos al momento de acudir ante el Estado para la resolución de algún conflicto. Por otro lado, el desarrollo de la Inteligencia Artificial en la actualidad es tan amplio, que ha llegado a permear diferentes disciplinas, como es el caso del derecho.

 

En la actualidad, se han venido desarrollando programas informáticos llamados Sistemas Expertos Jurídicos (SEJ) gracias a la Inteligencia Artificial. Un SEJ es “es un sistema computacional que puede plantear posibles soluciones a determinados asuntos jurídicos aplicando el conocimiento experto en la materia, así como explicar sus razonamientos. En general, se ha pretendido establecer estas aplicaciones como herramientas de apoyo para los operadores jurídicos en contextos tales como la asesoría o asistencia legal o la función jurisdiccional” (Bahena, 2012).

 

Estas herramientas, sin mencionar por ejemplo la Blockchain, son instrumentos que poco a poco se están adentrando más en la vida de las personas, en la forma como hacemos negocios y, claramente, está derrumbando paradigmas al interior del Derecho. Estos paradigmas, de los que ya se escuchan son, básicamente: (i) Que los robots reemplazaran a los abogados y que esto generará que los profesionales en derecho “nos quedemos sin trabajo” y, (ii) Que los robots reemplazarán a los operadores jurídicos (jueces) y, por ende, la Justicia pasará a ser simplemente una aplicación de alguna fórmula matemática.

 

Al respecto, cabe mencionar dos cosas: La primera es que, sencillamente, la tecnología no va a reemplazar al abogado, es éste el que va a desaparecer si no se adapta a la dinámica normal de la sociedad que va de la mano de una forma significativa, de la tecnología. Y la segunda, es que no podemos pensar en reformar la Justicia del país sin sacar el mayor provecho de las nuevas tecnologías. Esto es patente, cuando se analiza la congestión que viven los jueces y que, de forma irónica, sea han creado Jueces de Descongestión que viven con una alta carga de trabajo.

 

Con todo, la verdadera reforma a la justicia que necesitamos se debe plantear desde la óptica de mejorar el servicio y acceso al ciudadano y mejorar la eficiencia de la Rama Judicial. Pero dicha reforma no es como la han querido plantear los que defienden un Estado omnipotente y burocrático; como la pasada Reforma a la Justicia que se “hundió”, sencillamente porque se centraba en aumentar edad de retiro forzoso, sueldos y pensiones. Pero de mejorar el servicio y tener una Administración de Justicia del siglo XXI, nada.

 

PATA: Leyendo los programas de los actuales candidatos a la presidencia, poco o nada se plantea sobre este aspecto, lo cual hace prever que la situación no cambiará por lo menos en el corto plazo.

 

Bibliografía

 

Samacá González, A.F. (2016). Inteligencia Artificial aplicada al Derecho.

Martínez Bahena, G.C. (Septiembre/diciembre de 2012). Inteligencia Artificial y su Aplicación al Derecho.

Autor entrada: Jeisson Romero Infante

Jeisson Romero Infante
Jeisson Romero Infante es Abogado, Magíster en Derecho, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y emprendedor.