¿Súpercorte? Súperpeligro

 

En síntesis, los problemas de la justicia colombiana no están en la forma, sino en el fondo.

 

(Imagen tomada de El Tiempo https://bit.ly/2ICP85W)

 

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Hace unas semanas el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, presentó su propuesta de “fusionar” las Altas Cortes colombianas en un solo tribunal. En simples términos, propuso volver a la organización judicial de la Constitución de 1886. Esta propuesta, que no puede ser calificada distinto a un proyecto de contrarreforma constitucional, ha recibido el mayor número de críticas precisamente de la comunidad que, para muchos, es la más interesada en promover la propuesta: la comunidad jurídica.

 

Existen múltiples razones por las cuales la propuesta de crear una “súpercorte” es un desastre. En este artículo mencionaré solo algunos puntos, que considero son los más importantes para probar que fusionar nuestras Altas Cortes sería la estocada final para acabar con la Rama Judicial en Colombia.

 

Muchos de quienes defienden esta propuesta argumentan que la mayoría de los Estados en el mundo funcionan con un solo tribunal de cierre a nivel nacional. Como en muchos temas de la vida nacional, el ejemplo estadounidense ha sido mencionado; es decir, una Corte Suprema con pocos Magistrados. En Estados Unidos, la cabeza de la Rama Judicial Federal es la Corte Suprema, compuesta por nueve Magistrados. A pesar de lo que creen los defensores de la “súpercorte”, el ejemplo estadounidense no aplica a Colombia. Como bien queda claro desde el artículo 1º de nuestra Constitución de 1991, “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria”. Colombia es un país centralista, mientras que los Estados Unidos son un Estado federal. La Corte Suprema de los Estados Unidos es la cabeza de la Rama Judicial Federal, pero esta no es la única Rama Judicial en Estados Unidos, puesto que cada uno de los cincuenta Estados federados que conforman el país tiene su propia Rama Judicial, con su propia Corte Suprema estatal y sus propias cortes de primera instancia y de apelación. Además, los cincuenta Estados federados están repartidos en distritos judiciales federales, cada uno con su Corte de Apelaciones, y estos distritos están a su vez repartidos en once circuitos judiciales federales, cada uno con su Corte de Apelaciones. Estas últimas Cortes de Apelaciones de circuito judicial son el órgano directamente inferior a la Corte Suprema federal. ¿Qué implica esto? Que el grueso de los casos judiciales en los Estados Unidos no llegan al nivel federal, sino que son resueltos, y a veces apelados y vueltos a resolver, a nivel estatal. Muchos de los casos que llegan a instancias federales, no pasan de las cortes de distrito, mucho menos de las de circuito. Y de aquellos casos que habiendo llegado a la corte de circuito, son apelados para ser resueltos por la Corte Suprema federal, en promedio solo ochenta son escogidos por los Magistrados para su revisión anualmente.

 

Esto quiere decir que la congestión judicial, -que los defensores de la “súpercorte” mencionan como uno de los males de la justicia colombiana-, en los Estados Unidos, se queda a nivel estatal. En Colombia, la congestión judicial es un fenómeno que afecta a todos los tribunales, desde juzgados promiscuos hasta las Altas Cortes. Por ello, reducir las Altas Cortes a una “súpercorte” con pocos Magistrados al estilo estadounidense sería aumentar la congestión judicial todavía más. El modelo de la Corte Suprema de los Estados Unidos funciona porque se trata de un Estado federal. Este modelo de corte está condenado al fracaso en países como Colombia. De fusionarse las Altas Cortes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y sus inferiores jerárquicos no darían abasto, -hoy en día no dan abasto-, y mucho menos lo harían el pequeño puñado de Magistrados de la “súpercorte”.

 

Por otro lado, se ha propuesto que la “súpercorte” sea un tribunal con un número considerable de Magistrados, dividido en distintas salas, como por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Ciertamente, el Tribunal Supremo venezolano actualmente no es más que un ejemplo de todo lo que precisamente no es un tribunal de cierre, ni siquiera un simple tribunal. Pero más allá de lo irónico que suena que sectores de la derecha estén proponiendo importar la organización judicial de Venezuela a Colombia, ya que se puede argumentar fácilmente que importar el modelo de organización no implicaría importar los defectos del Tribunal venezolano, originados no en su estructura sino en sus integrantes; el hecho es que hacer este cambio no produciría ningún efecto real, y no sería más que un mero cambio simbólico, y un inútil desgaste del tiempo del legislador. El número de Magistrados sería igual al que tenemos hoy en día, porque se sumarían los nueve Magistrados de la Corte Constitucional, los veintitrés de la Corte Suprema de Justicia y los trece del Consejo Superior de la Judicatura, e incluso si se quiere los treinta y un Consejeros de Estado. Lo único que cambiaría es el nombre del tribunal al que dichos Magistrados pertenecen. Nada cambiaría, y se gastarían recursos inútilmente.

 

Desde 1991, tras la entrada en vigencia de la Constitución, esta es la norma de normas. La Constitución es la ley suprema del ordenamiento jurídico colombiano. El artículo 4º, que es el que establece esta supremacía, indica que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y otra norma, ha de primar la Constitución. De este y otros artículos de la Constitución emerge la figura del control de constitucionalidad, que desde 1992 viene siendo realizado por el tribunal creado por la Constitución para dicho fin: la Corte Constitucional.

 

Este hecho, la supremacía de la Constitución, es otra razón por la cual la creación de la “súpercorte” es problemática, desde mi punto de vista. En un Estado Social de Derecho, como Colombia, en el que la Constitución es norma de normas y existe la figura del control de constitucionalidad para garantizar precisamente la vigencia de dicho Estado Social de Derecho, es necesario que dicho control de constitucionalidad sea hecho por un tribunal creado para ese fin. La labor que implica dicho control es tan grande que debe reposar en un tribunal que se dedique única y exclusivamente a ello.

 

Esta tendencia a establecer tribunales constitucionales es característica del constitucionalismo contemporáneo. Se remonta incluso a principios del siglo XX, cuando se crea el Tribunal Constitucional austríaco, bajo el liderazgo de Hans Kelsen. Hoy en día multitud de países tienen tribunales constitucionales, entre los que se pueden destacar la Corte Constitucional de Sudáfrica, el Tribunal Constitucional de España, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, la Corte Constitucional de Corea del Sur, la Corte Constitucional de Italia, el Consejo Constitucional de Francia, el Tribunal Constitucional de Bolivia o la Corte Constitucional de Rusia.

 

Entre todos estos tribunales, e incluso entre tribunales nacionales únicos que ejercen control de constitucionalidad, nuestra Corte Constitucional se ha consolidado en estos veintiséis años como un referente indiscutible en Derecho Constitucional Comparado. Aclaro, la Corte Constitucional de Colombia no es perfecta. ¿Tiene defectos? Sí. ¿Tiene sentencias nefastas? Sí. ¿Hay casos en los que ha generado más dudas que respuestas? Sí. Pero, no cabe la menor duda de que el balance positivo de la labor que ha hecho la Corte Constitucional en su historia es mucho más grande que el balance negativo. Tenemos que preservar nuestra Corte Constitucional. La labor de velar por la integridad de la norma de normas, de defender el Estado Social de Derecho, de revisar el elemento sui generis de nuestro sistema, -la acción de tutela-, no puede ser relegada a la categoría de ser una entre las muchas otras funciones de un tribunal. Esta labor fundamental debe recibir toda la atención y el trabajo que merece; elementos que solo recibirá si el tribunal que la realiza se dedica de forma exclusiva a esto.

 

Los problemas de la justicia colombiana no se encuentran en el número de cortes que tenemos. Los problemas de la justicia se encuentran en otros rincones menos evidentes a los ojos del no-abogado. Los problemas de la justicia colombiana están en el abuso de la acción de tutela, que ha sido desnaturalizada por la desinformación y la práctica poco ética de algunas personas, y que congestiona los juzgados. Los problemas de la justicia colombiana están no en el número de sus cortes, sino en el método de elección de algunos de sus Magistrados. El problema está en el origen político de los Magistrados de la Corte Constitucional, que son obligados a venderse como mercancía atractiva a los intereses políticos de los Senadores, en lugar de ser considerados para el cargo por sus aptitudes como juristas. El problema está en el origen político de las nominaciones al sistema de cooptación de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que están en manos del Consejo Superior de la Judicatura; institución que ni siquiera debería existir actualmente. En síntesis, los problemas de la justicia colombiana no están en la forma, sino en el fondo.    

 

No estoy diciendo, entonces, que no se deba reformar la justicia. Claro que se debe reformar. Cada día el problema de nuestra justicia es más grande. Colombia debe ensayar la reforma de la justicia. En palabras de Don Álvaro Gómez Hurtado: “Colombia es un país joven que tiene que ensayar, debe ensayar. No puede limitare a las únicas oportunidades que no tengan peligro, porque los peligros se nos vinieron encima, y para contrarrestarlos no bastan las posturas timoratas”.

 

Estas palabras, pronunciadas el día que se clausuró la Asamblea Nacional Constituyente y se promulgó la Constitución de 1991, muestran precisamente el espíritu de nuestra Carta Política. Colombia debe ensayar, y por ello el objetivo de la Constitución de 1991 siempre es avanzar, progresar. Una propuesta de contrarreforma no cabe dentro del espíritu de la Constitución. 

Autor entrada: Jordi Enrique Buitrago Soetendal

Jordi Enrique Buitrago Soetendal
Estudiante de Derecho y Economía con Opción en Periodismo de la Universidad de los Andes, egresado del Liceo Francés Louis-Pasteur. Interesado en Derecho Constitucional, Derecho Laboral y Derecho Penal Internacional.