La injusticia de la Justicia en Colombia

(Imagen tomada de La Silla Vacía http://bit.ly/2vADy5n)

 

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de la Revista John Galt.

 

En el 2012, Sigifredo López es capturado por la justicia colombiana, después de una orden de la Fiscalía que lo acusaba de coautoría de secuestro y posterior homicidio de los 11 diputados secuestrados y asesinados por las FARC-EP en 2007. Sigifredo, quien había sido capturado junto con sus compañeros, fue nuevamente privado de su libertad, esta vez por vías legítimas. La investigación contra el exdiputado fue cerrada luego de no haber encontrado prueba alguna en su contra y el Consejo de Estado obligó a la Fiscalía a indemnizar a Sigifredo con la suma de $577 millones, por los daños y perjuicios causados a su honra y buen nombre.

 

El caso del exdiputado López tuvo mucha resonancia en su momento, lo que ayudó a que su situación fuera visible para la sociedad colombiana. Pero lo cierto es, que casos como este no son aislados y mucho menos escasos. Según cifras del periódico El Tiempo, solo por condenas injustas de los últimos 4 años, la Fiscalía tiene un saldo pendiente de $477.000 millones en razón de las indemnizaciones ordenadas por el Consejo de Estado, a las personas que han sido víctimas de capturas injustificadas.

 

Es importante mencionar que el saldo pendiente solo cubre las demandas que ya han sido falladas a favor de los demandantes y que, a fecha de 2016, existen 15.123 demandas contra la Fiscalía, que aún están en trámite, de las cuales el 64 % corresponde a demandas por capturas injustificadas.

 

Desde hurto, narcotráfico, falsificación de documentos públicos, homicidio y hasta terrorismo, son delitos arbitrariamente adjudicados a personas del común, que después de una corta investigación, son declarados no culpables y sus investigaciones son cerradas, puesto que no se encuentran pruebas reales y contundentes para ni siquiera haber tenido lugar una acusación y, mucho menos, una captura por muy corta que fuera.

 

El Consejo de Estado ha exhortado a la Fiscalía en reiteradas sentencias, a tener más cuidado y prudencia al momento de abrir investigaciones y exigir capturas a los jueces a diestra y siniestra sin tener bases sólidas y fundamentadas para llevar a cabo este tipo de acciones. Y si bien se ha procurado realizar capacitaciones a los abogados que fungen como fiscales de la Nación, lo cierto es que las cifras de capturas injustificadas que deben ser posteriormente indemnizadas siguen en aumento.

 




Hay que resaltar que la Fiscalía procura desempeñar su labor de forma eficiente, con los recursos limitados con los que cuentan la mayoría de las instituciones estatales en Colombia. Pero lo cierto es,  que muchas veces estas capturas tienen su origen en agendas políticas o con la intención de mostrar resultados, en vez de procurar aplicar la justicia de nuestro ordenamiento jurídico. Puesto que las investigaciones preliminares son llevadas a cabo de forma apresurada y sin mesura, estas terminan siendo el verdugo de inocentes o, para ser jurídicamente correcta, de personas no encontradas culpables.

 

Resulta irónico pensar que los colombianos nos impresionamos y lamentamos la situación actual de Venezuela, en donde las instituciones de la Rama Judicial se encuentran sesgadas por el régimen del Chavismo y sirven como instrumento de opresión contra la oposición. Pero no nos damos cuenta que nuestra propia justicia incurre en las mismas prácticas, con bastante frecuencia.

 

Muchos pensarán que la problemática entre los dos países no es comparable porque la justicia en Venezuela se encarga de eliminar a las figuras más fuertes de la oposición venezolana y con mayor campo de acción, como lo tiene un Alcalde de Caracas, mientras que en Colombia las capturas injustificadas solo se dan a personas del común que no ocupan cargos en el gobierno o, que si lo hacen, no son altos cargos dentro de la jerarquía estatal.  En lo que a mí respecta, en cuestión de derechos humanos y de violaciones a los mismos como lo es una privación injustificada de la libertad, no tiene importancia alguna si se trata de un Alcalde o Gobernador como en Venezuela, o si como en el caso colombiano, se trata de un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como por ejemplo un Registrador Especial de alguna de las capitales de nuestros departamentos.

 

A mi parecer la Fiscalía debería tomar medidas más contundentes para combatir las aperturas de investigaciones arbitrarias que conllevan a órdenes de capturas injustificadas y posteriormente a cifras exorbitantes en pago de indemnizaciones a los ciudadanos que sufren las consecuencias de estos actos. Si bien las capacitaciones a sus funcionarios es un buen inicio, el control que ejerza la institución sobre los mismos debe ser más efectivo.

 

De lo contrario, seguirá ocurriendo que los instrumentos con que cuenta nuestra justicia seguirán siendo utilizados por los poderosos de la política para llevar a cabo sus vendettas o para hacer cumplir sus intereses personales. Y, por esto, los más afectados como siempre, terminamos siendo los ciudadanos del común, que podemos ser capturados sin fundamento alguno y/o que terminamos pagando de nuestro bolsillo, con la recaudación de impuestos, las grandes sumas de indemnizaciones que actualmente debe y deberá la Fiscalía.



Autor entrada: Daniela González

Daniela González
Daniela González es estudiante de Derecho y Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad de los Andes. Participa en Modelos de Naciones Unidas. Le apasiona los derechos de las mujeres, animales y las minorías.