La insensatez de un cobro de valorización en Bogotá

(Imagen tomada de Cámara de Comercio de Bogotá http://bit.ly/2tYKesi)

 

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La Alcaldía Mayor de Bogotá ha venido anunciando, en las ultimas semanas, que se avecina un nuevo cobro de valorización para los bogotanos. Ante tal anuncio resulta pertinente reflexionar acerca de la conveniencia de este cobro a la economía bogotana. En primer lugar, cabe destacar que la valorización es un instrumento legal que tienen los entes municipales para financiar mejoras de infraestructura, obras que deben dar un mayor valor a las zonas que son afectadas con el cobro. Evidentemente este solo afecta a los propietarios del suelo y, como mencionaba el alcalde en un medio de comunicación, la ciudad la ha utilizado en más de una veintena de oportunidades. Sin embargo, cabe destacar que la Contraloría Distrital, en un reciente informe, mencionó que de las ultimas 4 valorizaciones cobradas en los últimos 12 años, solo se han ejecutado alrededor de 41 de más de 140 obras, es decir, apenas el 22%, entre estas estaba el deprimido de la 94, que, el pasado 14 de Mayo de 2017, se inundó por una falla humana. Adicionalmente, aún quedan más de $465mil millones guardados en bancos para terminar obras.

 

Esto demuestra que los cobros de valorización, en los últimos años, han sido hechos con completa improvisación, sin ningún compromiso de parte de las administraciones para ejecutar las obras y que se han cobrado sin la debida planeación. Volviendo al deprimido, este se planeó en $54 mil millones y terminó valiendo la absurda cifra de $180 mil millones, más del triple. Entonces el cobro de valorización que pretende recaudar alrededor de $1,4 billones, y que no será cobrados en estratos 1,2 y 3 -algo populista entre otras cosas-, empezará en $1’600.000 por predio y terminará en la elevada cifra de $5’200.000.

 




En un contexto donde la ciudad está enfrentada a una evidente desaceleración económica, se está asimilando el coletazo de la última reforma tributaria y que además existe una generalizada baja confianza del consumidor, junto con una asfixia económica que el Banco de la República apenas está empezando a aliviar, el diseño de este cobro de valorización es una medida absolutamente retrógrada que va en contra de la economía de la ciudad.

 

Pero sin duda lo más preocupante de este cobro de valorización, hasta el momento, es que más de $700mil millones se pretenden destinar para terminar de financiar la futura troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima. Sin duda una obra estratégica con tanta relevancia que incluso Harvard, en su Escuela de Gobierno, la estudia como un caso de fracaso para implementar políticas publicas de transporte. Por esto resulta completamente inexplicable que después de tantos atrasos, el alcalde haya dejado su financiación en manos de un impuesto impopular, inoportuno y además exagerado. La gerencia, queda cada día más como una falsa imagen de campaña, y no como una cualidad real de la actual administración, llena de secretarios demasiado estudiados pero que no tienen cercanía ni con el portero de sus conjuntos.

 

La confluencia de todos estos factores es una ciudadanía que está agobiada y muy molesta, donde el cobro de valorización es solo un leño más en la llama de la indignación. En síntesis, el ambiente político no está para caerle a los bogotanos con un impuesto adicional a todos los que ya se están pagando.

 

Por otro lado, la imagen del gerente, Enrique Peñalosa, está derrumbándose a pasos agigantados, debido a que dentro del plan de desarrollo solicitó una serie de aprobaciones encaminadas a financiar los grandes proyectos de infraestructura que tendrá la ciudad. Mas allá del debate político -desgastante además- alrededor de si la venta de la ETB o la apertura accionaria de la Empresa de Energía son convenientes, lo cierto es que se aprobaron dichas enajenaciones a la administración, las cuales un año después de aprobadas apenas se está empezando a adelantar los procedimientos para hacer efectivos los ingresos -además, con suspensión judicial de la venta de ETB de por medio- Dichas enajenaciones pueden representar casi $4 billones en ingresos para la ciudad.

 

Por otro lado se aprobaron cupos de endeudamiento para adelantar el Metro, Transmilenio y Alimentadores, que en conjunto con la nación son más de $12 billones. Eso sumado a los $17 billones de presupuesto que tiene el distrito al año, deberían ser suficientes para poder ejecutar obras estratégicas. Sin contar que hay un proyecto de endeudamiento por $3.1 billones para acueductos. En resumen, la Alcaldía tiene de sobra de dónde sacar plata, pues todo lo que ha pedido se le ha concedido.

 

Lo preocupante es que después de más de 17 meses de mandato, los ciudadanos aún no ven que se haya abierto un solo hueco para una obra de infraestructura propia de este gobierno. Es cierto que existen rezagos del caos administrativo que dejó la administración anterior, como también es cierto que se requieren estudios para las grandes obras. Pero lo que deja un sin sabor muy grande a la ciudadanía es que los 17 meses son más de la mitad del tiempo que duró el alcalde Enrique Peñalosa en 1999. Ahora, en su versión 2017, la ciudad no ha avanzado nada, ahora aunque con 12 meses más para recuperar Bogotá, parece que el Alcalde se está tomando las cosas sin prisa. Resulta completamente insensato que un gobierno, que aún no muestra resultados, le esté pidiendo dinero a los ciudadanos por medio de un cobro que históricamente solo ha probado su ineficiencia y corrupción. Es insensata esta valorización. Si el alcalde quiere recuperar la confianza de la ciudadanía y espantar los fantasmas de la revocatoria, debería actuar para lo que fue elegido: Hablar poco, ejecutar y construir.

 

Adenda: Sería muy adecuado aplicar un cobro de tipo llave en mano, donde los ciudadanos paguen por obras efectivamente ejecutadas, para evitar sobrecostos y déficits futuros. Esta propuesta no es propia, sino que proviene del mismo Secretario de Gobierno, que en sus épocas de Concejal Liberal, pedía dicha metodología al exalcalde Gustavo Petro. Además que si Transmilenio por la séptima es la maravilla que predica el alcalde, los ciudadanos pagarían felices. Pagar hoy $5,2 millones por obras que están en el papel es una arrogancia e insensatez del alcalde Peñalosa.



Autor entrada: Mateo Martínez

Mateo Martínez
Mateo Martinez es estudiante de séptimo semestre de Derecho en la Universidad de los Andes y Senior´s founder de la Sociedad de Debate Uniandina. Fue el primer campeón del Torneo de Debate Uniandino. Ha participado como voluntario del programa Congreso Visible. Sus áreas de interés son el Derecho Publico, Fiscal y Patrimonial. @jmateo_martinez