Alianza Verde: un partido ‘no’ populista con intención de serlo

(Imagen tomada de El Universal http://bit.ly/2vCCA86)

 

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de la Revista John Galt.

 

Se hace llamar el más centro de los centros de la política colombiana, pero en lo poco de duración como partido político lo único centro ha sido su color verde neutro.

 

El Partido Verde o ahora Alianza Verde (por su alianza con una rama del movimiento político Progresistas, de ideología política de izquierda pura).

 

Para ser sinceros, el Partido Verde se caracteriza principalmente por sus miembros, y estos, por decirlo de la manera más coloquial posible, van para donde sople el viento.

 

Mientras que aun recordamos claro las cabezas de sus fundadores: Enrique Peñalosa, que ha pasado de conservador a independiente, a liberal, a independiente, a verde, a independiente; Antanas Mockus, que empezó como un político independiente, luego avalándose por la ASI (Alianza Social Independiente, un partido político de carácter principalmente indígena); y Luis Eduardo Garzón, que tuvo hasta el 2011 su carrera política (incluida la Alcaldía Mayor de Bogotá) en el Polo Democrático Alternativo, pero que también decidió unirse a los verdes.  Ahora cuentan con cabezas como Antonio Navarro Wolf, respetable Exgobernador del Nariño, exmilitante del M-19 y del Polo Democrático y Claudia López, alguien que, si bien apenas empezó su carrera política, en estos 3 años con el puesto de senadora, con sus pensamientos y aptitudes ha demostrado tener características, proestatales y populares.

 

Este partido, en cabeza de Claudia López, ha encabezado algo que llaman “los 7 mandatos anticorrupción”, que en sí, en busca de llamar la atención de los colombianos de a pie, son más una humareda que no resuelve ni resolverá nada y que incrementa la presencia del Estado en cosas que no tiene la capacidad de hacerlas.

 

Para profundizar un poco más, se pueden tumbar los “7 mandatos” de la siguiente manera:

 

1. Reducir de 40 a 25 salarios mínimos el sueldo de los congresistas:

 

Colombianamente hablando, sí, los congresistas tienen un sueldo mucho más alto en comparación al promedio de la población colombiana. El problema está cuando dentro de sus argumentos para reducir este monto se compara con un salario mínimo (alguien que gana un salario mínimo no ha tenido los gastos de educación, representación y mérito que han obtenido estas personas, para bien o para mal, para llegar a ser electas congresistas), no se reconoce el costo que se tiene ser político en este país (campañas especialmente), y lo más racional, ¿cómo es posible que si una persona recibe un menor salario, el interés por ser corrupto o por tener unos ingresos mayores, por otra parte, ya que su sueldo no es suficiente, se disminuya? No digo que hay que darles más para que roben menos, pero no es lógico.

 

2. Cárcel común, sin ningún beneficio, a corruptos y cancelar sin indemnización todos sus contratos con el Estado:

 

Eso no debería ser un punto, eso debería estar en el código penal, en todos los contratos públicos dentro de sus cláusulas de causalidad de terminación del contrato, pero triste o no se debe limitar la cárcel por el monto de falsificación que se hizo.

 

3. Todas las entidades públicas y territoriales deberán usar pliegos estandarizados para evitar la manipulación de requisitos y la contratación a dedo:

 

Según la ley 80 de 1993 se establecen parámetros mínimos de contratación que, dependiendo de su modalidad, tienen ciertos requisitos. Lo que sucede es que hay veces que los requisitos son tan específicos que en verdad solo un tipo de oferente puede proveer lo que el Estado necesita. Esto deberá ser más aplicable a ciertos puestos que suelen ser de libre nombramiento y remoción. Como puede ser los puestos diplomáticos donde hay una gran cantidad de funcionarios capacitados en carrera diplomática, pero se dan esos puestos a celebridades o amigos personales por favores políticos.

 

4.Obligar que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y nacional se desglose y priorice en audiencias públicas:

 

Cada entidad territorial es autónoma de su presupuesto en inversión y está acogido al plan de gobierno y el plan de desarrollo que los concejos, gobernaciones o congreso aprueben en su respectivo caso, esto cae solo por ser inconstitucional.

 

5.Congresistas deben rendir cuentas sobre su asistencia, votación, gestión legislativa y política:

 

En teoría, ya pasa. Todos los días, en todas las plenarias o comisiones, se llama a lista y se tiene en cuenta quién está presente o no. En cuanto a su votación de los proyectos de ley, siempre queda constancia pública de cómo fue la votación, está presente en la página del congreso. Y en cuanto a su gestión legislativa y política, sinceramente, de acuerdo con las lógicas democráticas, las personas elegidas popularmente deben rendir cuentas a sus electores y rendir de acuerdo con su puesto a ejercer; en el caso de un congresista, está en el sentido de presentar proyectos de ley o apoyarlos… no más. Lo que sucede con estos puntos es que… en verdad al público no le importa, nunca se está pendiente de quién voto qué o con quién, a menos de que se tenga intereses de por medio nunca se está pendiente de ello. Además, una cosa es decir que deben rendir cuentas y otra cosa es decir que debe haber una transparencia política en su cargo como congresista. Es decir, a quiénes representa, quiénes fueron sus votantes, cuáles son sus intereses, qué posición política tiene frente a ciertos temas, funciona en partidos grandes o en partidos estrictamente jerarquizados dentro de las cámaras, como el Centro Democrático, donde la cabeza decide los movimientos del partido.

 

6.Hacer públicas las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés de todos los elegidos por voto popular:

 

En principio esto atenta contra la propiedad privada y la privacidad, sin embargo, puede ser viable si se acepta, sin embargo, esto va relacionado con el punto anterior: TRANSPARENCIA.

 

7. Limitar al máximo 3 periodos la permanencia en las corporaciones públicas como concejos, Asambleas, Cámara de representantes y Senado:

 

En vez de esto, ¿no es más viable reducir el monto de pensión que obtiene los congresistas luego de cumplir con su cargo?

 

Si se quiere reducir el gasto público, por qué no hacerlo como todos los colombianos, una cotización de un porcentaje del monto de su salario durante esos 4 años. Y no $15 millones de pensión vitalicia.

 

Por otro lado, este punto también está en la reforma de participación política y electoral. No ayuda en sí a la corrupción, pero sí a una renovación de cabildantes y de ideas que puedan llegar a las cámaras del congreso en pro del país.

 




Lo increíble es que ninguno de estos puntos en serio ataca la corrupción y, el costo que esto representa para el país, de hecho, aumenta el gasto público.

 

La Procuraduría General de la Nación afirma que la corrupción le pasa a Colombia una factura equivalente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), ante lo cual se estaría hablando de unos $32 billones.

 

Y el contralor general, Edgardo Maya, según el cual afirma que la corrupción le cuesta al país $50 billones al año: casi un billón de pesos por semana.

 

Hagamos un poco de cuentas, supongamos que los 269 miembros de las cámaras del congreso son corruptos, y que estos recibieron $4,9 millones de dólares cada uno (esta suma es la que recibió Otto Bula como soborno de la compañía Odebrecht), estos son unos $13 mil millones por cabeza. Eso daría un costo de corrupción de $3.4 billones. Esto representa solo el 6,9% del costo que genera la corrupción en el país.

 

Ahora, supongamos que la reducción del sueldo de los congresistas sea para recuperar este monto, esto representa cerca de $103 mil millones, eso no es ni cerca del 0,3% del costo de corrupción.

 

Y eso que estamos suponiendo que 269 personas electas popularmente toman $13 mil millones ilegalmente en 4 años de gobierno.

 

Lo mejor para reducir la corrupción es reducir el gasto público del Estado, eliminar la gran cantidad de entidades que solo generan cargos burocráticos, complicando los trámites y posibilitando mayores posibilidades de corromper los procesos públicos para beneficio personal.

 

Pero claro, la mejor técnica para atraer a los de menores recursos es identificando a un enemigo, en este caso los ricos, y en especial los ricos fraudulentos.  El Partido Verde es como un medio escalón, es como el pregrado del congreso, es un espacio de prueba para algo más. No sería sorprendente ver a Claudia López formar un movimiento o partido político independiente de tendencia izquierda si el Partido Verde no la apoya después de su muy posible derrota en las presidenciales.

 

Pero como se ha dicho en un principio, son aquellos que se mueven para donde sople el viento.



Autor entrada: Julián Camilo Valencia Gómez

Julián Camilo Valencia Gómez
Julián Valencia es estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en asuntos políticos internacionales. Le interesa el desarrollo sostenible, la capitalización de entidades públicas en mercados internacionales, así como las alianzas público privadas (APP).