Violencia contra la mujer: Bogotá, Colombia

(Imagen tomada de República http://bit.ly/2tBLllU)

 

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Durante el 2016, tan solo en Bogotá se presentó la alarmante cifra de 10.664 casos de violencia contra la mujer por parte de sus parejas. En un país donde el pan de cada día consiste en casos como el publicado el pasado 21 de junio por la Revista Semana, en el que una mujer es atacada brutalmente por su compañero sentimental, evidenciando claramente que la violencia contra la mujer, en diferentes modalidades, va en ascenso. Además, en comparación con el 2015, el año pasado hubo un aumento del 22% en los casos de feminicidio en el país, incrementando también la violencia intrafamiliar y sexual en porcentajes similares, según reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal.

 

Ahora bien, con respecto a la legislación, han sido decretadas dos leyes básicas para referirnos al tema de violencia contra la mujer en Colombia, siendo estas la Ley 1257 del 2008, estipulando el papel del Estado en la sensibilización, prevención y sanción de acciones contenidas en este delito. También, reconoce los derechos de las víctimas y estipula el rol de la sociedad (artículo 15 de la norma), el cual, como se planteará más adelante, se ha quedado corto. La anterior, acompañada de la recientemente decretada Ley “Rosa Elvira Cely”, que tipifica el feminicidio como delito autónomo. Es decir, la norma está, sin embargo, los casos de maltrato y discriminación de la mujer incrementan. ¿En qué estamos fallando?

 

Como es común en nuestro país, lo escrito en la norma se queda sobre el papel. Lo anterior se demuestra con las estadísticas aportadas por la Fiscalía General de la Nación que reflejan cómo, en los últimos 10 años, cerca del 90% de los casos relacionados con feminicidio quedan impunes. Convirtiendo la inefectividad del Sistema Judicial en uno de los factores que promueve el fracaso de las leyes. Es acertado decir que su base es la falta de conciencia por parte de los operadores jurídicos y su incapacidad para reconocer la importancia de este tipo específico de violencia, que se sitúa como un problema de salud pública y, asimismo, como una violación a los derechos humanos.

 





Casos como el de Daniela Melo, modelo de Ibagué que fue brutalmente agredida por su novio con golpes y heridas en el cuello con fragmentos de vidrio, nos demuestran que nuestra legislación está en manos de unos promotores de justicia incapaces de comprender la magnitud de un crimen como este. Evidenciando, como en este caso específico, que nuestros funcionarios son tolerantes con la violencia y buscan conciliaciones monetarias entre el abusador y la víctima, en un intento de pagar por el silencio de esta última, dejando así, como último recurso, la sanción penal. Así como cuenta Daniela Melo, a quien el fiscal del caso le dijo “haga un arreglo económico con él, no le pida mil millones que eso es mucho pero arregle”.

 

Entonces, es claro que debemos aumentar la efectividad de la respuesta de la justicia y dejar de ser cómplices de las agresiones en una sociedad donde se ha naturalizado la violencia. Hay que comprender que, hoy en día, sigue existiendo la inequidad entre géneros y las mujeres seguimos siendo vistas como seres que deben estar bajo el control de un hombre, hombre que hace uso de la violencia para manifestar su supuesta autoridad.

 

En consecuencia, vivimos en una sociedad donde los hombres han perpetuado históricamente su dominio de forma violenta generando así, dinámicas sociales a las que respondemos de forma inconsciente. Y muestra de esta situación, es la concepción de nuestros gobernantes, quienes se suponen la representación del pueblo. Los mismos que se refieren a este tema como el Concejal Conservador, Ramón Cardona quien dice que “las mujeres son como las leyes, para violarlas”. También, como la ex-Senadora, Liliana Rendón con el tan sonado caso del ‘Bolillo’ Gómez hace unos años, quien asegura que la violencia contra la mujer está justificada, porque si un hombre agrede es porque “ella lo provocó, se lo ganó”.

 

Es así como nuestros dirigentes, y con ellos, los legisladores, minimizan el acto violento contra el género femenino hasta que en los hogares colombianos se percibe con naturalidad y dejamos de exigir sentencias justas para los agresores y asesinos, justificando sus actos. Por ello, es fundamental demandar por el cumplimiento de los deberes constitucionales, la defensa de los derechos humanos y la implementación del enfoque de género, de lo contrario, seguiremos por el mismo mal camino.

 

Fallamos como sociedad, promoviendo la normalización de la violencia y la revictimización, disminuyendo la eficacia de la justicia, atentando contra los derechos humanos, les fallamos a las 204 mujeres víctimas de agresión en lo que va del 2017.




Autor entrada: Daniela Romero

Daniela Romero
Daniela Romero es estudiante de Medicina en la Universidad del Rosario. Apasionada por la salud y la política. Feminista.