La solución a la corrupción es menos Estado

 

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Desde tiempos bíblicos se dice: “no hay nada nuevo bajo el sol”. La corrupción continúa y los políticos empiezan a condenarlo, como se ha hecho desde que el Estado es republicano y se forjó la idea según la cual el patrimonio no es del rey, sino del pueblo que elige a sus líderes.

 

El Estado se alimenta precisamente del dinero que les exige a los habitantes de su jurisdicción por medio de impuestos, multas, permisos y demás métodos que tienen el común denominador de ser coercitivos. La diferencia con el Antiguo Régimen, es que se supone que, en la actualidad, estos recursos serán utilizados para “nuestro bien” y por lo menos –ya que fueron obtenidos por la fuerza en detrimento de los ciudadanos- se espera que se utilicen para lo que dijeron que iban a utilizarse, y no para formar parte del patrimonio privado de alguien o algunas personas por su decisión arbitraria.

 

Los políticos, aprovechando que los escándalos de corrupción surgen de manera casi permanente, buscan imponer este tema en la agenda pública –sobre todo cuando se acercan las épocas de elecciones—, autoproclamarse como quienes por fin van a darle una solución definitiva: solo necesitan estar ellos ahí, en el control de mando.

 

Tenemos así a varios políticos que se tildan de impolutos políticos y de originales proponentes para acabar con la gran enfermedad del país que es la corrupción.

 

Destacan entre ellos, la senadora y precandidata a la presidencia, Claudia López, que insta a la guerra anticorrupción como su estandarte de campaña. Con la  propuesta de más leyes para controlar la corrupción y su perfil de persona incorruptible, vende sus municiones a los ciudadanos como la mejor candidata para atacar este problema. Sin embargo, fuera de su discurso emocional, que llena de indignación a quienes la escuchan, sus propuestas no tienen nada de nuevo y son, por lo tanto, totalmente inútiles.

 

Propone que los congresistas hagan declaración de Bienes y Rentas; algo muy necesario, es verdad, sin embargo esto ya existe desde 1995 con la Ley 190 para todo servidor público, incluyendo de los congresistas.

 

Plantea que todo congresista realice una rendición de cuentas; controles muy necesarios para una república, pero, igual que en el anterior punto, esto ya existe: es totalmente público la manera en que un congresista participa en una votación, su asistencia y los controles políticos que invoca.

 

Sostiene López que nuevas reformas para la contratación pública son necesarias, como si no se hubieran machacado, regulado y sobrerregulado incontables veces estas normas. Pero claro, solo hace falta una regulación más para desaparecer el problema, seguro piensa ella.

 

O que lo que faltaba para hacerle frente a la corrupción es endurecer las penas, en el tercer país con más impunidad en el planeta.

 

Y la cereza del pastel. Que la corrupción finaliza si se reducen los salarios y los periodos de los congresistas. Pese a que es una propuesta populista, sería interesante reducir el gasto a las personas que buscan controlar nuestras vidas; sin embargo no existe conexión entre un objetivo anticorrupción y la reducción de salarios.

 





También podemos mencionar a otros políticos como Jorge Enrique Robledo o Álvaro Uribe Vélez, que despotrican en contra de la corrupción, pero cuyas propuestas no resaltan por su originalidad, riesgo o radicalidad.

 

Al final, la solución está inherente en ellos. Lo que hace falta es que ellos sean presidentes de Colombia porque como seres sin mácula, sus administraciones serán asépticas y sin rastro de corrupción. Es el nivel de megalomanía propio de políticos; como bien mencionaba Hayek, la fatal arrogancia de creer tener el control del caos de corrupción que es el Estado.

 

Una solución a la corrupción tiene que ser de fondo, y no de forma. Cambios normativos en contratación pública o el cambio de la persona que asume la presidencia son cambios de forma; un cambio de fondo debe ser estructural al Estado.

 

Entre más poder se le dé al Estado, este tendrá mayores libertades para actuar de manera corrupta. Entre más dinero se le entregue vía impuestos, mayores serán las oportunidades que tendrán los funcionarios para hacer y deshacerse en sus propios proyectos y ambiciones privados con el dinero de los contribuyentes.

 

Es ingenuo pensar que los agentes del Estado se convierten en personas justas o venerables cuando actúan en representación de este; o que se escojan las personas más intachables para trabajar dentro del Estado, cuando es en este sector donde pululan las nóminas paralelas, los contratos de amigos o por favores políticos. Los funcionarios públicos no están menos interesados en sus intereses individuales que cualquier otra persona que se pueda encontrar en la calle o, igualmente, no están más interesados en el ‘bien común’ que cualquier otra persona.

 

Menos gobierno es igual a menos corrupción. Con menos dinero que pueda administrar el Estado, existirán menos oportunidades para robarlo, además de que el control de estos dineros públicos sería mucho más sencillo de identificar, rastrear y controlar.

 

La tarea entonces no es ver cómo un Estado tan grande, como el colombiano, pueda volverse menos corrupto, sino cómo hacer para reducirlo, para así disminuir su nivel de corrupción. Entre más el Estado se entrometa e intervenga, más tendrá posibilidades para ser corrupto. Como bien lo dice Ludwig Von Mises, “la corrupción es el acontecimiento habitual del intervencionismo”. La corrupción es un síntoma, la enfermedad es el tamaño del Estado.

 

No es coincidencia que en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) el país latinoamericano con mayor libertad económica sea también el país con menor percepción de corrupción (Chile en el puesto 20) y que el que reporta menores libertades sea igualmente el país con el mayor nivel de percepción en corrupción (Venezuela en el puesto 165). Colombia se encuentra en el puesto 94.

 

Esta tendencia se da también a nivel mundial: entre más libertad se tiene, menos percepción en corrupción se tiene.

 

 

Es así que darle más dientes al Estado no solucionará la corrupción cuando es justamente este el origen de la corrupción.




Autor entrada: Mateo Amaya

Mateo Amaya
Mateo Amaya es Politólogo e Internacionalista de la Universidad del Rosario. Libertario. Actual Gerente de la campaña presidencial de Juan Sebastián de Zubiría. Sus temas de interés son la economía, la política y la filosofía.