Nuevo paro de maestros en febrero de 2019

(Imagen tomada de La Silla Vacía http://bit.ly/2ttMcoG)

 

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de la Revista John Galt.

 

A veces pareciera que la mayoría de personas en Colombia son fáciles, que cualquiera que les diga algo bonito los enamorara, sobre todo cuando se trata de intenciones supuestamente nobles y justas, como lo es la educación. Hay una idea generalizada de que los profesores no reciben un salario justo, que su labor debería ser la mejor paga y que sus repertorios de protesta, que no dejaron a más de uno llegar a tiempo a su destino, están claramente justificados.

 

El 16 de junio, después de ver a empleados públicos sin trabajar, dejando a 8 millones de niños sin colegio y haciendo trancón en la Avenida el Dorado de Bogotá, su representante, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y el Ministerio de Educación, llegaron a un acuerdo. Los medios de comunicación solo anunciaron el fin del paro del magisterio. Pero hay ir más allá y leer qué fue en concreto lo que acordaron las partes. La sorpresa es que, al leer el texto, este trata casi solo de privilegios para los docentes y que su atención en lo que se dicta en las aulas de clase, es nula.

 

Entonces, este escrito se concentrará en hacer un análisis crítico sobre el Acta de Acuerdos entre el Gobierno y FECODE. Hay que aclarar de antemano que no se incluirá información que otros ya han tratado y que pone en duda, aún más, los “nobles” intereses de FECODE. Ejemplo de esto es la desproporción en salario de un profesor promedio de colegio privado, sus prestaciones y primas versus las de un profesor oficial.

 

Así las cosas, lo que más gusta del acuerdo es que se plantea tener mayor rigurosidad en el proceso de implementación de la jornada única a nivel nacional. Este proceso, por lógica, requiere de inversión previa en infraestructura, alimentación y recurso humano. Además de establecer una hora fija de salida y de entrada para docentes y mayor horas dedicadas a la formación de los estudiantes. Lo preocupante es que la asignación académica: 20 horas en preescolar, 25 en primaria y 22 en secundaria, es poca. Lo que se deduce es que los estudiantes tendrán más tiempo de ocio y menos trabajo en aula, sin decir que lo primero no sea necesario en su formación.

 

Otro puntos positivos del acuerdo es la supresión de la  figura de docente líder de apoyo que significa menos burocracia en los mismos colegio, mayor especificidad en las labores de los docentes y mayor autonomía en sus decisiones de enseñanza. Lo último, que llama la atención, es la inclusión del conocimiento disciplinar como parte de la prueba de aptitudes y competencias, es decir, se evaluará, por fin, qué sabe el que enseña.

 





No obstante, lo anterior es lo mejor del acuerdo, que parece muy poco en proporción a su universo. Y es que los beneficios logrados copan más de la mitad de los puntos del Acta. Hay tres que son los más graves. Primero, el Estado colombiano pagará una bonificación salarial anual (que parece más una prima extralegal/ilegal) del 15% del salario de un mes para 2020. Segundo, el gobierno cofinanciará el 12% de los cursos de formación a docentes que no pasen el examen para subir de escalafón y, aparte, tan solo aprobando dicho curso, y no siendo otra vez evaluados, podrán ascender. Y último, el gobierno, con dinero de todos, les pagara dos encuentros, uno de tipo deportivo y otro cultural, que cuestan $4250 millones, es decir, les gastará el jolgorio a los profes.

 

A estos tres beneficios nombrados anteriormente hay que sumarle los siguientes que son menos alarmantes, pero que no dejan de ser ventajas laborales alcanzadas por el magisterio: los docentes orientadores solo trabajarán seis horas al día, los preescolares irán a colegios oficiales, sabiendo que ellos necesitan de instalaciones diferenciales (los colegios serán jardines también), hacer parte de comisiones para la elaboración de leyes, seguimiento a programas y diseño de políticas públicas (que no sería malo si el magisterio pensara más en la calidad que en sus bolsillos) y poner docentes provisionales como permanentes.

 

El Acta propone repetidas veces que para la materialización de sus objetivos se tendrá que hacer una modificación al Sistema General de Participación, el cual establece el porcentaje del presupuesto destinado a cada sector y rubro. Esta reforma tendrá que ser consensuada en el seno del Congreso de la República, pero lo más seguro es que pase, ya que nadie en los organismos del Estado quiere a los profesores, con sus nobles intenciones por la educación, en su contra. En últimas, la modificación que se haga irá a más en gasto de nómina, dados los privilegios que ahora nos toca a todos, vía impuestos, pagar. Lo que lleva a pensar que el gobierno estará más preocupado por tener a los docentes calmados que en mejorar el servicio en educación que se da a los niños y jóvenes del país.

 

Muchos dicen que el problema de la educación en Colombia es de falta de incentivos. Ojalá esto fuera así. El problema de la educación pública no es ese. Lo que en realidad pasa es que hay un cártel que absorbe a los mejores licenciados, atraídos por mejores condiciones laborales, y los vuelve unos mediocres. En conclusión, y como bien lo dice el acta, FECODE no podrá presentar nuevos pliegos hasta febrero de 2019, momento en el cual muchos serán los afectados por su nuevo paro y por no dar clases.




Autor entrada: Daniel Trejos

Daniel Trejos
Daniel Trejos es estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como monitor de investigación en el Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales. Amante y defensor de la libertad.