Hacia una crítica del régimen internacional de desplazamiento interno

(Imagen tomada de Radio Francia Internacional http://bit.ly/2s7w9I1)

 

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En la última década del siglo pasado, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos -PRDI- fueron diseñados para consolidar un marco normativo e institucional adecuado para la protección y asistencia de los desplazados internos a nivel mundial. Sin embargo, los PRDI no tienen como objetivo último la garantía del bienestar de quienes se ven forzados a desplazarse, sino la contención de los éxodos masivos transnacionales y, así, la estabilidad y seguridad de la comunidad internacional.

 

En primer lugar, los principios fueron diseñados como guía para todos los actores encargados de lidiar con el fenómeno del desplazamiento interno, bien sean gobiernos, organizaciones internacionales u organizaciones no gubernamentales. De esta forma, innovadoramente, los PRDI introdujeron el derecho a no ser desplazado arbitrariamente.

 

En los PRDI se reunieron estándares para la protección de la población desplazada durante el retorno, reasentamiento y reintegración a sus comunidades de origen. Asimismo, se acordó que la responsabilidad por el fenómeno del desplazamiento interno debe recaer, en primera instancia, en los Estados que, por acción u omisión, permiten que ocurran este tipo de reubicaciones.
En cada uno de los treinta principios consagrados en los PRDI se hizo constante referencia a la obligación que tienen los Estados para que exista un goce pleno de los derechos y libertades de los grupos de desplazados internos. En definitiva, en los PRDI se encuentra un marco normativo de derecho blando que ha procurado garantizar que las víctimas de desplazamiento forzado disfruten, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos, de lo estipulado en el derecho internacional y el derecho interno.
A la luz de la correspondencia entre la creación de los PRDI y el crecimiento exponencial de las poblaciones desplazadas forzadamente al interior de sus países de origen, los principios han sido ampliamente adoptados por numerosos gobiernos. Los lineamientos de políticas y leyes al interior de los países, en materia de desplazamiento forzado, han sido fuertemente influenciados por los PRDI.

 




No obstante, en un segundo lugar, a la luz de un análisis de la historia y componentes de los principios, es posible afirmar que este marco normativo no tiene como finalidad el bienestar de las poblaciones desplazadas, sino la contención de su reasentamiento dentro de las fronteras de los Estados de origen.

 

Los PRDI fueron concebidos en el momento en el que los Estados verificaron, con gran ansiedad, que el número de refugiados crecía exponencialmente y, paralelamente, el flujo de migraciones forzadas tenía como destino final los Estados ricos. Por ende, a inicios de la década de los noventa, el sistema de protección internacional para los refugiados experimentó un decaimiento en las contribuciones estatales.

 

De este modo, a las puertas del siglo XXI, la situación de las personas que se veían afectadas directamente por el fenómeno del desplazamiento forzado era grave. Aunque los éxodos se seguían produciendo y continuaban desbordando las fronteras estatales, a los refugiados no se les garantizaba una adecuada atención por parte del sistema. En consecuencia, se le dio un giro radical al enfoque con el que se habían afrontado las migraciones forzadas.

 

Se propuso, entonces, intervenir antes de que los grupos de población cruzaran las fronteras internacionales. En este punto, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas diseñó el marco normativo e institucional adecuado para trasladar la ayuda al interior de los Estados donde los éxodos se producían, atendiendo a los desplazados internos y quitándoles incentivos para que se convirtieran en refugiados.

 

Así pues, el objetivo de la propuesta hecha al interior de las Naciones Unidas fue la preservación de la paz y la seguridad internacional. Se trata de una base cuestionable si lo que se pretende es garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado interno.

 

En conclusión, los principios brindaron los estándares necesarios para atender adecuadamente a la población desplazada. De igual forma, los PRDI contribuyeron a consolidar los lineamientos que se requieren para garantizar condiciones óptimas de retorno, reasentamiento y reintegración de los grupos desplazados a sus comunidades de origen. Sin embargo, los PRDI, desde su creación, han tenido la función de contener los éxodos masivos internacionales y ayudar a mantener la estabilidad y seguridad internacional. Debido al fracaso del sistema internacional para los refugiados, el marco normativo para la protección de la población desplazada se ha convertido en un mecanismo que, si bien previene el exilio, no ataca las verdaderas causas del fenómeno del desplazamiento interno.

 

En esta columna se recogieron los planteamientos de Roberto Vidal (2007) en su libro “Derecho global y desplazamiento interno: creación, uso y desaparición del desplazamiento forzado por la violencia en el derecho contemporáneo” y de Beatriz Sánchez (2009) en su artículo “Cuando los derechos son la jaula. Trasplante rígido del soft law para la gestión del desplazamiento forzado”.




Autor entrada: Juan José Ramón Tello

Juan José Ramón Tello
Juan José Ramón Tello es Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Apasionado por el periodismo.