FECODE y la Colombia que se viene

(Imagen tomada de El Heraldo http://bit.ly/2s864sq)

 

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de la Revista John Galt.

 

La educación es un tema fundamental para el desarrollo de un país, pero apoyar una movilización basada en un modelo injusto por definición es inaceptable. Escribo estas líneas con cautela, debido a que este tema del magisterio ha generado muchos conflictos durante las últimas semanas, al punto que las redes sociales se han convertido en muros de linchamiento masivo contra aquellos que no apoyamos la marcha de maestros.

 

Por lo anterior, me voy a remitir exclusivamente a exponer las razones por las cuales considero que la marcha de maestros muestra una postura política y económica que expone al país al populismo, así como al atraso económico.

 

En primer lugar, los principales argumentos que expone FECODE para justificar su paro son de naturaleza económica. Explican que su salario es de miseria, que no se reconoce el rol del maestro en la sociedad y que el gobierno nacional no realiza la suficiente “inversión social”. Por lo tanto, claman que mientras dicha situación no cambie, ellos no van a ceder en su protesta.

 

Esos argumentos son falsos, o cuando menos bastante exagerados si tomamos las cifras oficiales. Debido a que el salario promedio de los maestros es de $2,3 millones y en todo caso su rango salarial empieza en casi 2 salarios mínimos. Esa remuneración, de acuerdo al DANE, es superior al 90% de los salarios en Colombia que son de menos de 2 salarios mínimos. Este punto es fundamental, debido a que no hay que olvidar que estamos en un país pobre, con un ingreso per cápita que no supera los 8000 USD. Así, no pueden exigir salarios altos en un país donde no hay riqueza que permita pagar esos salarios.

 

Por otro lado, dicen que no son reconocidos socialmente o que su salario no muestra el rol de su importante labor social. Dicho argumento no es cierto, pues en realidad ellos están tratando de comparar sus salarios con salarios laborales de alta remuneración o reconocimiento, como si fueran gerentes de compañías o importantes científicos. Lo cierto es que la profesión de docente en Colombia no tiene una alta competencia ni se lleva a los mejores estudiantes para formarse en ella, hace unos años el Ministerio de Educación reconocía que los promedios de ICFES de los estudiantes que ingresaban a estudiar licenciaturas eran de los más bajos. Es decir, los peores estudiantes eran quienes ingresaban a la Universidad para ser maestros, de ahí que nuestros resultados en las pruebas Pisa siempre estén entre el cuartil más bajo.

 

Esa realidad demuestra que los profesores en general no son aquellos con la mejor formación ni mucho menos los más excelsos estudiantes. Sin embargo, no se puede desconocer que esto también está impulsado por los bajos salarios que en promedio reciben estas profesiones respecto a otras de mayor complejidad y responsabilidad. No obstante, los maestros tienen desigualdades injustificadas que no están compensadas por su calidad. Reciben un servicio médico distinto del resto de la población, trabajan casi 2 meses menos que el resto de los trabajadores, tuvieron un régimen que les permitía pensionarse 2 o 3 veces y tienen una estabilidad laboral con la que no goza ningún empleado en cualquier otro sector de la economía. Entonces, aunque los maestros no tienen calidad y tampoco son los más sólidos intelectualmente, sí reciben beneficios que nadie más recibe, constituyendo una injusticia sin justificación.

 

Pero lo más preocupante de la discusión son las acusaciones de que no hay inversión social. Este punto es el más indignante de todas sus acusaciones, pues la educación no solo es el rubro del presupuesto que más inversión tiene (casi $34 billones), sino que además, también, en los últimos 15 años, la pobreza monetaria se ha reducido de un 50% a menos de un 25%. Sin contar que la pobreza multidimensional, que mide acceso a servicios básicos, alimentación, educación, etc., está cerca del 15%. Es decir, a pesar de tener una economía pobre que ronda el ingreso medio-bajo, nuestros indicadores sociales son envidiables. De allí que pedir más inversión social no tiene sentido.

 




Ahora los profesores dirán que su salario no alcanza y por lo tanto quieren tener mejor salario. Esto es una observación que justifican desde un enfoque equivocado, pues conciben que la solución para gastar más son mayores salarios. Olvidan que esos salarios los pagan con impuestos de los contribuyentes y que en realidad los profesores son un subsidio a la oferta andante y sonante. Por lo tanto, si quieren más salario pues deben subir los impuestos. Evidentemente, como eso no suena tan popular, ellos no lo manifiestan de forma tan explícita.

 

Si el problema son los impuestos, cabe decir que Colombia ya no puede con más impuestos. ¡Somos ya el 4 país con más impuestos a las empresas DEL MUNDO! Solo detrás de monarquías petroleras como Arabia Saudita, en las que, exactamente, las empresas de producción de petróleo e hidrocarburos tienen una tasa de tributación efectiva del 85% (no está demás aclarar que las demás empresas, que no están en el sector de hidrocarburos, tienen una tasa de tributación efectiva del 20%). Según la ANDI, nuestra tasa de tributación efectiva alcanza casi el 62,5% en promedio y en sectores como el minero la cifra llega a casi el 70%. Es decir, de cada $10 que produce un privado 6 o 7 se van al Estado. Sin contar la aun amplia barrera que existe para la creación de empleo. Si el salario mínimo ronda los $737.000, cada empresa debe pagar en total $1’137.000. Es decir, cada persona que se gana un mínimo, cuesta $400.000 de más que no percibe el trabajador y sí paga la empresa.

 

Esto sin contar los numerosos impuestos indirectos que pagan las personas naturales (IVA, Consumo, Gasolina, Licores, Cigarrillos, etc.) que reducen la capacidad de consumo de esos ya bajos $737.000 que llegan al trabajador. Entonces, si los maestros quieren que sus salarios alcancen, sería necesario que pidieran una reducción de los impuestos para que sus salarios alcanzaran para más cosas, pudieran existir salarios más altos y se impulsara la competencia para tener mejores bienes y servicios, a menor costo.

 

Sin embargo, las peticiones de FECODE no van por esa órbita, sino que se enfocan en solicitar mayor gasto para la educación. Para, según ellos, garantizar mayor calidad. Si se quiere mayor calidad lo que se debe establecer es un sistema de competencia educativa donde los profesores tengan que esforzarse permanentemente en tener mejores resultados y los estudiantes tengan la opción de escoger a qué colegio quieren asistir. De esa forma no se estaría condenado a los más pobres a recibir la educación -sin competencia- que brinda FECODE, sino que el Estado subsidiaria la matricula, independientemente de la naturaleza “pública” o “privada” de la propiedad del colegio.

 

Dar la discusión del Bono Educativo en Colombia es una necesidad para que el gobierno y la sociedad no sigan siendo extorsionados por la movilización dañina de mano de obra subsidiada, la cual tiene, nada más ni nada menos, el 80% de la demanda educativa del país. Pero eso sí, entre los 100 mejores colegios no colocan una sola institución y sí colocan 92 entre los 100 peores. Para probar la ineficiencia del gasto bajo este sistema, la matrícula de un colegio público al año por niño es de casi $3’600.000 según el DANE, eso son casi $360.ooo de matrícula mensual por año. ¿Cuántos colegios privados tienen una matrícula similar y prestan mejor servicio en Colombia? Muchos, entre los que están, por ejemplo, los colegios en concesión que cuestan solo $2’200.000 por alumno. Y TODOS los colegios en concesión han presentado mejores resultados en las pruebas Saber que los colegios públicos tradicionales (encontrándose en nivel alto o superior), mayor índice de acceso a educación superior de sus egresados (49%), menor deserción escolar (0,7%) y, claramente, a precios más bajos que los de los colegios oficiales.

 

Tenemos que tener cuidado con las peticiones populistas que hacen estas marchas para frenar su avance y no permitirnos caer en creencias falsas que nos lleven al atraso. Solo hay que recordar que en Venezuela todos tienen derecho a la educación, pero no tienen qué comer mientras el populismo los gobierna.

 

Finalmente, los 37 días que duró el paro se deben recuperar para los menores y sus familias. Porque el conocimiento que no se imparte hoy es la riqueza que no crearemos mañana. Sin contar los invaluables perjuicios ocasionados a las personas en su movilidad que no pudieron llegar a sus trabajos, asistir a sus clases o a sus citas médicas. FECODE no dice nada de pagar semejantes perjuicios con pretexto de una protesta social que, aunque sea derecho fundamental, no es absoluta y debe ponderarse con los derechos del resto de la sociedad.
Adenda: Absolutamente repudiable el acto criminal y bárbaro perpetrado en el Centro Comercial Andino, debemos unirnos como sociedad y no dejarnos intimidar de los violentos, independientemente de su origen o bandera política. Con violencia no hay política.

 

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Autor entrada: Mateo Martínez

Mateo Martínez
Mateo Martinez es estudiante de séptimo semestre de Derecho en la Universidad de los Andes y Senior´s founder de la Sociedad de Debate Uniandina. Fue el primer campeón del Torneo de Debate Uniandino. Ha participado como voluntario del programa Congreso Visible. Sus áreas de interés son el Derecho Publico, Fiscal y Patrimonial. @jmateo_martinez