Temor y conveniencia: Corte Constitucional

(Imagen tomada de Entorno Inteligente https://goo.gl/Ffu95m)

 

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En estos últimos días hemos oído hablar de la Corte Constitucional y sus nuevos magistrados. Hemos visto personas atemorizadas por las creencias religiosas del académico y filósofo del derecho Carlos Bernal Pulido y la Exsecretaria Jurídica de la Presidencia, Cristina Pardo, pues creen que esto puede llegar a influir de alguna manera en sus decisiones, de tal forma que se retroceda en la protección de los derechos de las minorías o en la concesión de libertades. Este nuevo magistrado volvió a sonar, hace dos semanas, cuando su voto resultó decisivo en la determinación que limitó el Fast Track. En medio de un creciente temor por la conformación de una Corte “conservadora” que tienda a interpretar las normas jurídicas de una forma “más estricta”, pudiendo convertirse en un obstáculo para la implementación del acuerdo de paz, y después de un trino que indicaba que de no ser elegida, las FARC “se pararían de la mesa”, fue elegida como magistrada Diana Fajardo, quien ha expresado su apoyo al proceso de paz. Esto encendió el temor de otros tantos, quienes aseguran que la magistrada es la candidata de las FARC-EP.

 

Ahora bien, a lo largo de los últimos años se han oído distintas críticas desde un sector minoritario de la academia y de la práctica del derecho al activismo de la Corte Constitucional, por considerar que esta carece de legitimidad para tomar decisiones que en la práctica equivalen a legislar y que, en principio, corresponden al Congreso. Asimismo, se han criticado los cambios que ha dejado entrever en sus posturas y las cuestionables interpretaciones que hace de la ley y la Constitución para tomar decisiones de evidente corte político e ideológico. Quienes asumen esta posición crítica creen que, para bien o para mal, quien representa al pueblo y la voluntad popular es el Congreso, independientemente de si este toma decisiones convenientes o inconvenientes, e independientemente de si las personas que lo integran, en lugar de ser lo más sabios e inteligentes, son lagartos de profesión.

 

Repetidamente he oído cómo, a quienes hacen este tipo de críticas, se les ha tachado de “godos”, “conservadores”, “ultraderechistas”, entre otros apelativos. A pesar de ello, me atrevo a afirmar que la mayoría de respuestas que se le suelen dar a estas críticas han evidenciado tanto una gran confusión como una abierta deshonestidad intelectual. Esto en tanto una cosa es llamar la atención sobre las facultades que ha llegado a tener una institución dentro del Estado, por considerarlas anti-democráticas, carentes de legitimidad y peligrosas, y otra bien distinta es que esas facultades conlleven a tomar decisiones con las que estamos o no de acuerdo.

 

En otras palabras, es perfectamente posible que política e ideológicamente me gusten (e incluso convengan) las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, pero esto no tendría por qué impedirme reconocer los problemas que se presentan en la toma de dichas decisiones y en las formas de interpretar las normas jurídicas para fallar. No obstante, lo más común es que las personas celebren las decisiones del Tribunal, sin detenerse a cuestionar la forma en que se llega a ellas o asumiendo sin mayor compromiso y de manera conveniente una postura a favor de otorgarle amplias facultades al tribunal constitucional. Sin embargo, el panorama cambia cuando el progresismo que ha caracterizado a la Corte parece esfumarse para darle entrada a una de talante conservador, pues aquí, como las decisiones seguramente no gustarán a muchos, sí aparece el temor por la integridad de la Constitución y las leyes.

 




Ahora bien, resta preguntar: ¿debería importarnos la ideología o posición política de un magistrado? Los tres magistrados de los que he hablado han hecho énfasis en su sujeción a la Constitución y las leyes. Cristina Pardo aseguró que el ejercicio del derecho es “cuestión de honestidad con las normas y las leyes”. Por su parte, Bernal Pulido sostuvo, en su última columna en Ámbito Jurídico, que ejercerá su libertad “solo para sujetarme a la Constitución y mi única dependencia será a los mejores argumentos”. De manera similar, la recién electa magistrada Diana Fajardo, puso de presente que: “No represento a ningún sector, seré una juez imparcial” y aseguró “mi empeño será ser transparente y respetuosa de la Constitución”.

 

Aquí resulta pertinente traer a colación al destacado profesor y teórico del derecho Duncan Kennedy, quien entiende la ideología como un criterio determinante en la decisión judicial. Es así como, para este autor, el juez que pretende decidir un determinado caso, es un sujeto con una ideología la cual predispone su posición respecto a la decisión que va a tomar. Como consecuencia, el juez puede llegar a encontrarse en un conflicto entre “la sentencia a la que quiere llegar” y lo que la ley parece exigirle. En estos casos, para que el juez pueda decidir conforme a su posición, debe construir una argumentación con el propósito de convencer a la audiencia de que la sentencia que quiere proferir se ajusta a la ley (Kennedy, 1999).

 

Por lo anterior, Kennedy afirma que, a la hora de decidir, el juez experimenta una libertad y una restricción. Esta última está dada por el sentido de la decisión que la ley parece indicarle y que puede contraponerse a la que quisiera proyectar en su sentencia. Por esto, describe la labor del juez como la de un artesano que cuenta con un material (la ley), pues, con este material puede hacer una gran multiplicidad de cosas distintas (en ese sentido tiene libertad), pero no puede hacer las cosas que ese material le impida. Siguiendo este razonamiento, considera que no existen casos difíciles en sí mismos, pues el que un caso sea fácil o difícil depende del juez y de su ideología. De esta forma, por ejemplo, será difícil aquel caso en el que todos los elementos normativos indiquen que la decisión que debe tomar el juez es opuesta a la que el juez, en virtud de su ideología, desea tomar. En este caso, la argumentación que debe desplegar es mucho mayor (Kennedy, 1999).

 

Teniendo esto en cuenta, no dice mucho el que los magistrados electos aseguren que van a someterse a la Constitución y la ley, pues estos “materiales” pueden llegar a moldearse, a través de la argumentación, de tal manera que puedan decidir según sus preferencias políticas e ideológicas, haciendo parecer la decisión conforme a derecho.  No obstante, se evidencia una actitud deshonesta y conveniente por parte de quienes siendo conscientes de la influencia ideológica de un juez a la hora de fallar, en algún momento la celebraron por coincidir con sus preferencias personales y una vez estas decisiones dejaron de agradarles por no estar conforme a sus inclinaciones políticas o morales, acusaron al juez de ser parcial y de atentar contra la ley y la Constitución. Por eso, no ha de extrañarnos oír a Santrich referirse a la Corte como “la cortecita esta”.

 

Kennedy, Duncan (1999). Libertad y restricción en la decisión judicial: una fenomenología crítica. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.




Autor entrada: Daniela Escobar Arbelaez

Daniela Escobar Arbelaez
Daniela Escobar Arbelaez es estudiante de último año de Derecho con opción en Filosofía en la Universidad de los Andes. Intereses personales: Temas de filosofía moral.