¡Gobierno a recortar el gasto!

(Imagen tomada de Bolsamanía https://goo.gl/FIEtrC)

 

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de la Revista John Galt.

 

El gobierno colombiano tiene un gasto mayor al 30% del PIB. Un gasto que, luego de subir las tarifas de manera general, solo puede sostenerse por medio de una mayor recaudación de impuestos; lo cual se ha hecho en las últimas reformas tributarias de 2012, 2014 y 2016, la última subiendo lo que más le duele a los consumidores, el IVA.

 

Y, a pesar de que Colombia se encuentra en el nada prestigioso puesto noveno de los países que más cobran impuestos del planeta, con una tarifa media de 69,8%[1], reportamos, casi todos los años, déficit fiscal. Por ejemplo, el 2015 cerró con un déficit de $27 billones y medio:

 

 

Esto quiere decir que el gobierno, así intente escurrirnos hasta la última gota de nuestros ingresos, sigue endeudándose para hacer frente al mantenimiento del monstruo burocrático que es el Estado. Sus obligaciones son tantas, que no le basta con ser un desplumador profesional de la riqueza de los colombianos, sino que le toca ir a buscar prestado, para comprometer las rentas de colombianos que, incluso, no han nacido.

 

¿Y la regla fiscal? Se dice que la norma no se incumple con un déficit de 3,9% del PIB; pero, qué fácil es cumplir una norma que puede ser modificada prácticamente al antojo de otra entidad estatal (el Comité Consultivo de Regla Fiscal) que, recientemente, amplió el nivel de déficit: según la Ley 1473 de 2011, que dicta la regla fiscal, se esperaba que a partir del 2014 el déficit estructural fuera menor a 2,3% del PIB, pero a “gastos contracíclicos” que el gobierno no previó, que corresponden a las excepciones a la norma (es garantizado que este tipo de normas siempre tengan excepciones), se amplió el nivel de déficit permitido.

 

Adicional a esto, como nos hace caer en cuenta José Miguel Santamaría en su columna del 26 de mayo[2], en este déficit no se incluyen las vigencias futuras (que deben entenderse como compromisos de gasto en el futuro, y por lo tanto deuda), ni las sentencias judiciales contra el Estado; lo que implica una deuda de $89 y $9,8 billones, respectivamente.

 

 

Que no nos quepa duda de que existe un desequilibrio presupuestario y que es insostenible salvarlo con más deuda, y cínico e inmoral salvarlo con más impuestos. La única vía que les queda es el recorte de gasto. Y este recorte se puede hacer en el dinero que se va al mantenimiento de la administración estatal, que se lleva más del 61% de todo el presupuesto.

 

Lo que se propone no es una austeridad episódica y circunstancial para la época de “vacas flacas” en la que vive actualmente el país (como hablar menos por celular, menores gastos en publicidad, menores viajes, usar menos el carro para ahorrar gasolina, etc.), sino eliminar algunas entidades públicas y recortar otras.

 

Si revisamos la ley de presupuesto (Ley 1815 de 2016) y vemos todas las entidades (muchas de las que nunca hemos escuchado hablar o que ni siquiera sabemos para qué sirven) que son sostenidas por nuestros impuestos, la idea deja de sonar arriesgada o aterradora.

 

De manera corta, empecemos mencionando las distintas entidades que pueden desaparecer sin que le haga siquiera cosquillas al futuro del país:

 

La Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, cuya función puede ser suplida por la Cancillería ($66.000 millones); la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, que cumple una mera función de intermediación ($9.150 millones); Colombia Compra Eficiente, que igualmente tiene una función de intermediario ($18.000 millones), la Unidad de Servicios Penitenciarios, cuya función de control puede hacerla el MinInterior ($929.372 millones); la Superintendencia de Notariado, cuya función puede ser suplida por todo abogado en servicio ($812.283 millones); la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que tiene solo 5 años de vida y cuyas funciones pueden ser suplidas por los departamentos jurídicos de cada entidad ($38.761 millones); la Contaduría General de la Nación, cuya función es solo de definir políticas contables ($24.214 millones); la Supesolidaria cuyo control lo suple la misma rama judicial, ($26.756 millones); la ANTV, la Agencia Nacional del Espectro y las funciones de control del MinTIC, que pueden ser suplidas por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones ($311.500 millones de pesos, manteniendo las mesadas pensionales); y la Dirección Nacional de Bomberos que no ha apagado ni un solo incendio ($35.748 millones). Solo acá, el gobierno puede estarse ahorrando casi $2,3 billones.

 

Sin embargo, también es posible recortar gastos en distintas entidades en sus funciones más prescindibles, como las inversiones de la Defensoría del Pueblo ($38.120 millones); los gastos de inversión de la presidencia, como es la lucha contra la corrupción ($3.400 millones), fortalecimiento de la gestión presidencial ($15.221 millones). También se pueden eliminar las asignaciones de las CAR, y que estas se mantengan por el cobro de sus servicios ($85.000 millones); reducción de un 20% de otras entidades como la USPEC, la DIAN, la UGPP, la ANAP, el INVIMA, el IPSE, la ANH, la ANM, la Aeronáutica Civil, la ANI, la ANSV, el IDEAM, el  Archivo General, el Instituto de Antropología e Historia, el Instituto Caro y Cuervo, la Auditoría General, la UAE, el Instituto Nacional de Metrología, el Servicio Público de Empleo, la UNP, la CNSC y Coldeportes. Lo que daría un ahorro de $2,4 billones.

 

Si recortamos tan solo un 10% en las entidades de control, nos ahorraríamos $859.000 millones; si recortamos en un 25% el Mindefensa (porque supuestamente ya tenemos paz) nos ahorraríamos $3,3 billones; si reducimos los cupos indicativos del MinHacienda en un 50%, nos ahorraríamos $1,5 billones; y si reducimos solo el 10% en los demás ministerios podríamos ahorrarnos otros $9 billones.

 

Podemos seguir, pero por falta de espacio pararemos el examen de recorte. En total, solo con este examen, a ojo de pájaro, el gobierno se podría estar ahorrando un poco más de $18,3 billones.

 

Por último, algunos dirán que esta propuesta no considera a los funcionarios que se verían sin trabajo, y es cierto que esto puede suceder, pero en el corto plazo:

 

Yann Algan y Pierre Cahuc[3] demostraron que cuando el Estado incursiona en sectores donde existe competencia privada (transporte, educación, salud), se acrecienta el desempleo ya que el Estado entra a competir con recursos de manera subsidiada, haciendo en muchos casos que el sector privado no pueda competir de manera igualitaria con el Estado. Los recursos de este último no necesitan rentabilidad, sino solo la voluntad del político de turno para entrar a ese mercado específico. Así, es posible concluir que un recorte de gasto público, en vez de destruir empleos, crearía nuevos, desplazando los trabajos al sector privado.

 

La intención acá no es decir qué se puede o qué no se puede recortar, sino mostrar que con un examen simple y rápido se puede encontrar dónde echar la tijera.

 

¡Imagínense si el gobierno de verdad tuviera la intención de hacer una “austeridad inteligente” y se pusiera en la tarea, con lupa, de revisar dónde recortar!

 

[1] Total tax rate (% comercial profits), Doing Business project. http://data.worldbank.org/indicator/IC.TAX.TOTL.CP.ZS?year_high_desc=true

 

[2] “No nos digamos mentiras frente al endeudamiento”, José Miguel Santamaría, 26 de mayo de 2017. http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/endeudamiento-de-colombia-crece-jose-miguel-santamaria/245938

[3] “Public Employment and Labour Market Performance”, Yann Algan, Pierre Cahuc, Economic Policy, Vol 17, No.34, pág. 40.

 

Autor entrada: Mateo Amaya

Mateo Amaya
Mateo Amaya es Politólogo e Internacionalista de la Universidad del Rosario. Libertario. Actual Gerente de la campaña presidencial de Juan Sebastián de Zubiría. Sus temas de interés son la economía, la política y la filosofía.