Nicaragua vs Colombia ante la Corte Internacional de Justicia sobre Plataforma Continental Extendida

(Imagen tomada de cancilleria.gov.co)

 

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El próximo 28 de septiembre Colombia debe presentar, ante la CIJ (Corte Internacional de Justicia), su contramemoria en respuesta a la demanda realizada por Nicaragua sobre la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas desde la costa nicaragüense. Como ya sabemos, la Sentencia de la Corte en 2012 definió los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua -decisión que resultó ser muy desventajosa para nuestro país al desvirtuar la idea del Meridiano 82º como frontera marítima entre los dos Estados-, lo que no quedó claro, porque no se estableció en la Sentencia, fue la delimitación de una ‘presunta plataforma continental extendida’, ya que, tal como lo expresó la Corte en su Sentencia de 2016 en relación con las excepciones preliminares planteadas por Colombia en este caso, la pretensión de Nicaragua fue muy general y es necesaria la recopilación de más pruebas y documentos técnicos que demuestren la existencia o no de plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde las costas nicaragüenses. En este sentido, la Corte aceptó que Nicaragua presentara nuevamente sus estudios realizados ante la Comisión de Límites, es decir que –según la Corte- quedó pendiente por delimitar la presunta plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas entre Colombia y Nicaragua. Esta decisión es totalmente contradictoria. A pesar de haber emitido sentencia en torno a los asuntos relacionados con delimitación marítima, la Corte tomó la decisión de “reabrir” el caso y ponerlo nuevamente a escrutinio judicial. Eso sin mencionar la inestabilidad que generaría en el caribe, ya que una presunta plataforma continental de Nicaragua más allá de las 200 millas náuticas no solo afectaría los intereses soberanos de  Colombia, sino también los de otros países como Panamá, Costa Rica y Jamaica.

 

El riesgo para Colombia es inmenso, debido a que no solo estamos hablando de recursos naturales que yacen en el lecho marino y subsuelo de nuestras islas y que podrían pasar a manos nicaragüenses, sino también porque el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podría quedar aún más desagregados, con lo cual continuaría perdiendo su estructura de bloque o unidad integrados, con consecuencias enormes para estos territorios y el país en general.

 

 

Según expresa Enrique Gaviria Liévano, el Gobierno inventó la figura de “zonas continuas integradas” para explicar la conexión del Archipiélago. Sin embargo esta figura es desconocida por el Derecho Internacional, y no dio resultados positivos al momento de definir la delimitación marítima entre las partes. Con esto, Enrique Gaviria recuerda que propuso “unir todas las formaciones insulares del Archipiélago de San Andrés por líneas de base rectas y, ya como una sola unidad, proceder a la delimitación marítima con Nicaragua”, distinto a como se definió, es decir, isla por isla. Con esto, es importante resaltar la comprensión del Archipiélago como un bloque. Las actividades de pesca artesanal, la tradición y cultura raizal van muy ligadas a la formación del Archipiélago y la forma en como es concebido; por ende, es necesario enfatizar no sólo en la unidad del Archipiélago en un sentido netamente físico o geográfico, sino también en las actividades, tradición y cultura que yacen en estos territorios.

 

De otro lado, la Convención de Ginebra de 1958 en su artículo 1º otorga plataforma continental no solo a las costas del Estado ribereño sino también a sus islas, con lo cual el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tiene derecho a plataforma continental. En este sentido mal haría la Corte en negarles el derecho al lecho y subsuelo marino.

 

Es crucial que la defensa colombiana continúe con su honorable y complicada labor de representar al país y exponer todos los argumentos y pruebas necesarias para que la unidad de nuestro Archipiélago pueda mantenerse así como su derecho a plataforma continental.

 

Es claro que la decisión de la Corte de 2012 es inapelable y debe ser acatada por el Gobierno colombiano. La importancia de un acuerdo entre las partes es fundamental para definir los nuevos límites tanto marítimos como de plataforma continental y también para referirse a temas como los derechos históricos de pesca de los habitantes del archipiélago, la protección del medio ambiente y de los recursos vivos en el área, entre otros asuntos. Y es aquí donde yo personalmente guardo esperanza. ¿Por qué? A Nicaragua lo que le interesa es que Colombia no le dé más largas al asunto y cumpla efectivamente con la Sentencia de la Corte, y es en este sentido donde Colombia puede presionar para que lleguen a un acuerdo que por lo menos no permita que Quitasueño y Serrana queden desagregados del Archipiélago y se protejan los intereses de la comunidad raizales. Adicionalmente, de conformidad con el derecho interno colombiano –como lo aclaró la Corte Constitucional-, es necesario que Colombia celebre un tratado con Nicaragua, para así poder llevarlo al Congreso, modificar sus nuevos límites marítimos y posteriormente, si es que se comprueba, definir los nuevos límites en cuanto a plataforma continental.

 

*Lo mencionado en esta columna NO representa la postura del Gobierno de Colombia y, por ende, tampoco la de la Embajada de Colombia en Países Bajos*

Autor entrada: Sofia Cifuentes

Sofia Cifuentes
Sofia Cifuentes es estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales con profundización en Estudios Políticos Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Intern del área de la CIJ, la CPI y Relaciones Políticas bilaterales en la Embajada de Colombia ante el Reino de los Países Bajos.