La situación de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Colombia

(Imagen tomada de ACNUR https://goo.gl/z3phFn)

 

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Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Colombia, hasta el año 2010, se registraron oficialmente 3.6 millones de desplazados internos como consecuencia del conflicto armado. Debido a esto, comunidades enteras se han estancado en la pobreza extrema, asentándose en ciudades o municipios desconocidos, con escasos recursos para garantizarse un nuevo comienzo. A esta posición desfavorable se le han sumado otros factores que han radicalizado la situación. Por ejemplo: hay casos de mujeres que han sido víctimas del desplazamiento forzado y son discriminadas a causa de su género, raza y/o etnia.

 

El conflicto genera para las mujeres riesgos específicos basados en su condición de género: el riesgo de violencia, explotación o abuso sexual; el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas; el riesgo de reclutamiento forzado de hijos e hijas –agravado en casos de mujeres cabezas de familia-; y obstáculos en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio. Esto refleja que, como lo advierte la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), “el impacto desproporcionado del desplazamiento sobre las mujeres se enmarca dentro de patrones estructurales de violencia y de discriminación de género en la sociedad colombiana, los cuales son intensificados por la condición de desplazamiento y se materializan en problemas para responder a sus necesidades específicas de atención y acompañamiento”.

 

La problemática del desplazamiento forzado, atada a la discriminación de género, ha motivado diversas acciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre el 20 y el 25 de junio de 2005, la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres hizo una visita in loco a Colombia con la finalidad de construir un informe que diera cuenta de la realidad del país en materia de desplazamiento y mujeres. El 18 de octubre de 2006, la Comisión ratificó el informe fruto de la visita, titulado “Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”. Allí, la comisión elaboró una serie de recomendaciones que instaron al Estado a implementar medidas para erradicar patrones socioculturales discriminatorios en razón de sexo, raza, etnia y estrato socioeconómico.

 

 

Sin lugar a dudas, desde que la Comisión elaboró el informe, los avances han sido sustantivos. Se han emitido leyes para prevenir y sancionar la violencia de género, tales como la Ley 1275 de 2008 y el Decreto 1290 de 2008. Por otro lado, siendo éste el logro más importante en materia de acceso a los servicios públicos por partes de las mujeres desplazadas, la Corte Constitucional, en el año 2008, ratificó los Autos 092 y 273. Sin embargo, la voluntad política no ha sido suficiente y los instrumentos legislativos no le han dado la talla a las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Las autoridades habilitadas por el Estado para atender a las poblaciones desplazadas deben involucrar en los procesos de toma de decisiones a las víctimas, en especial a las mujeres, quienes han sido históricamente excluidas de este tipo de actividades. De igual forma, se debe reafirmar el compromiso del Estado para asegurar una serie de suministros básicos, en donde se debe garantizar, igualmente, la participación de las mujeres en los procesos de planificación y distribución.

 

El Estado colombiano debe acatar las recomendaciones de la Comisión, sin dejar de atender a las narrativas culturales locales de las poblaciones desplazadas. A su vez, se debe resaltar la necesidad de establecer programas, derivados del Auto 092 de 2008, que se desarrollen bajo las condiciones estructurales de los grupos de víctimas. Lo anterior implica que los programas deben tener una estructura flexible y ser modificados en la medida que las condiciones de las poblaciones de desplazados se alteren.

 

Se insiste en la urgencia de implementar una política profundamente diferencial de protección y atención a la población desplazada. El Estado colombiano deberá comprometerse en reconocer las vulnerabilidades y necesidades particulares de cada grupo poblacional, haciendo énfasis en mujeres, niños y minorías étnicas. Igualmente, se debe comprender el carácter multidimensional del fenómeno del desplazamiento y el rol activo de las víctimas.

Autor entrada: Juan José Ramón Tello

Juan José Ramón Tello
Juan José Ramón Tello es Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Apasionado por el periodismo.