Universidad Nacional y Distrital: Ley 1825 de 2017

(Imagen tomada de Semana https://goo.gl/V0Quhh)

 

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Desde la semana pasada, la administración distrital se ha visto envuelta en una nueva polémica, ya que ésta, al parecer, le solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequibles algunos puntos de la recién aprobada Ley 1825 de 2017 que aumenta la recaudación de las Universidades Nacional y Distrital, argumentando que una recaudación distrital no puede transferirse a una institución de carácter nacional, como lo es la UN. Afirman, es una obligación del gobierno de Juan Manuel Santos, y no del alcalde Enrique Peñalosa. Consultando con algunos compañeros abogados, es muy probable que la impugnación prospere, pues desde una perspectiva administrativa ese tipo de transferencias no está permitido realizarlas. Y si lo analizamos sin el guayabo moral en el que la mayoría de los estudiantes de la UN somos bogotanos, lo cierto es que no se deben mezclar presupuestos, especialmente cuando la Alcaldía está en deuda con la Distrital, al menos en lo económico. Que lo haga o no luego de este caso, es otra discusión.

 

Más allá de la disputa jurídica que tendrá que resolver la Corte, es interesante analizar cómo se dio esta ley, que busca reformar la Ley 648 de 2001, que autoriza la emisión de la Estampilla pro Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Desde hace poco más de un lustro, la Universidad Nacional empezó a cambiar su dinámica de exigirle a una rama ejecutiva de bajo crecimiento económico (2007-2009) mayores recursos, a buscar fuentes de financiación a través de proyectos productivos, inversiones para una infraestructura -que en la primera década del siglo tuvo muy pocos cambios- y otras formas de aumentar su presupuesto. Una de ellas, es esta ley, que nació como idea principalmente del exvicerrector Diego Hernández y que ya llevaba dos intentos perdidos en el Congreso.

 

En esta oportunidad, se contó con el respaldo de varios congresistas, destacando entre ellos a Olga Lucía Velásquez (Liberal), María del Rosario Guerra (Centro Democrático) y Ángel Custodio Cabrera (La U). Tuve la fortuna de asistir a la última sesión donde se trató. Desde allí me di cuenta de dos cosas, que los congresistas toman la agenda sin leerla y que las leyes se caen muy fácil por proponer a la ligera. En este caso concreto, vi cómo, a pesar de todos los debates que había pasado, Carlos Fernando Galán argumentaba las mismas razones por las cuales se quiere impugnar la ahora ley, y a Claudia López decir que debían cambiar las cifras de la estampilla en un 50% UN y 50% U.D.

 

 

Aunque algunos miembros de la Nacional creemos que esta última propuesta sería más justa, lo cierto es que esa ley era de la Universidad Distrital, y para poder reformarla a través de la ley 1825 de 2017 se necesitó ayuda de la UN, ya que si la primera se hubiese presentado sola nunca hubiera sido aprobada. Aunque esta parece una tesis acelerada, lo cierto es que a esta universidad muchos sectores gubernamentales le tienen desconfianza, tanto por las acusaciones por corrupción (http://www.pulzo.com/bogota/contraloria-investiga-otro-caso-de-corrupcion-en-la-u-distrital-carrusel-de-pensiones/133391), como por la politiquería en las disputas por la administración (http://www.elespectador.com/noticias/bogota/quien-manda-u-distrital-articulo-639848).

 

Aunque el problema de recursos en las IES nacionales es pan de cada día, el problema se agrava si no hay un orden interno, y esto se expresa de forma muy clara tanto en algunas universidades públicas regionales como al interior de la Universidad Distrital. Eso le da más razones –aunque algunos las consideremos problemáticas- al Gobierno Nacional por apostar por planes como ‘Ser Pilo Paga’ e incentivar la educación técnica en otras instituciones.

 

Aun así, no todo está perdido. La Universidad Nacional de Colombia -con sus 7 sedes en el territorio colombiano- y la Universidad de Antioquia son sendos ejemplos de que, con una administración eficiente y enfoques en investigaciones productivas, se pueden hacer grandes cosas, más allá de la oferta privada. Recuperar ese perfil y sanearlo va de la mano con la disputa de quién debe poner los recursos. Si bien en este caso lo más probable es que los recursos de dicha estampilla vayan en su totalidad para la Distrital, la verdadera problemática del sector educativo pasa por explotar las investigaciones académicas en el sector industrial y financiero –por lo que algunos SPP creen que la universidad privada les da más oportunidades- y por no tener los recursos suficientes para desenvolverse, sin afectar la calidad académica.

Autor entrada: Ricardo Ruiz

Ricardo Ruiz
Ricardo Ruiz es estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. ExRepresentante Estudiantil de la Facultad de Derecho. Coordinador del grupo de investigación OECD Research.