¿‘Falsos positivos’ a la Jurisdicción Especial para la Paz?

(Imagen tomada de El Tiempo https://goo.gl/WdQJEh)

 

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En 2008, el escándalo de los denominados falsos positivos sacudió al país tras conocerse que miembros del Ejército habían cometido homicidios en persona protegida con el fin de presentar resultados por parte de las brigadas de combate contra las FARC-EP, en respuesta a incentivos y en búsqueda de ciertas bonificaciones, generando a su vez fuertes críticas respecto a las políticas de seguridad democrática puestas en marcha por el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez. La polémica se desató tras salir a la luz pública que miembros del Ejército, implicados en estos actos, agruparon a 11 jóvenes de Soacha y Ciudad Bolívar a quienes prometieron trabajo y oportunidades, para luego vestirlos con uniformes camuflados y posteriormente asesinarlos, con el propósito de reportarlos como bajas en combate y recibir las respectivas bonificaciones. Estos jóvenes aparecieron en Ocaña, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Huila, entre otros departamentos. En el periodo de gobierno de Alvaro Uribe Vélez se presentaron las denuncias pertinentes con los motivos por los cuales estos actos fueron perpetrados, estableciendo que fueron en respuesta a la Directiva Ministerial 029 de 2005 expedida por el Ministerio de Defensa, en donde se ofrecía un incentivo económico -uno muy, muy bueno- por cada guerrillero muerto, lo cual fue el detonante para que estas ejecuciones extrajudiciales fueran cometidas.

 

En el marco de estos ataques contra la población civil se presentaron numerosas denuncias que causaron el retiro del servicio activo de varios oficiales y suboficiales, de acuerdo con la política de cero tolerancia contra la violación de los derechos humanos y la corrupción promovida por el entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. De igual manera, por las excesivas denuncias, la justicia ordinaria impuso fuertes condenas hacia los responsables, condenas que posteriormente no se cumplieron, ya que la mayoría de implicados fueron quedando en libertad, casi todos por vencimiento de términos; simplemente, al final, no pagaron su condena y no hubo algo por hacer. Además de, claramente, los muchos casos que al día de hoy no se han resuelto por la misma inefectividad que se ve, en cualquier caso de cualquier naturaleza, en este país.

 

El año pasado, después de bastantes tropiezos y un muy largo camino, se firma el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en donde se crea, por consiguiente, uno de los puntos más debatidos -sino el más- por la sociedad colombiana y los actores políticos: la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego de que un juez puso el tema sobre la mesa -para gran indignación de las madres de los muchachos ejecutados y para críticas de diferentes organizaciones- se ha abierto el reciente debate de si estos procesos, de los perpetuadores de los falsos positivos, ahora son competencia de la JEP. Entonces, resulta que según el Acto Legislativo 01 de 2017 ‘Por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones’, al parecer sí se puede.

 

 

Dice en principio que vincula a la JEP a “miembros de la Fuerza Pública procesados por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, respecto de quienes se haya dictado una medida de aseguramiento privativa de la libertad”. Ahora, leyendo esto, depende de cómo se interprete el ‘por causa’ o el ‘de manera indirecta’ los casos de ‘falsos positivos’ en efecto pueden pasar por JEP. Es cierto que no había una intervención directa militar o de los grupos armados al margen de la ley en zonas urbanas como Ciudad Bolívar, Soacha u otras ciudades en las que hubo casos, y que los delitos fueron perpetrados en contra de civiles. Sin embargo, el contexto global -que las ejecuciones respondieron a unos incentivos en marco del conflicto armado- lo puede vincular de manera indirecta, ya que el motivo causal de las ejecuciones extrajudiciales era mostrar efectividad de las brigadas dando de baja combatientes.

 

Ahora, sí se puede pero qué pasa. Todo el planteamiento del postconflicto y del mismo acuerdo gira en torno a las víctimas, pero los familiares de los jóvenes ejecutados llevan desde 2008 esperando a que la justicia tome medidas efectivas al respecto. Hoy en día, 9 años después, no se ha concretado aún el tema, evidenciando una inefectividad y una gran incompetencia de los órganos judiciales encargados, no solo por la evidente demora en los procesos, sino por la gran impunidad que se ha derivado de la inefectividad de estos mecanismos. Las mismas fundaciones y organizaciones de víctimas relacionadas con el tema, exigen que los casos continúen vía justicia ordinaria. Hay que recordar, por un momento, que a la JEP todavía le falta tiempo para concretarse como mecanismo funcional, para atender casos y cerrar los mismos, así que es un gran interrogante qué medida resultará más efectiva para la rápida solución de esta cuestión y la tranquilidad de las víctimas. Sería una gran incoherencia ahondar en las heridas de estos sucesos y prolongar su cierre, justo cuando se está en un marco de postconflicto en donde las víctimas son el centro de prácticamente todas las acciones por llevar a cabo.

 

Además de todo, hay que evaluar la ventana jurídica que deja la interpretación de qué tan ‘indirecto’ puede ser el involucramiento de los actores de la fuerza pública para poder acogerse a la JEP. Varios jueces, quienes han proferido sentencias en los casos respectivos, se han manifestado secundando que la relación no es acertada. Sin embargo el debate sigue sobre la mesa. De ser así, entonces Andrés Sepúlveda -sí, el mismísimo Sepúlveda de Óscar Iván Zuluaga- también podría adherirse a la JEP, como sugieren algunos, desde que se sepa construir un vínculo (muy ‘macheteado’ a mi parecer) con el conflicto armado. Se deja entonces a consideración de cada lector, después de estos casos, cuántos otros más podrían adherirse a la JEP (con igual o menor relación con el conflicto), la cual pasaría de estar diseñada minuciosamente para responder a un proceso de justicia transicional, para luego ser un mecanismo de burla a la justicia ordinaria.

 

Se esperaría entonces que se esclarecieran, próximamente, unos lineamientos más específicos respecto a qué puede o no puede entenderse como ‘relación indirecta’ y también sobre los demás escenarios en donde estos funcionarios pueden en efecto acogerse a la JEP, ya que dejar un vacío de esa magnitud puede llevar a que se abuse de la misma, atribuyéndole casos que no son realmente vinculados al conflicto y que este organismo nuble los procesos adecuados o genere efectos negativos dentro del postconflicto.

 

*Análisis de la autora, producto de la clase de ‘Derecho Internacional y Justicia Transicional’ de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes*

Autor entrada: Paula Espinosa Silva

Paula Espinosa Silva
Paula Espinosa Silva se ha interesado desde temprana edad en la escritura, involucrándose en diferentes proyectos relacionados con publicaciones literarias y periodismo. Le apasiona la política comparada, las relaciones internacionales, el diseño, las danzas, la historia y la moda, espera poder llegar a ejercer, al tiempo, la diplomacia y la creatividad en el ámbito profesional.