Colombia y las compañías militares privadas

(Imagen tomada de La Tercera https://goo.gl/QyXCO6)

 

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Desde hace más de una década, se asiste al resurgimiento de un fenómeno antiquísimo. Los grupos de mercenarios, llamados también Compañías Militares Privadas, bajo un vacío legal que rodea sus actividades, han comenzado a desempeñar un papel cada vez más relevante en la redefinición de los conflictos internacionales. Al respecto, Colombia no es ajena a estas dinámicas. En estos momentos, además de exportar refugiados, futbolistas y cantantes, también exporta mercenarios.

 

Y es que la lógica de la guerra está ya demasiado arraigada en este país. Desde hace una década, aproximadamente, ha crecido exponencialmente el número de colombianos que ofrecen, al mejor postor, sus habilidades con la Beretta 92, el IMI UZI y la ametralladora. En su mayoría, han sido miembros de las Fuerzas Armadas, que no conocen ni anhelan conocer un oficio distinto.

 

La industria que se mueve en torno a los grupos de mercenarios es un mercado lucrativo y en expansión, fuertemente alimentado por colombianos. Uno de los grupos de mercenarios más reconocido a nivel mundial, Xe Service LLC, cuenta con los recursos necesarios para ejecutar tareas que exceden la capacidad de muchos ejércitos nacionales. Esta compañía estadounidense, que cuenta con más de 20.000 miembros, está en la capacidad de proteger instalaciones, ejecutar misiones especiales y entrenar unidades de ejércitos regulares. Xe Service LLC cuenta con una amplia red de promoción en redes sociales, en donde se concentra en reclutar militares colombianos retirados: los tesos del asunto.

 

Asimismo, una compañía llamada Thor recluta soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Militares colombianas. A la luz de lo que sucede con Xe Service LLC y Thor, es claro que el caso colombiano se encuentra enmarcado en un contexto regional y mundial, en donde hay una explícita mercantilización de la guerra. Este tipo de compañías privadas no están interesadas en la paz, pues su negocio es todo lo contrario.

 

 

El marco legal que recubre a estos grupos es aún borroso. ¿Ante quién deben rendir cuentas los mercenarios colombianos que actúan en el extranjero a nombre de alguna de estas compañías? En este punto, el problema está en que estos soldados privados se rigen por un único grupo de leyes: las leyes del mercado.

 

En Colombia hay un vacío legal que rodea las actividades de estas compañías privadas. Tal parece ser que no es un delito entrenar mercenarios, pues el país no es uno de los 32 Estados signatarios de la convención de las Naciones Unidas contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Sin embargo, hay una necesidad por adoptar y traducir a las dinámicas locales algunos intentos que han pretendido instar a los Estados a regular a las Empresas Militares y de Seguridad Privada.

 

De manera reiterada, Colombia ha ignorado el Documento de Montreux. Allí, como fruto de los esfuerzos de cooperación entre el Gobierno de Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja, se busca promover el respeto del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en todos los conflictos armados que involucren a Compañías Militares Privadas. En este punto, se reconocen a los grupos mercenarios como medios para violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.

 

En últimas, Colombia juega un rol importante en el proceso de privatización de la guerra a escala internacional. La experticia de los miembros de las Fuerzas Armadas es mundialmente reconocida, convirtiéndonos así en un país exportador de mercenarios. No obstante, las operaciones ofensivas de las Empresas Militares y de Seguridad Privada han generado grandes debates en la academia y la sociedad civil. Se habla, por ejemplo, de las contradicciones éticas que supone matar sin tener vínculo alguno con la causa que se persigue. Igualmente, es evidente la pérdida del control democrático sobre el uso de la fuerza.

 

En el marco de un eventual escenario de postconflicto, el Estado colombiano deberá prestar especial atención a los miembros de las Fuerzas Armadas, para evitar que, a través de recursos institucionales, se consoliden los procesos de entrenamiento y reclutamiento de mercenarios. La experiencia nos llama la atención sobre lo anterior, pues, según Daniel Coronell, “los improvisados soldados de fortuna, enrolados por una empresa internacional, reciben instrucción bélica relámpago en fincas e instalaciones militares colombianas. Para ello, usan armas oficiales o decomisadas de la guerrilla. Alguien en las Fuerzas Militares apoya el millonario negocio de exportación de mercenarios”.

Autor entrada: Juan José Ramón Tello

Juan José Ramón Tello
Juan José Ramón Tello es Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Apasionado por el periodismo.