De la ley y otros demonios

 

(Imagen tomada de El Universal https://goo.gl/ynj55m)

 

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de la Revista John Galt.

 

Colombia es un país donde el congreso saca aproximadamente 100 leyes al año. Se vive en el paraíso positivista, mientras en la vida real el incumplimiento de las normas es casi cultural.

 

Colombia, uno de los países más desiguales del mundo, tiene “arreglado” desde las leyes cada aspecto de la vida de un ciudadano promedio, su salario, la forma cómo debe gastarlo, dónde debe vivir, cómo se puede endeudar, qué alimentos puede consumir y hasta qué tipo de familia debe tener. Ese absurdo fetichismo jurídico resulta en la inaplicabilidad de las leyes, porque los ciudadanos no las entienden, porque para algunos les resultan injustas o porque resultan imposibles de aplicar; ocasionando que el colombiano promedio se salte las normas, en ocasiones sin culpa alguna y en otras, más bien con un ligero placer de estar defraudando al sistema.

 

Dicho fenómeno lleva a tener un modelo de Estado inviable, originado en el desastroso modelo político, en razón de que las élites se han esmerado en establecer normas que protejan su condición social. Y, mientras se enfocan en seguir lineamientos internacionales de política económica, nunca lo aplican de manera integral; el resultado de esto es el funcionamiento de un sistema económico con un Crowding out permanente; volviendo al sistema ineficiente, pues mientras el discurso político preponderante habla de implementar políticas neoliberales se tienen mercados con un imperante proteccionismo y regulaciones. El mejor ejemplo de esto es el sistema pensional, donde se tienen 2 regímenes con filosofías completamente diferentes, uno donde la persona ahorra individualmente durante toda su vida para tener una pensión con base a su aporte, administrado por las AFP privadas (que están quebradas). Mientras el otro régimen es el de prima media, donde la pensión se hace con base en el promedio de los últimos 10 años, y así el monto no alcance, el resto lo subsidia el Estado, llevando al absurdo de que a mayor promedio, mayor subsidio. Todo un instrumento paternalista y alcahuete que profundiza la desigualdad; donde el resultado es un sistema completamente inaccesible para el comerciante informal, y donde si se logra acceder, no se logra sacar más de 2 salarios mínimos de pensión.

 

Otra causa del exceso de regulaciones del  Estado colombiano es la falta de un Estado fuerte que haga aplicación de las normas de manera estricta y permanente. Debido a que, mientras hay ciudadanos que están completamente fiscalizados por las autoridades estatales, se tienen otros que simplemente están por fuera del sistema, sin ninguna consecuencia. Por ejemplo, el típico ciudadano de clase media tiene que pagar todos sus impuestos debido a que la DIAN o cualquier otra entidad le pueden iniciar un cobro coactivo donde lo pueden dejar sin patrimonio; mientras que un ciudadano que vende jugos en una esquina, que se aprovecha del espacio público, no le declara a nada ni a nadie, por el contrario, si lo sacan del lugar donde se encontraba pone una tutela para que le respeten su derecho al trabajo. Resultando en que el ciudadano de clase media no encuentra en el Estado un apoyo sino un verdugo, mientras que el vendedor de jugos que viola toda institucionalidad encuentra al Estado como un amigable componedor.

 

 

Evidentemente estas paradojas se presentan por una ponderación de derechos que el tribunal constitucional ha elaborado por su jurisprudencia. Sin embargo, el punto es que es muy problemático que se tenga tanta legislación sin ser aplicada plenamente, deslegitimando la actividad estatal y haciendo necesario repensar el ejercicio de las instituciones colombianas.

 

Estas líneas no han sido escritas para que se ataque al vendedor ambulante o para que no se persiga al ciudadano con capacidad para contribuir, sino al contrario, se pretende mostrar las falencias de la institucionalidad, para que esta sea capaz de responderle a ambos ciudadanos con la aplicación de normas sencillas, que permitan tener igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. Un Estado con menos leyes, pero más acción.

 

Esta columna es un llamado a no sacar leyes para todo, sino a aplicar las leyes existentes.

Autor entrada: Mateo Martínez

Mateo Martínez
Mateo Martinez es estudiante de séptimo semestre de Derecho en la Universidad de los Andes y Senior´s founder de la Sociedad de Debate Uniandina. Fue el primer campeón del Torneo de Debate Uniandino. Ha participado como voluntario del programa Congreso Visible. Sus áreas de interés son el Derecho Publico, Fiscal y Patrimonial. @jmateo_martinez