La salud como derecho en Colombia, ¿qué cambia?

(Imagen tomada de Desarrollando Ideas https://goo.gl/IMRRJV)

 

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de la Revista John Galt.

 

Hasta ahora mucho se especula sobre la tan sonada Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751), pero es poco lo que se puede decir con certeza, debido a su reciente aplicación. Sin embargo, tan solo en el papel, amplía el marco normativo y genera cambios importantes en el sistema de salud colombiano, cambios que nos podrían acercar a la tan anhelada visión integral de salud.

 

El fundamento de la nueva norma es plantear la salud como un derecho, más no como un servicio, como se consignaba anteriormente. Lo cual, llevado a la práctica, traduce en que no se puede negar la atención en salud ni imponer trabas de índole económico para prestar los servicios; y más importante aún, llegó el fin de las tutelas. Al ser un derecho autónomo, ya no hay necesidad de recurrir a mecanismos que debían refugiarse en otros derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, para apelar el acceso al servicio. Ahora, la salud es un derecho fundamental, el Estado debe garantizar la atención en salud sin ningún tipo de distinciones. Lo cual, marca el fin de los famosos paseos de la muerte -eventos conocidos por dar largas a la atención sanitaria hasta provocar la muerte- dado que, los centros hospitalarios estarán en la obligación de prestar atención en urgencias a cualquier ciudadano, sin importar el estado de su cuenta con el sistema.

 

Cabe recordar que todo derecho debe ir acompañado de deberes. Es así como la Ley indica que los pacientes deben asumir deberes consigo mismos y con el sistema en el ámbito de la salud, entre los cuales se encuentra la adopción de hábitos de vida saludables, la prevención de enfermedades, así como el no abuso del sistema o de sus recursos, que ahora, son recursos públicos.

 

Ahora bien, para que el servicio de salud sea prestado de forma integral, debe eliminarse el Plan Obligatorio de Salud (POS). De esta forma, ningún medicamento, tecnología o servicio será negado si éste es necesario para la recuperación del paciente en cuestión. Siendo éste, otro punto que debilita el uso de derechos de petición o acciones de tutela en busca de la autorización de la EPS para la adquisición de algún elemento no POS.

 

El fin del POS, no solo beneficia a los afiliados sino también a los profesionales de la salud, devolviendo la autonomía médica necesaria para el ejercicio de la profesión. Dado esto, cada médico podrá decidir cuál es el mejor tratamiento para su paciente sin restricción del sistema, promoviendo la autorregulación por parte del personal sanitario. Es así como el sistema garantizará lo justo mientras que por parte del profesional, deberá primar la ética para no derrochar los recursos del sistema.

 

 

Antiguamente, la autorización de tecnologías no incluidas en el POS era evaluada por Comités Técnico Científicos (CTC), conformados por representantes de la IPS, del usuario y de la Entidad Administradora de Planes de Beneficios. Con la nueva ley, por medio de un aplicativo llamado MIPRES, diligenciado por el mismo médico tratante, se elabora la prescripción con amplio detalle de acuerdo a la necesidad del paciente, que posteriormente, llega a la EPS para que el tratamiento sea suministrado. El aplicativo ha aumentado considerablemente la cobertura de determinados medicamentos y procedimientos, que antes se encontraban fuera del alcance de la población por estar rotulados como no POS, lo cual acarreaba por sí, un proceso judicial extenso y desgastante tanto para el paciente como para el sistema.

 

No obstante, debe haber un límite y así lo plantea la norma. Y en este ámbito, la Ley Estatutaria puede resumirse en: todo está incluido, excepto lo que está excluido de forma explicita. A pesar de no contar con interminables listados de lo permitido, conocido como POS y lo no permitido traducido a no POS, es evidente que no todo puede ser financiado con recursos públicos, o por decirlo de forma más clara, es evidente que los recursos públicos no deben financiar cada tecnología. Debido a esto, la norma plantea casos especiales en los que el Estado no está en la entera obligación de garantizar el servicio. Los cuales, fueron seleccionados por no involucrar la salud del paciente (procedimientos cosméticos), no contar con el aval de entidades sanitarias (Por ejemplo, INVIMA), no poseer argumentación científica que valide su efectividad o eficacia clínica, encontrarse en fase de experimentación (no tener evidencia científica) e incluso, tecnologías que se presten fuera del país cuando hay alternativas nacionales.

 

Hasta el momento, el nuevo sistema suena muy prometedor y no se puede negar que en los pocos meses que lleva de su implementación ha beneficiado a los consumidores. Sin embargo, se generan dudas alrededor de la reforma, dudas que no solo poseen varios colombianos sino asociaciones médico-científicas, dudas de índole económica: ¿Cómo vamos a financiar cada vez más tecnologías para más pacientes? Es bien sabido que el sistema de salud está en desequilibrio financiero y a esto, se debe agregarle, el aumento de los gastos que trae consigo la nueva norma. Entonces, se requiere un incremento en los presupuestos destinados a la salud para así responder a la elevada demanda de servicios. La respuesta del actual Gobierno a los cuestionamientos económicos es sencilla: la sostenibilidad fiscal del sistema no puede ser impedimento para la puesta en marcha de la norma. Es por esto que, al no haber planeado con anterioridad la financiación de un sistema tan amplio, el Ministerio de Salud y Protección Social, anualmente deberá divulgar las evaluaciones financieras, para así, diseñar políticas públicas que respondan a la necesidad del sistema.

 

En conclusión, se tiene una ley que implementa un derecho fundamental sobre las capacidades económicas de una nación. Pero también, una ley  que pone en manos del ciudadano la responsabilidad de velar sobre su propia salud y sus recursos, responsabilizando también al profesional de la salud por sus decisiones, exigiendo la capacidad de autorregulación. Lo anterior convierte a cada uno de los agentes del sistema en miembros activos, generando así, el reto de fortalecer las políticas de transparencia, además del uso racional de servicios y control de precios, encaminados al diseño de un sistema que proteja el derecho a la salud, que sea respetado por ciudadanos, personal médico, autoridades judiciales y demás agentes del sector salud.

Autor entrada: Daniela Romero

Daniela Romero
Daniela Romero es estudiante de Medicina en la Universidad del Rosario. Apasionada por la salud y la política. Feminista.