Inmunidad a jefes de Estado y la obligación de cooperar: Al Bashir

(Imagen tomada de The Star https://goo.gl/irDqWJ)

 

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El pasado 7 de abril, se presentaron ante la Corte Penal Internacional el Fiscal y la representación sudafricana, con motivo del incumplimiento del deber de cooperar en la orden de arresto contra Al Bashir.

 

En la audiencia, el profesor Dire Tladi, representante del país africano, sostuvo que los jefes de Estado tienen inmunidad y que, el deber de Sudáfrica, no era arrestar al Presidente Al Bashir.  En su argumentación menciona que, según la Resolución del Consejo de Seguridad, Sudán es el único Estado encargado de arrestar a Al Bashir y, en este sentido, en caso de haber arrestado al Presidente sudanés, Sudáfrica habría ido en contravía de sus obligaciones.

 

La Fiscalía de la CPI, dirigida por Julian Nichols, en sus argumentos en contra del Estado africano, sostuvo que de acuerdo con el artículo 27 (1) del Estatuto de Roma referente a la improcedencia del cargo oficial, este no cumplió su deber de cooperación.

 

De la misma forma, el Fiscal cuestionó la diligencia del país africano por su demora en presentar consultas ante la Corte y pidió una explicación por la larga duración entre la visita del Presidente de Sudán en Sudáfrica y la consulta realizada por el Embajador sudafricano a la Corte. Finalmente, la audiencia concluyó con la asignación de una nueva fecha para dar a conocer la decisión de la Corte sobre el caso en cuestión.

 

 

Pero, ¿Qué es lo que está ocurriendo con el Presidente de Sudán? ¿Por qué no ha podido ser arrestado? Y, ¿Qué tiene que ver Sudáfrica en todo esto? Para entender el lío jurídico en el que se encuentra no solo Sudáfrica sino la CPI, es importante hacer un breve recuento de los hechos ocurridos antes del pasado 7 de abril: el 31 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1593 conforme a la cual remitió la situación de Sudán a la Corte, y le da jurisdicción a la misma de acuerdo al art. 13.b) del Estatuto. Luego de casi cuatro años, el 4 de marzo de 2009, la Sala de Cuestiones Preliminares, a petición de la Fiscalía de la CPI, emitió la primera orden de arresto contra Al Bashir. Posteriormente, el 12 de julio de 2010, se adoptó la segunda medida de arresto. A pesar de que la Corte hizo circular dos requerimientos de cooperación sobre la orden de detención de Al Bashir dirigidos a todos los Estados que hacen parte del Estatuto, el Jefe del Estado sudanés no fue arrestado durante sus visitas a Chad, Malawi, República Democrática del Congo (RDC) y más recientemente, Sudáfrica.

 

Es importante saber que el Consejo de Seguridad, de acuerdo con el artículo 13 (b) del Estatuto, puede remitir un caso a la Corte sin importar si el Estado en cuestión es o no parte del ER, es decir que la CPI tendría jurisdicción sobre el caso en concreto. En este sentido, Al Bashir, Presidente de Sudán (Estado que no hace parte del Estatuto), puede ser sancionado por la Corte.

 

Por otro lado, es relevante comentar que el Estatuto no distingue entre los principios de inmunidad ratione personae e inmunidad ratione materiae, sino que solo hace mención a las obligaciones en cuanto a  inmunidad en el Derecho Internacional general.

 

La inmunidad ratione personae,  abarca todos los actos, tanto públicos como privados de los jefes de Estado, de Gobierno y Ministros de Asuntos Exteriores. Su limitación es temporal, ya que solo abarca el periodo en ejercicio del cargo, al mismo tiempo que está reducida a ciertos cargos públicos. Está basada en la teoría de la necesidad funcional, la cual es dominante en la actualidad.
En cuanto a la inmunidad ratione materiae, se caracteriza por tener un carácter general a todos los funcionarios públicos, no tiene límite temporal, así que la persona continúa beneficiándose incluso luego de no tener la condición de funcionario oficial.

 

Sin embargo, estos dos principios de la inmunidad no son aplicables respecto a crímenes internacionales, ya que los mismos implican una violación directa de ius cogens, normas que son de mayor jerarquía en el Derecho Internacional. Además, a pesar de que no se le ha querido dar el interés que merece, dada su naturaleza consuetudinaria, podría ser parte de la solución al lío jurídico en concreto.

 

De manera contraria, en el Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos adoptado por la Unión Africana, se incluye una cláusula de inmunidad tanto para jefes de Estado como para altos funcionarios que estén en ejercicio de sus funciones (inmunidad ratione personae), lo que limita directamente la cooperación de Sudáfrica con la CPI, ya que no realiza ningún tipo de excepción para la comisión de crímenes internacionales.

 

Adicionalmente, se presenta otra discusión dentro del articulado del Estatuto.
Por un lado, el artículo 27 (1) del ER, limita la inmunidad internacional de líderes políticos al establecer que a pesar de que un funcionario de un Estado tenga un cargo de mayor jerarquía, esto no será impedimento para que la Corte ejerzca su competencia.
Sin embargo, el artículo 98 (1) sobre cooperación en cuanto a la renuncia de la inmunidad, menciona que la Corte no podrá ejercer sus competencias cuando el Estado requerido (Sudáfrica) se vea obligado a actuar de manera contraria con las obligaciones que le imponga el Derecho Internacional referente a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona de un tercer Estado (Sudán), a menos que la Corte obtenga anticipadamente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad, lo cual no ha ocurrido con Sudán.

 

De modo que el régimen de inmunidades parecería inalterable para aquellos Estados que no hacen parte del Estatuto de Roma, debido a que no pueden eliminar las inmunidades por un convenio que los Estados no miembros no han ratificado.

 

Por su parte, la argumentación de la Corte respecto a la no cooperación de Estados miembros del Estatuto ha enfatizado en el hecho de que el Consejo de Seguridad,  a través de la Resolución 1593, remitió el caso ante la CPI,  en consecuencia la Corte tendría jurisdicción incluso sobre un Estado no miembro como lo es Sudán. Como resultado Sudán estaría en la misma condición de los Estados que ratificaron el Estatuto.

 

El problema de esta argumentación radica en que, si bien el CS exige a todos los Estados que cooperen, esta cooperación se encuentra limitada por el Estatuto de Roma y las reglas de procedimiento del mismo (art.98 (1)).

 

Por ende, la argumentación de la Sala II de la Corte con respecto a la importancia del CS para solucionar este lío jurídico no resulta ser totalmente convincente.

 

A modo de conclusión, una de las vías para dar respuesta a esta contradicción es que la Corte siga la línea argumentativa del derecho consuetudinario y  las normas ius cogens, que son de mayor jerarquía para el DIP. En este sentido, a pesar de las limitaciones que se presenten en términos de cooperación, no podría aludirse a inmunidad de ningún tipo. La cooperación debe responder a la costumbre de los Estados por respetar las normas de Derecho imperativo, como es el caso del respeto a los Derechos Humanos, que por supuesto deben estar por encima de cualquier inmunidad preexistente.

 

Autor entrada: Sofia Cifuentes

Sofia Cifuentes
Sofia Cifuentes es estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales con profundización en Estudios Políticos Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Intern del área de la CIJ, la CPI y Relaciones Políticas bilaterales en la Embajada de Colombia ante el Reino de los Países Bajos.